Despenalizar el aborto en Argentina y en el resto de América Latina es un compromiso con la vida y un imperativo de derechos humanos. Lo dejaron claro los representantes de 38 gobiernos de la región, el mes pasado, cuando se reunieron para la Primera Conferencia sobre Población y Desarrollo, en Montevideo.
Allí reconocieron que la interrupción voluntaria del embarazo provoca el incremento de la mortalidad y morbilidad maternas y no disminuye el número de abortos. Esto es así porque amenazar con penas de prisión a mujeres, jóvenes y adolescentes que deciden interrumpir su embarazo no las disuade y, en cambio, las induce a recurrir a prácticas clandestinas, que en la mayoría de los casos son inseguros y ponen su vida y su salud en riesgo.
Los resultados de esa realidad en la Argentina son contundentes: 80 mujeres mueren por año (el aborto es, desde hace más de 25 años, la primera causa de mortalidad materna) y otras 60.000 ingresan a hospitales públicos por complicaciones derivadas de prácticas inseguras.
De los cuatro millones de abortos que se realizan anualmente en América Latina, unos 400.000 se practican en la Argentina. A pesar de ello, y de que hubo más de 50 proyectos de ley en estos 30 años de democracia, los legisladores argentinos nunca han discutido formalmente la despenalización del aborto en el recinto de la Cámara de Diputados ni del Senado. Y el tema tampoco figura en la agenda de esta campaña electoral.
Este 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, es una buena oportunidad para recordar a diputados y senadores argentinos que tienen la obligación de avanzar con la despenalización del aborto, haciendo realidad los derechos de mujeres y niñas que hoy no se sienten dueñas de sus cuerpos ni de tomar sus propias decisiones.
Apenas cuatro países de América Latina y el Caribe (Uruguay, Cuba, Guyana, Puerto Rico, además de la ciudad de México DF) han despenalizado el aborto. El resto todavía tienen la interrupción voluntaria del embarazo en el Código Penal como un delito, con el extremo de siete países (Chile, El Salvador, Haití, República Dominicana, Surinam, Honduras y Nicaragua) que no lo permiten en ninguna circunstancia. Los demás, incluido Argentina, sólo permiten el aborto en circunstancias excepcionales, cuando el embarazo es producto de una violación o cuando está en riesgo la vida de la mujer.
Diferentes organismos internacionales han comprobado que las mujeres indígenas, afrodescendientes, que viven en la pobreza o que tienen baja escolaridad están desproporcionadamente representadas entre las mujeres que mueren o quedan severamente afectadas a raíz de abortos inseguros. En la región más desigual del mundo, este no es un dato menor.
Despenalizar el aborto es también, una deuda con los jóvenes. En América Latina viven cerca de 160 millones de personas de entre 15 y 29 años, lo que significa que una de cada cuatro personas es joven. Los Estados todavía les deben la implementación de programas de salud sexual y reproductiva de calidad, que faciliten el camino hacia una vida sexual responsable, placentera y saludable, en la que se eviten los embarazos tempranos no deseados, se prevengan la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual y en la que tengan derecho tomar decisiones libres, informadas y responsables con relación a su vida sexual y reproductiva y al ejercicio de su orientación sexual.
(*) Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Especial para Perfil.com.
