A partir de un pedido de acceso a la información pública presentado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), y tras un reclamo que llevaba más de seis años, recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación entregó sus declaraciones juradas patrimoniales por primera vez en la historia.
Esta insistencia no obedece a una animosidad en contra de la función judicial o contra las personas que ocupan tales cargos, ni a un mero sentido republicano abstracto, sino que se basa en la importancia que la publicidad de esta información tiene para un funcionamiento adecuado del sistema democrático. En este sentido, las declaraciones juradas cumplen al menos tres fines que podemos destacar.
En primer lugar, desde una mirada más general del funcionamiento del Estado y de la relación entre quienes ocupan la función pública y la ciudadanía, las declaraciones juradas son una fuente de información indispensable para el control cruzado entre agencias estatales (lo que académicamente se conoce como accountability horizontal), así como para el control social (o accountability vertical) que debe poder ejercer la propia ciudadanía.
Desde una perspectiva de lucha contra la corrupción, esta información resulta clave para controlar si los aumentos en el patrimonio de quienes ejercen la función pública se justifican con su nivel de ingresos, y así identificar potenciales enriquecimientos indebidos proveniente de actos de corrupción o de otras actividades que no fueron declaradas. También posibilitan detectar eventuales incompatibilidades y conflictos de intereses, lo cual resulta más relevante aún tratándose del Poder Judicial, el cual debe ser –y, cabe decir, también aparentar ser– imparcial ante las controversias que se le presentan.
Finalmente, desde una perspectiva de transparencia, conocer con certeza la evolución patrimonial de quienes son representantes del pueblo o de quienes imparten cotidianamente Justicia y poder verificar que cumplen con sus obligaciones públicas, puede ayudar a mejorar la confianza en las instituciones y la propia legitimidad de quienes tienen la responsabilidad de administrar los recursos públicos.
Esto último tiene una particularidad respecto al Poder Judicial. Nuestro diseño constitucional prevé que la selección y remoción de las/os juezas/ces tiene lugar sin la participación directa de la ciudadanía. Este diseño, sumado al dato relevado en numerosos estudios sobre la falta de confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial, hacen necesario fortalecer los mecanismos que permitan aumentar la legitimidad de las/os juezas/ces.
Las declaraciones juradas son un instrumento necesario para nuestro sistema democrático, y por ello debemos exigir que tengan información relevante y que se pueda acceder a ellas con facilidad. Nuestra Corte Suprema tiene aún importantes pasos que dar en tal sentido.
* Abogado del área Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas de ACIJ.
