El país está jaqueado por fallos de jueces de jurisdicciones ajenas, por haberlas cedido en una actitud no ratificada por el Congreso. Venimos pagando una supuesta deuda porque su auditor, el FMI, le dio la famosa “luz verde” en base a documentación de probada ilegitimidad. No cambiar la estrategia es suicida: la deuda seguirá aumentando pese a los esfuerzos de los equipos económicos que recorren el mundo intentando salvar la imagen del país.
El esfuerzo que se hizo y se sigue haciendo para cumplir con esos pagos genera consecuencias no sólo económicas sino sociales que detienen el desarrollo del país. Una muestra es que el pago del último cupón atado al PBI, por 3.500 millones de dólares, es una suma que podría haberse usado para construir 70 mil viviendas.
Durante los dos gobiernos de facto, el Congreso permaneció cerrado, o sea que las deudas tomadas en esos períodos son inconstitucionalmente nulas de nulidad absoluta, aunque los acuerdos hayan sido firmados por autoridades nacionales de primer nivel.
Es de público conocimiento que los organismos que otorgan créditos no pueden invocar desconocer las realidades de los países; por lo tanto, existe una responsabilidad por parte del acreedor. Según el Artículo 75 de la Constitución, el único que tiene facultad de arreglar la deuda es el Congreso, por lo cual, si no está en funcionamiento, la tomada en períodos de facto, una deuda que nace ilícita, no se convierte en lícita con el tiempo. La Corte Suprema afirmó: “El tiempo es impotente para transformar lo inmoral en moral, lo ilícito en lícito, lo informal en formal, y siempre el acto conservará el vicio original”.
Debemos “extraer” de la deuda las partes tomadas por gobiernos de facto: el período Onganía-Levingston-Lanusse (1966-72), durante el cual la deuda creció de 2.720 millones a 3.832 millones de dólares), y la del período 1976-83, cuando pasó de 7.961 a 41.054 millones de dólares.
Es indispensable reclamar al FMI el reintegro por las deudas odiosas que una auditoría con mala praxis obligó a pagar, reduciendo los recursos necesarios para dinamizar el aparato productivo a través de la economía real.
*Experto en temas económicos y financieros.
