La economía argentina es un gran laboratorio en el cual se van sucediendo, como si fueran experimentos, los frutos de sucesivas decisiones de política económica. En una errática sucesión por la vía del ensayo y error, fueron dejando un entramado de distorsiones que dificultan, todavía más, desarmarlas y hacer las correcciones correspondientes.
En cada episodio surge como trasfondo alguna variable fuera de cauce que va disparando decisiones disparatadas. Por ejemplo, en el reciente robo seguido de asesinato del chofer de colectivo de la línea 620, además del debate sobre la inseguridad en la región metropolitana de Buenos Aires, rápidamente saltó que la Provincia de Buenos Aires había dispuesto de sendas partidas presupuestarias para la instalación de cámaras monitoreadas en los colectivos. A la fecha sólo la quinta parte tiene el sistema funcionando sin tener certeza de un centro de seguimiento en tiempo real de los vehículos. Un desaguisado más sólo comparable con la endeblez del funcionamiento del sistema integrado de transporte en el AMBA: según los empresarios del sector, la tarifa técnica ascendería hoy a $336, o sea casi 10 veces más que lo que abona en promedio un pasajero (con los descuentos y excepciones incluidos).
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En el caso del subte en la Ciudad de Buenos Aires, en algún descuido de su contraparte en las negociaciones quedó establecido una “tarifa técnica” que difiere de lo que paga el pasajero por el subsidio del Gobierno. Algo más transparente que permite acotar, incluso, los márgenes en la ronda de conversaciones. En el caso de los trenes urbanos, el caos financiero es mayúsculo. La firma Trenes Argentinos, la mayor empresa empleadora del país con casi 30.000 colaboradores directos, sólo recauda el 3% de sus gastos. Y pese a ello, en un año electoral utilizan la memoria de la figura del ferrocarril como símbolo del progreso, para anunciar el reinicio de servicios a capitales del interior con precios casi cuatro veces más baratos que el de ómnibus, pero tardando casi el doble de lo que le demandaba hace 40 años para cubrir ese trayecto. Exactamente la tendencia contraria a los grandes proyectos de transporte en que le asigna al ferrocarril un rol diferente: no es la cenicienta del sistema, sino que trata tener prestaciones de calidad y precios que reflejen sus costos, integrándolo al resto de los subsistemas.
Claro, para ello se requiere una planificación a largo plazo, financiamiento de la inversión en el mercado de capitales y previsibilidad en la política de transportes, con la de tarifas incluida. Insumos que en el plano local suenan como agua en el desierto.
No es el único caso en que los cambios en los precios relativos fueron desvirtuándose por la inercia inflacionaria: situaciones que no se cambian y que, en la práctica, implica un retroceso frente a otras que sí consiguen navegar a favor de la corriente del IPC. Algo que, dos décadas atrás, al salir del congelamiento de hecho durante la convertibilidad, cambiaba entre 5 y10% cada año, pero que con la nominalidad de más del 100% anual va alterándose con mucha mayor velocidad.
Guido Di Tella, quien fuera el canciller más duradero en la historia argentina (casi 9 años) definía al sistema del primer peronismo como un intento por instaurar un “welfare state a la criolla”. Es decir, con su mirada benévola hacia el justicialismo y si ser parte originalmente de dicho movimiento, entendía que el fin valía más que los errores de implementación y coordinación. Pero pasó mucho tiempo y lo que en un principio fueron golpes de timón para intervenir en el mercado y asegurar la distribución del ingreso prometida, se fueron transformando en vacas sagradas de la política económica argentina, naturalizando su uso y abuso. Control de comercio exterior, precios máximos, abastecimiento asegurado, fiscalidad progresiva, múltiples tipos de cambio, reestatizaciones, utilización de los fondos de garantías, intervención de los entes reguladores… son sólo algunas de las herramientas más utilizadas para intentar llegar a los objetivos que enumeraba Di Tella con el respaldo de un poder electoral abrumador.
El tiempo pasó inexorablemente, los otros también juegan y los que debían defender las herramientas útiles para lograr los fines tan nobles son los primeros en ningunearlas y encontrar atajos por fuera de los mercados para mostrar efectos en el corto plazo. La emergencia se convirtió en permanente y la inflación, derivada en parte de estas mismas políticas, se encargó de acelerar todo el proceso, erosionando la propia base de sustentación. Un búmeran con un recorrido cada vez más corto.
