“Señora Presidenta, elevamos a usted un Proyecto de Ley destinado a la creación del FONDO NACIONAL PARA LA CANCELACIÓN DE LA DEUDA CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, es decir, UN FONDO PARA PAGARLE AL FONDO”. Con abundancias de mayúsculas y ausencia de metáforas, Oscar Parrilli presentó esta semana en el Senado una iniciativa que busca afrontar los pagos de la deuda externa a través de la creación de un nuevo impuesto sobre bienes fugados. Se trata, hay que decirlo, de una propuesta impulsada por Cristina Kirchner que promete abrir otra disputa en el oficialismo.
El proyecto, que fue discutido el miércoles en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, propone gravar con tributos que van del 20% al 50% sobre los patrimonios de los argentinos en el exterior que no hayan sido declarados. Lo sorpresivo (¿preocupante?) es que representa una medida promovida por legisladores leales a la vicepresidenta que no fue coordinada con los que trabajan junto al Presidente. Desde el kirchnerismo aclaran que representa un fondo de emergencia que “tendrá vigencia, al menos, hasta la cancelación total de la deuda con el FMI”. Por lo que la “excepcionalidad” podría durar varios años, de acuerdo al plan de pagos que el Gobierno acordó con el organismo internacional.
Para cumplir con el objetivo planteado, la resolución parlamentaria exige que el gobierno de Alberto Fernández solicite asistencia técnica, y política, al Fondo Monetario Internacional y a la administración de los Estados Unidos para acceder a información de las guaridas ocultas que escapan a los fiscales de la AFIP. El proyecto también crea la figura de “colaborador”: todo aquel que brinde información sobre bienes no declarados podrá beneficiarse con el 30% de los montos recapturados.
“¿Por qué la carga del endeudamiento externo no habría de recaer sobre quiénes más se han beneficiado de esos procesos de endeudamiento? Éste es un acto de estricta justicia histórica”, se entusiasmó Parrilli en la redacción del borrador. A Cristina Kirchner no la sorprendió la estrategia que-paguen-los-que-la-fugaron: fueron las mismas palabras que la vicepresidenta utilizó el año pasado en un acto en la Casa Rosada junto a Fernández, el brasileño Lula Da Silva y el uruguayo José Pepe Mujica.
Aquel recordado acto, celebrado en diciembre para festejar el Día de la Democracia, marcó el inicio del enfrentamiento público entre Cristina y Alberto tras la derrota electoral de noviembre . Sobre el escenario, la vicepresidenta planteó al Presidente que en la negociación con el FMI para resolver la deuda externa adquirida durante la gestión de Mauricio Macri, debía incluirse una iniciativa dirigida a “recuperar de los paraísos fiscales los miles de millones de dólares en evasión”.
“Se habla mucho de la famosa restricción externa. De que a la Argentina le faltan dólares. No, a la Argentina no le faltan dólares: se los llevaron afuera. Necesitamos que el Fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales donde se fueron miles de millones de dólares en evasión, para que le paguemos”, dijo la ex jefa de Estado y agregó que este Gobierno debe hacer lo necesario para “comprometerse en que cada dólar que encuentre en el exterior de los que se la llevaron afuera se lo vamos a dar primero al Fondo”.
Las palabras de Cristina pronunciadas hace tan solo algunos meses representan la base argumentativa y la matriz política del proyecto que ahora buscará convertirse en ley.
El kirchnerismo impulsa una ley que promete abrir una nueva grieta en el oficialismo.
La fuga de capitales es uno de los problemas más graves que enfrenta la economía argentina. No es un conflicto de nuevo orden: se trata de un flagelo que se profundizó tras el colapso del régimen monetario y valorización financiera de 2001, un ciclo que se inició durante la etapa kirchnerista y que se profundizó durante el macrismo.
