Gomez y Cabezas. El ex comisario de Pinamar, cuando todavía era policía, y el fotógrafo asesinado.
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Esta semana, dos fallos judiciales trajeron alegría a Editorial Perfil. El primero fue de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que revocó un dictamen de primera instancia y ordenó al Gobierno cesar con su discriminación con la publicidad oficial. Una sentencia histórica para el periodismo argentino sobre la que ayer escribí en esta misma contratapa: http://fon.gs/ocaso-oficial/ y cuya sentencia también publicamos completa ayer: http://fon.gs/fallo/.
“La Liebre”. El segundo fallo fue de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, la que también revocó un fallo anterior: en este caso de la Cámara de Casación bonaerense, la que había reducido la pena que en 2002 el Tribunal Oral le había impuesto al ex comisario Alberto Gómez por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. Casación redujo la pena de cadena perpetua a 24 años lo que, de haberse confirmado, hubiera permitido que Gómez saliera en libertad por efecto del llamado 2x1. Pero la Suprema Corte restituyó el fallo original.
De los nueve condenados a cadena perpetua por el asesinato del fotógrafo de la revista Noticias, también de Editorial Perfil, sólo dos nunca recuperaron su libertad: el ex comisario Alberto Gómez y su subalterno y autor material del crimen, Gustavo Prellezo. Otros dos condenados también están en prisión: Horacio Braga y José Luis Auge, quienes en 2004 gozaron del beneficio del arresto domiciliario pero al comprobarse que violaban ese régimen, volvieron a prisión en 2006. De los cinco restantes, uno murió en la cárcel en 2001: Héctor Retana, y los otros cuatro están en libertad condicional: Sergio González, Aníbal Luna, Sergio Camarata y Gregorio Ríos.
El juicio por el asesinato de Cabezas se realizó en dos etapas, la primera en el año 2000 y la segunda, llamada “Cabezas II”, en 2002. Que algunos de los condenados a la misma pena estén libres y otros no se explica por el cómputo doble de cada año que un condenado pasa en prisión sin sentencia: los condenados que fueron detenidos antes y pasaron más años presos sin condena están libres.
El caso de este ex comisario, apodado “la Liebre” y separado de la fuerza en 1997 acusado de haber participado en el asesinato de Cabezas, es especialmente simbólico. Era quien tenía a cargo la Policía de Pinamar y debía haber enviado un patrullero a donde se denunciaron movimientos sospechosos (la casa donde se realizaba el cumpleaños de Andreani que cubría Cabezas y en la que a su salida fue apresado) y quien confirmó la razón de aquella célebre tapa de la revista Noticias, que bautizó a la Bonaerense como “maldita Policía”. Igual que durante la dictadura, las fuerzas de seguridad, que deberían hacer cumplir la ley y defender a la gente de quienes no la cumplían, eran los asesinos.
La Bonaerense ha realizado varias purgas en los doce años que transcurrieron desde el asesinato de Cabezas pero el reciente caso del secuestro de Leonardo Bergara demuestra que algunas cosas continúan igual. Por eso esta resolución de la Suprema Corte contra el ex comisario Gómez, al igual que el fallo contra la discriminación con la publicidad oficial, tiene una importancia institucional que trasciende en mucho al periodismo.
Al periodismo, como avanzada de la sociedad, le toca experimentar antes lo mismo que después se termina esparciendo a todos los sectores. Es una actividad de riesgo que sólo puede ser ejercida si cuenta como aliada a la Justicia; sin su apoyo, como sucede en tantos países subdesarrollados donde sus instituciones están estructuralmente destruidas, no existe la prensa independiente.
