La democracia es cuestionada en varias regiones del mundo, y la insatisfacción de los ciudadanos con sus resultados socioeconómicos es una de sus causas principales. Nuestro país no es ajeno a ese malestar, como lo muestran encuestas que recogen el descontento con la clase política en general. Es que la pobreza no ha dejado de crecer desde la recuperación de nuestra democracia, como consecuencia del mal manejo del Estado por parte de la dirigencia política: tanto por ponerlo al servicio de intereses particulares como por fantasías ideológicas que distorsionan y limitan sus funciones.
En cuanto a poner el Estado al servicio de intereses particulares, observaciones recientes muestran que: legisladores de Tierra del Fuego vienen de otorgar un régimen especial de jubilaciones para los empleados públicos de esa provincia; el Ejecutivo nacional pasa a planta permanente a miles de los suyos, y el de la Provincia de Buenos Aires contrata miles de nuevos empleados. Por su parte el de Santiago del Estero otorga un bono de $ 200 mil a sus empleados; el ministro de Economía nacional decide que el Estado se haga cargo del déficit de AySA, empresa que preside su esposa; y el gobierno de Formosa niega energía eléctrica a una empresa privada que buscaba invertir en esa provincia, en línea con su política de que el principal empleador sea el Estado. Actos que son posibles en la medida que los controles institucionales pensados a través de la división de Poderes o Auditorías internas no resisten las lealtades consolidadas dentro de la propia clase política.
En cuanto a las fantasías ideológicas, las mismas se alimentan tanto de consignas infantiles para combatir al capital, como de un “progresismo político … sesgado hacia las cuestiones de distribución de la riqueza… Los temas de cómo crecer… no han figurado en un lugar de su agenda” (J.C. Torre. Diario de una temporada…). Fantasías ideológicas que resultan esclavas de postulados filosóficos orientadores éticos de las acciones de los gobiernos, sin entender que los mismos necesitan ajustarse a los condicionantes de la realidad: como lo hizo el PC Chino al poner el capital privado al servicio del combate a la pobreza; o el liberalismo cuando aceptó la intervención del Estado en los procesos económicos para garantizar la explotación laboral que hizo posible el éxito de la Primera Revolución Industrial.
En todos estos casos debe superarse el prejuicio de que el capital privado es, necesariamente, una forma de explotación de la fuerza de trabajo; prejuicio que no tiene en cuenta los avances de las legislaciones laborales y el papel del Estado para hacerlas cumplir. El combate al empresario privado como principio ideológico, es un error históricamente comprobado, el que nace de no comprender que se trata de una actividad que demanda habilidades particulares, así como una continuidad en el mediano y el largo plazo, condiciones que no tienen quienes se dedican a la actividad de gobernar. Pepe Mujica lo dijo con la claridad que lo caracteriza, refiriéndose a empresarios que conocía: confesó que los admiraba y reconocía que él carecía de las habilidades y el temperamento de los mismos.
La clase política debe entender, además, que para garantizar el bienestar material de todos los ciudadanos es necesario no limitar las funciones del Estado a velar por la equidad en las relaciones laborales, controlar las evasiones impositivas y cuidar el medio ambiente. A estas funciones básicas debe agregarse la de crear las condiciones para que el capital privado invierta su dinero y sus esfuerzos en la producción de riquezas y empleo genuino: dictando las normas que den seguridad jurídica a las inversiones; estabilidad de la economía para brindar previsibilidad a sus actos; leyes laborales que protejan los derechos del trabajador, pero sin trabar los procesos productivos, y cargas impositivas que graven la riqueza sin tornarlas expropiatorias.
*Sociólogo.
