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COLUMNISTAS / seguridad
sábado 3 enero, 2015

Sombras en el narcotráfico

por Redacción Perfil

default Foto: Cedoc

El balance de 2014 en materia de seguridad en Argentina es tan claro como contundente: el delito afectó a más personas que en 2013 –37% de la población–, el miedo abrazó a más argentinos que el año anterior –alrededor del 85%– y el narcotráfico, otro año más, expandió su accionar. Pero mientras el balance en seguridad se contabiliza en la calle, buena parte del pronóstico para 2015 y años posteriores adquirió forma recientemente en los pasillos del Congreso nacional, con la aprobación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Ciertamente, dicho pronóstico no es alentador.  
En efecto, el cambio aprobado en la forma en la que se investigan y persiguen penalmente los delitos determinará significativamente las capacidades concretas de nuestro Estado para proteger a la población e impartir justicia. Esto es aún más gravitante en lo referido a la investigación y persecución de la criminalidad organizada. Poniéndolo en términos claros, el 50% de la capacidad de mitigar el problema del narcotráfico en la Argentina estará determinada por este nuevo código y la forma en la que se implementará.

El sistema actual clamaba a gritos un cambio, a juzgar por sus resultados. Las características de la población penitenciaria muestran que el sistema de seguridad y justicia en la Argentina sólo es capaz de arrestar, juzgar y condenar lo que se lleva por delante. El problema es aún peor cuando se estudia el tipo de casos que tratan, y las sentencias que dictan, los tribunales penales federales en asuntos vinculados con criminalidad organizada. La conclusión es dramáticamente clara: en la Argentina de hoy se investiga muy poco, y muy mal.  

Pero, si la reforma era necesaria, ¿era ésta la reforma necesaria? A pesar de que una quincena de provincias mudaron sus sistemas de investigaciones penales a acusatorios hace varios años, en ninguna de ellas se mejoró sensiblemente la capacidad de investigar delitos en general, y mucho menos la de investigar criminalidad organizada. Llama la atención, por cierto, que no se haya aprovechado la riquísima experiencia existente a nivel provincial, sobre todo en lo que no funciona, para delinear el nuevo sistema acusatorio federal.     

Esto se debe a que el sistema de investigaciones ha sido otro ámbito de colonización. El pésimo uso –en términos de desempeño– y el aberrante abuso –en términos de transparencia– que las policías hicieron de las facultades de investigación en el pasado llevó a que una coalición de intereses sectoriales e ideológicos instaurara la figura del fiscal como el nuevo “superhéroe.” Como consecuencia, los fiscales dejaron de ser abogados encargados de impulsar la acción penal en beneficio de la sociedad y pasaron a ser, además, desde investigadores para-policiales hasta decisores de política criminal, sin solución de continuidad, pero con el estatus institucional de un funcionario judicial, que goza de autonomía e inamovilidad. ¿Y la rendición de cuentas por su desempeño?

Bien, gracias…

Así, los que están permanentemente en la calle –los policías– no rinden cuentas porque “formalmente” no dirigen las investigaciones. Los fiscales las dirigen, pero no rinden cuentas porque son “autónomos e inamovibles”. Y los funcionarios de seguridad de los Ejecutivos rinden cuentas aunque no dirigen las investigaciones y apenas controlan lo que hacen los investigadores policiales.  

Llevar al sistema de investigación federal a este laberinto –mediante una reforma aprobada entre “gallos y medianoche” y en el marco de una expansión inusitada de la criminalidad organizada– es poner en riesgo las capacidades que el Estado tendrá para minimizar el daño del narcotráfico. Esta es la principal sombra que se proyecta sobre el escenario de seguridad para 2015 y años posteriores. Por sus implicancias, el código procesal penal es un marco e instrumento de política de seguridad demasiado importante como para dejar su diseño exclusivamente en manos de abogados. Como dice el adagio, “quien no tenga cabeza para pensar, deberá tener espalda para soportar”.

 

*Especialista en seguridad. Ex ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


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