Corre por estas horas un curioso ánimo triunfalista en la cúspide del poder. Javier Milei y un grupo de incondicionales creen que con el mega-DNU desregulador de la economía arrancó el cruce del Mar Rojo. Tal como sostiene el relato bíblico que hizo Moisés guiando a los judíos a la Tierra Prometida, fuente habitual de cita presidencial.
“Habrá más”, se envalentonó Milei el jueves 21 en su primera entrevista desde que ejerce el mando. Y hasta se permitió desafiar a quienes empezaron a hacer sonar las cacerolas: “Parecen sufrir el Síndrome de Estocolmo”.
En ese círculo púrpura se extiende la idea de que el DNU significa plantar bandera e iniciar un proceso de liberalización como nunca antes se vio. Aunque le dé rubor decirlo porque lo admira, Milei piensa que ni Carlos Menem se animó a tanto. Busca inspirarse en él para superarlo en cantidad y calidad de transformaciones, acaso estimulado por un protagonista de ese pasado con quien habla seguido, Domingo Cavallo.
Nadie a su alrededor, de los que notan las diferencias, se anima a bajarlo a tierra. Menem tenía detrás a casi todo el peronismo, gobernaciones y movimientos sindicales. Amplio respaldo en el Congreso. Y una Corte Suprema que amplió para conseguir una mayoría automática.
Menem tenía detrás casi todo el peronismo, gobernaciones y sindicatos
Algo más. Pese a que dictó varios Decretos de Necesidad y Urgencia, Menem basó la transfiguración económica argentina en dos leyes: Reforma del Estado y Emergencia Económica, que fueron debatidas y aprobadas en ambas cámaras. Cualquier traba judicial en primera instancia era subsanada a toda velocidad por su Corte, vía per saltum.
La construcción política e institucional de Milei es opuesta, se sabe. Sus cimientos son el volátil electorado que lo apoyó en primera vuelta (30%) y en el balotaje (56%).
Sin fuerza partidaria detrás, con amplia minoría legislativa y ante una Justicia que mira por ahora impasible cómo se desarrollan los acontecimientos, pareciera que el mega-DNU dista mucho de gozar de los artilugios que activó el menemismo.
A esas limitaciones se suman las resistencias de sectores sociales que incluyen pero exceden al kirchnerismo (cuya autocrítica brilla por su ausencia), producto del impacto de la devaluación más cantada de la historia y la estampida de precios.
Los respaldos exógenos lucieron módicos. Cámaras y empresarios fueron entusiastas, como es lógico. Mauricio Macri se sumó a la algarabía. Y poco más. Llamativo silencio del FMI.
El riesgo de Milei es quedarse en algo testimonial: “Quise y me lo impidieron”
Casi ninguno de ellos, claro, puso el foco en que la iniciativa ultradesreguladora se imponga por decreto. Amén de que aún no aparece algún constitucionalista que avale el mecanismo (hay una afanosa búsqueda oficial al respecto), podría resultar de alto riesgo: habilita a que un futuro gobierno revierta todo. Llamativo olvido de quienes claman por seguridad jurídica para invertir.
Se daba por descontado que el kirchnerismo y la izquierda se opondrían, lo que además los coloca en la centralidad política, en cuanto opositores. Más sinuoso es el rumbo de la CGT, siempre pendiente de sus intereses y reacomodamientos internos cruzados.
En el resto hay matices y discordias, en especial en el ex Juntos por el Cambio. En el PRO duro siguen la huella que marca Macri, a la que se subió Diego Santilli. Entre las palomas, resurgió la voz de Horacio Rodríguez Larreta con su “así no”. Más tenue fue Rodolfo Frigerio, gobernador de Entre Ríos, que apuntaló la idea detrás del DNU pero sugirió que sería mejor que tuviera tratamiento legislativo.
Un pronunciamiento similar tuvo Maximiliano Pullaro, su colega radical de Santa Fe, mientras el mendocino Alfredo Cornejo se mantuvo en silencio. Todo lo contrario del nuevo presidente de la UCR, el senador Martín Lousteau, que despotricó fuerte contra el procedimiento de evitar que salga por ley, lo mismo que dijeron Miguel Ángel Pichetto y la Coalición Cívica.
Estas diferencias podrían influir en la aprobación o no del DNU en Diputados y el Senado, donde La Libertad Avanza es la tercera minoría y necesita avales extrapartidarios.
Victoria Villarruel, a cargo de la Cámara alta y con chispazos crecientes con el Poder Ejecutivo (evitó emitir sonido alguno sobre el DNU), y su par de Diputados, Martín Menem, ya avisaron que será complicado llegar al número necesario para que los plenos voten a favor del decreto.
El Gobierno, en ese caso, apuesta a que al menos no lo rechacen o que su debate duerma el sueño de los justos, como ya ha ocurrido con DNU de gestiones anteriores. Mientras tanto, estará vigente. Esas negociaciones las encara Guillermo Francos, ministro del Interior, de diálogo casi permanente con sectores del radicalismo, del peronismo no K y de fuerzas provinciales.
La prevención mayor está sin embargo en la Justicia. Por la amplitud temática de las leyes y normativas que el decreto deroga o modifica (se anima hasta cambiar el Código Civil), los posibles recursos para frenarlo se abrirán hacia diferentes fueros. En el laboral, con fuerte incidencia de la familia Recalde, ya hay juzgados que se preparan con ahínco.
Por eso, más allá de ciertos estados de ánimo exultantes en parte del elenco oficialista, la pregunta más insistente que les llegó es para qué el DNU, si las chances de que total o parcialmente sea trabado.
Transmiten varias respuestas. La obvia: la desregulación era una promesa de campaña, había que lanzarla rápido y en el Congreso se va a diluir. Menos obvia: el rechazo legislativo al DNU expone a la “casta” y su negativa a dejar gobernar.
Milei podría quedarse en eso, en algo meramente testimonial: “Quise y me lo impidieron”. O multiplicar la apuesta y cumplir con su hipótesis preelectoral de las consultas populares como alternativa. Al menos para empezar y esquivar que se lo perciba como a Menem, pero en clave de parodia.
