La fecha bisagra ya pasó. Se suponía que el 15 de noviembre la economía buscaría desesperadamente sus equilibrios y no era una profecía que se autocumpliría. Luego de más de un año y medio de restricciones pandémicas, con una caída récord en la actividad que no se pudo recuperar este año, con un desempleo sostenido por la doble indemnización y la imposibilidad jurídica de despedir, con trabas, cepos y vigilancia en precios, el tipo de cambio y la tasa de interés, había muchas razones para suponer que el énfasis puesto en tener todo bajo control se relajaría y se sucedería el caos. Pero no fue así. Sin embargo, la calma es tensa y augura semanas de espera antes de tomar algunas decisiones que afectarían la apariencia de tranquilidad.
Los precios siguen corriendo al 50% anual, pese a todos los esfuerzos por ponerles un corsé. El problema, en este tema, es que cualquier corrección en algunos de los rubros más sensibles se volcaría rápidamente a un salto en el IPC, como pasó ahora con la carne, que explica el 30% del valor de la canasta alimentaria o el 7% del promedio general.
También con las tarifas, algo que en la mesa de negociación con el Fondo Monetario Internacional estará en la primera línea de conversación. Es lógico: el esfuerzo hecho de 2016 a 2019 por achicar el monto dedicado a los subsidios (especialmente de luz y gas en el Gran Buenos Aires) se frenó con la crisis devaluatoria de 2018 y a partir de 2020 directamente se congeló: con una inflación de 220% entre 2019 y 2022, implicaría una baja de casi el 60% para el precio real de dichos servicios. Ya este año, la discusión por una corrección módica alteró la tensión entre el ministro de Economía y el Instituto Patria. Ahora, dicho reajuste se duplicaría, al menos, solo para no quedar más desfasado.
El otro límite que cualquier conversación encontrará es el del mercado cambiario. Con una brecha del 90% entre el tipo de cambio oficial y el contado con liquidación (para no tomar uno “ilegal”, que enoja a los paladines de la tablita versión actual), cualquier mejora de la balanza comercial para obtener divisas cruza por inyectar realismo a dicho mercado. Privado del crédito voluntario y negociando simplemente no pagar durante uno o dos años los servicios de la deuda pública con el FMI, la única forma de compatibilizar un mayor flujo de dólares sin ahogar la reactivación industrial, cortando todavía más las importaciones, es aumentar sostenidamente las exportaciones. Fácil de escribir y muy difícil de realizar. Sobre todo, porque también podrían trasladarse aumentos salariales postergados y las mayores tarifas que harían socavar la competitividad que, aun a un dólar de $105, sigue alentando ventas al exterior.
Finalmente, el condicionamiento político a cualquier negociación tiene su lógica sobre la base de los antecedentes en la mesa de negociación de una delegación argentina. No solo debería ser digerido por una oposición que reclama más responsabilidad de parte de quienes ejercen el gobierno, sino también por las diferentes alas que conforman la coalición oficialista. Hasta parecería que, en algunos puntos, cualquier diálogo en el Congreso, por ejemplo, tocando este tema o su ramificación a través del Presupuesto 2022, es más fluido con sectores nominalmente en la oposición que con los que formalmente revisten en las filas del Frente de Todos.
El tiempo ya está corriendo y es inexorable. A partir de febrero y marzo empezará la catarata de vencimientos que no se pagarán. El mejor escenario es el de arribar a esa época (faltan tres meses) con los deberes domésticos realizados y un frente más o menos cohesionado de parte del Gobierno como para que la incidencia de lo solicitado sea más llevadera. Habrá pasado el tiempo de la declamación y la épica. O comenzará otra fase, la de apoyar y revestir de practicidad las imposiciones que el mercado y la falta de dólares y de paciencia de parte de los acreedores habrán impuesto. El lado B de los políticos profesionales: convencer, explicar y promover. Tendrán mucho trabajo.
