El debate sobre la relación Estado-universidad no es nuevo. Comenzó en los 90 cuando se discutió y sancionó la Ley de Educación Superior en 1995. Es la primera norma jurídica que fija reglas entre estos. Desde entonces los diferentes gobiernos, a sus ritmos e intensidades, han sostenido esta ley así como su interés por el involucramiento del Estado en el quehacer universitario.
Una de las instituciones a cargo de esta tarea es el Consejo de Planificación Regional de Educación Superior (Cpres), organismo creado por esa ley que divide el país en siete regiones para atender a sus demandas específicas. El Cpres utiliza un andamiaje institucional novedoso, propio de los organismos que ya funcionaban en Europa occidental. Este andamiaje piensa el territorio como unidad de transformación y la educación superior como un conjunto más amplio que la enseñanza universitaria. Por esta razón, es la única institución en el área que reúne en una misma mesa de negociación a todos los actores del sistema educativo argentino: los ministros nacionales y provinciales en representación de la educación media y terciaria no universitaria, y los rectores de las universidades públicas y privadas.
Esta institución comienza a cobrar mucha visibilidad a partir de 2003, cuando el país retoma una senda de crecimiento luego de la profunda crisis de 2001. Sumado a la intención política de usarlo para orientar la demanda hacia carreras poco elegidas. El cambio de signo político en 2015 replanteó objetivos: se buscó flexibilizar las condiciones de cursada y facilitar la movilidad entre universidades.
Ahora, el Gobierno afronta un diagnóstico que ya había expuesto el gobierno de Cambiemos y es que en ninguna región las carreras coinciden con las demandas laborales, motivo por el cual proponen dar a conocer carreras universitarias poco pobladas: enfermería y las ingenierías nuclear, metalúrgica y en petróleo. Los funcionarios suponen que el punto clave está en mejorar la comunicación de las universidades y la difusión de la oferta académica. La premisa oficial es que los jóvenes desconocen esas carreras. Pero no está comprobado en los hechos que los jóvenes preuniversitarios no posean esta información. Más aún cuando la era digital facilita el acceso a un amplio universo de temas por el dominio que tienen de las tecnologías. Así planteado, el problema no es informativo sino político. Modelar esos deseos es una tarea pedagógica. A mayor escala es responsabilidad de la política educativa.
La globalización obliga a replantear los objetivos iniciales de los sistemas educativos nacionales. El conocimiento y la información universal están ya en la nube. Esto desplaza la importancia que antes tenía copiar contenidos en el aula. Hoy el desafío es enseñar a distinguir qué es verdadero y qué es falso. A resolver problemas desde diferentes perspectivas porque ya no hay una sola válida. Una buena educación es hoy aquella que garantiza la adquisición temprana de dos competencias claves para ampliar las oportunidades socioeducativas: la lengua y el pensamiento lógico matemático.
Estamos lejos aún. Las estadísticas muestran que más de la mitad de los jóvenes no alcanza a comprender un texto sencillo y siete de cada diez estudiantes no logra resolver un cálculo matemático básico.
Es urgente invertir una dinámica educativa que mira de abajo hacia arriba. El mandato es llegar a la universidad, pero se analizan poco el modo y las condiciones de permanencia. Es necesario repensar las responsabilidades políticas y universitarias en el diseño de pedagogías que transformen el sistema de enseñanza básica. Solo así se podrán modelar preferencias en áreas donde predominan las ciencias exactas, cuyo dominio supone mucho trabajo escolar previo. Es poco honesto plantear soluciones cosméticas cuando los datos exigen transformaciones educativas profundas.
*Politóloga y doctora en Educación.
