Ayer contamos el contexto de intereses contrapuestos y espurios que rodean la nueva guerra dentro de los tribunales federales porteños y sus vínculos con la política, el empresariado y servicios de inteligencia para hacer negocios, no necesariamente para impartir Justicia (ver http://bit.ly/comodoro-pyme-i).
Es cierto que los vientos políticos reacomodan las actitudes de muchos jueces para con ciertas causas. Pero no seamos ingenuos: hay casos en los que además de devolución de favores puede haber algún “regalo”, lo que genera verdaderas unidades de emprendedores con mucho éxito. Y con mayor o menor prolijidad.
Ahí está el afamado ejemplo de Norberto Oyarbide, que consiguió rápido del gobierno macrista la jubilación de privilegio solicitada. O ahora se difunde que Luis Rodríguez se compró hace un año una camioneta Audi, que vale su sueldo multiplicado por veinte. Se ve que ahorró. Y está la situación de Ariel Lijo con su hermano lobista y empresario “Freddy”, al que le fue muy bien haciendo gestiones en nombre de Julio De Vido y por el que mensualmente pide la cabeza del magistrado el accionista de un conocido medio.
Son varios los casos de familiares con aumentos patrimoniales llamativos. Un hijo con barco por aquí, un hermano con estaciones de servicio por allá… Los pasillos de Comodoro Py explotan por estos días, no solo por los baños y las cloacas tapadas, pues no sobran quienes podrían justificar el tren de vida que llevan con el salario que ganan (y sin pagar Ganancias).
La mansión de un millón de dólares del juez Freiler
¿Qué hizo hasta ahora la administración Macri con esto? Justamente eso: administrar. Obligó a Oyarbide a correrse, lo mismo que a los camaristas Ballestero (renunció), Farah (pasó a otro juzgado) y Freiler (juzgado y echado por enriquecimiento). No pasó de ahí ni atacó el sistema perverso de Py, para desesperación de Carrió y la benevolencia de Lorenzetti, que desde la presidencia de la Corte Suprema cobijaba, por decirlo de manera elegante, a los federales que sabían cómo y para qué besarle la mano.
El Gobierno, aún con mayoría en el Consejo de la Magistratura, muñequeó la permanencia de jueces que parecían ir derechito al patíbulo, como Lijo, Daniel Rafecas y Rodolfo Canicoba Corral, entre otros. Canicoba, poseedor de un malicioso apodo en los tribunales, sobreseyó con velocidad al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia y amigo presidencial, Gustavo Arribas, por presuntos nexos con las coimas de Odebrecht, según reveló con documentación el colega Hugo Alconada Mon, no Horacio Verbitsky.
Arribas asegura que la AFI no usa sus fondos reservados –de los que no debe rendir cuenta– para pagar sobresueldos a los jueces. Tampoco a funcionarios. La práctica parecía ser algo habitual desde la era Menem. Hubo menos causas judiciales al respecto que las que debería. Debe ser difícil hallar pruebas. Todo es difícil.
