Cualquier clase elemental de educación cívica comienza con una premisa básica: los Estados son comunidades de seres humanos que se organizan para vivir en paz y armonía.
En el plano de lo utópico, sería ideal que la gente pudiera convivir en sociedad sin la existencia de normas que restrinjan sus derechos y libertades; pero se sabe que ello es imposible; que la organización política denominada “Estado” es la consecuencia de la imperiosa necesidad de los hombres de vivir ordenadamente para evitar que los más fuertes perjudiquen a los más débiles.
Pues si la existencia de los Estados es necesaria para la consecución del bien común, también lo es la de los gobernantes a los que elegimos mediante el sufragio para que, en nuestra representación, conduzcan los destinos de la comunidad dictando normas de convivencia y ejerciendo la autoridad que corresponde a fin de evitar que el ejercicio de los derechos por parte de algunos perjudique a otros que pretenden ejercer los propios.
Hay que condenar este hecho, pero también a la violencia desde las esferas del poder
Sin embargo, a pesar de la sencillez de este concepto básico de cultura cívica, para los fanatizados y enfervorecidos seguidores de la vicepresidenta de la Nación, el derecho de manifestarse en favor de su líder es absoluto y no admite restricciones. Absorbidos por una idolatría irracional, no solo son indiferentes a las necesidades y derechos de los vecinos y comerciantes de la zona en la que decidieron expresar su apoyo a la expresidenta, sino que además han decidido enfrentar a la autoridad policial que intenta imponer el orden que se requiere para que todos puedan ejercer sus derechos armoniosamente, y al mismo tiempo ejecutar un rito de adoración sostenido en el tiempo, con el claro objetivo de presionar a los jueces del Tribunal Oral que tendrá que dictar sentencia en la causa en la que el Fiscal Luciani desnudó el entramado delictivo de corrupción más escandaloso de la historia de la Argentina.
El desafío de la turba kirchnerista está planteado: impedir que el normal funcionamiento de las instituciones judiciales y policiales, en el marco del Estado de Derecho, perjudique a la líder “cuasi-santa” cuya inocencia decidieron defender ciegamente. La consigna de la muchedumbre enardecida es negar la existencia de pruebas y afirmar que los múltiples procesos que se siguen en contra de Cristina son consecuencia de una persecución judicial/mediática cuya única finalidad es proscribirla y quitarla de la escena política.
Quién es responsable de la seguridad
Con estos absurdos argumentos, vociferados sin fundamentos válidos, pero con la energía que deriva del más recalcitrante fanatismo, no solo los prosélitos kirchneristas, sino también funcionarios y legisladores de ese espacio político, están dispuestos a “incendiar” institucionalmente al país al mejor estilo Nerón en la antigua Roma, con el indisimulable objetivo de evitar que una líder mesiánica y narcisista a la que endiosan incondicionalmente, y que según las acusaciones en su contra habría liderado una asociación ilícita para defraudar al erario en alrededor de mil millones de dólares, sea condenada por el Poder Judicial de un Estado de Derecho cuyo funcionamiento nada les importa.
Todo esto en el marco de una gestión de gobierno que yace absolutamente a la deriva, con una economía que se deteriora incontroladamente, con un presidente incompetente que carece de poder político y una vicepresidenta que juega su propio partido, sin importarle el rumbo del gobierno del que forma parte.
Este estilo fanatizado de hacer política por parte de los prosélitos de Cristina Fernández, genera violencia social e institucional y es caldo de cultivo para hechos repudiables como el atentado perpetrado por un trasnochado contra la vicepresidenta. Es imprescindible condenar este hecho aberrante, pero también a la violencia originada desde las más altas esferas del poder, porque es necesario evitar, en una sociedad ya muy golpeada, que se retroalimente la violencia política en la Argentina.
*Abogado constitucionalista y profesor de derecho constitucional UBA.
