Esta semana celebramos en Argentina los diez años de la aprobación del Consenso de Montevideo, un acuerdo regional alcanzado en la reunión de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo que organiza cada tres años Cepal, el Fondo de Naciones Unidas para actividades de Población, Unfpa y la Comisión de Población y Desarrollo que integran los gobiernos de la región. Este pacto, producto de una ardua negociación que culminó con el acuerdo de todos los países, es un importante instrumento que establece la responsabilidad de los países de cumplir con estos principios y metas que reúnen todos los derechos aprobados en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en 1994 en El Cairo y su actualización. En El Cairo se reconocieron los derechos reproductivos de todas las personas independientemente de su condición, lugar de residencia y cualquier otra característica. Al año siguiente, en la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, realizada en Beijing, se aprobaron los derechos sexuales, derechos que son básicos para todas las personas y que deben ser respetados a lo largo de toda la vida. Aclaremos que no son solo importantes para las mujeres y niñas sino para todas las personas y que requieren su reconocimiento y respeto. En ese marco, la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia es un aspecto clave que se acompaña de la educación sexual integral en los distintos niveles de la educación formal, pero que también debe incorporarse en la educación informal. Educación clave no solo para evitar embarazos no intencionales sino para reconocer el papel de ser mujer, varón o persona no binaria, y el respeto a todos. También es muy importante para reconocer el derecho a que no hagan en nuestro cuerpo lo que no queremos y tampoco nos obliguen a hacer a otros lo que ellos no quieren. Esto es la base para la prevención de la violencia de género, desde la infancia y el resto de la vida de las personas. La eliminación de las lesiones nocivas para las niñas reconocidas desde la Conferencia de la Mujer en Beijing, como el matrimonio infantil forzado y la mutilación genital femenina, son también temas que incorpora el Consenso y que es importante darles la atención necesaria, especialmente el matrimonio infantil forzado, que es una realidad en la mayoría de los países de la región, incluida Argentina, donde el 4,7% de las niñas están unidas o casadas según el censo de 2010, como señala una investigación que realizamos en la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer en 2021.
El Consenso de Montevideo también se refiere a los derechos de las personas migrantes, ya sea las que emigran como las que inmigran, algo fundamental en estos tiempos en que la crisis económica y política que viven distintos países de la región ha obligado a miles de personas a emigrar sin respetar las condiciones mínimas que garantizan sus derechos humanos, tanto por parte de los países de los que emigran como de los países a los que se dirigen y en los que atraviesan en sus desplazamientos. Los abusos registrados en algunos países que obligan a su ciudadanía a emigrar en condiciones denigrantes e injustificadas, así como el maltrato a quienes atraviesan otros países en su emigración, es algo que implica el no respeto a lo establecido en el Consenso de Montevideo y que debe ser denunciado y eliminado, al igual que el rechazo y condiciones que exigen los países a los que llegan como emigrados. Estos abusos y maltratos, incluidas las violaciones, son más graves para las mujeres y niñas migrantes. Este es un tema de especial atención y que debe regionalmente solucionarse.
Por esto el Consenso de Montevideo es un acuerdo clave que debe ser difundido a la ciudadanía de todos los países de la región para vigilar y exigir su cumplimiento, dado que fue aprobado por todos.