En La fuga de capitales en la Argentina reciente (1976-2018), el politólogo Mariano Barrera y el economista Leandro Bona estimaron que entre 1976 y 2015 se extrajeron del sistema financiero nacional unos 277.800 millones de dólares, lo que representa un 72% del actual PBI argentino. Sin embargo, los autores señalan la diversa raíz de cada proceso de divisas fugadas: en el periodo de 1976 a 2001 provinieron del endeudamiento externo (privado y público); pero entre 2002 a 2015 ese papel lo cumplió el superávit comercial; mientras que desde 2016, será el endeudamiento externo público, nuevamente, el que impulsa la exteriorización de los activos.
De acuerdo a los distintos informes elaborados por el Banco Central, durante los doce años en que gobernó el kirchnerismo (2003-2015), se fugaron 102.159 millones de dólares, la mayor parte fue durante el primer mandato de Cristina Kirchner, con 70.135 millones de dólares. En tanto que la fuga de capitales durante el macrismo (2015-2019) superó los 86.000 millones de dólares, y más de la mitad de ese dinero se concentró en el 1% de las empresas y personas que compraron dólares en ese período.
Como siempre se presentan los problemas de gravedad, la fuga de capitales refleja un conflicto multicausal. Algunos estudios académicos que se especializan en el caso argentino, han señalado el carácter volátil de la economía argentina como responsable de este flagelo. Lucas Llach y Pablo Gerchunoff advirtieron en El ciclo de la ilusión al desencanto que las constantes oscilaciones cambiarias, regulatorias o institucionales que rigen las reglas económicas argentinas dieron lugar a una permanente incertidumbre, que alentó la salida de capitales como mecanismo de protección de activos.
En la misma línea, se inscriben trabajos que hacen hincapié en la falta de alternativas de inversión en Argentina. Tal es el caso de Ernesto O’Connor, que en Una explicación para la tendencia estructural de la fuga de capitales responsabiliza a la inflación que erosiona el ahorro en moneda local, porque en vez de reemplazarla por inversión, la opción más segura de reservar valor parecería ser la compra de moneda extranjera.
Mientras que algunas explicaciones heterodoxas han hecho hincapié en la importancia de la evolución de los precios de los productos primarios de exportación y el carácter rentístico de los sectores generadores del origen de esas divisas, lo que explica la elevada formación de activos externos, tal como lo enfatizan Florencia Médici y otros autores en la ponencia Una primera aproximación al análisis sobre la importancia de la renta agropecuaria en la dinámica de la formación de activos externos de Argentina.
Como en todo problema de gravedad, la fuga de capitales es un conflicto multicausal.
La fuga de capitales es algo que hasta el Fondo condena. El artículo VI del Convenio Constitutivo del organismo expresa que un país miembro “no puede utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una importante o sostenida salida de capitales”, al tiempo que la propia entidad financiera internacional exige que se “puede solicitar a un miembro que ejerza controles para evitar dicho uso de los recursos generales”. Evidentemente, el FMI no pudo evitar que su propio estatuto fuera violado por la gestión de Macri cuando se implementó el crédito tomado por la Argentina durante el gobierno de Cambiemos.
Por otra parte, las investigaciones sobre los Paradise Papers –que se centraron en la evasión fiscal de las empresas–, y los Pandora Papers –focalizadas en el uso de fideicomisos en paraísos fiscales y empresas fantasmas–, demostraron que Argentina se ubica en el tercer lugar de los beneficiarios con más cantidad de sociedades offshore (2.521), solo superado por Rusia (4.437) y el Reino Unido (3.501). El dato refleja la gravedad que representa esta agenda priritaria para la economía argentina.
Está claro que la propuesta de exhaminar y evitar la salida de capitales de Argentina puede ser beneficiosa. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía, que responde a Alberto Fernández, no confían en el proyecto del Instituto Patria, que responde a Cristina Kirchner. “Es una estrategia más política que técnica y que será muy difícil de implementar”, sostienen desde la Casa Rosada.
Una nueva grieta se inicia en el Frente de Todos.
