La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal —integrada por los jueces Mariano Borinsky, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques— hizo lugar parcialmente a los recursos interpuestos por las defensas de la conducción del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. El fallo revisó el veredicto dictado en diciembre de 2025 por el Tribunal Oral Federal N.° 2 de Córdoba en la causa iniciada a partir de informes de la UIF (Unidad de Información Financiera) y Procelac (Procuraduría de Lavado de activos) sobre irregularidades en el manejo de los fondos gremiales.
Reducción de penas y condenas en suspenso
El tribunal de alzada resolvió adecuar los montos punitivos impuestos en primera instancia y otorgar la modalidad de ejecución condicional para la totalidad de las condenas de prisión.
Gabriel Suárez (exsecretario general): Casación bajó la pena de seis a tres años de prisión en suspenso como autor del delito de lavado de activos de origen ilícito (por la adquisición de un inmueble tipo housing en "La Carolina") y coautor de defraudación por administración fraudulenta.
Jorge Molina Herrera (exsecretario adjunto): Condenado como coautor de administración fraudulenta a la pena de dos años y 6 meses de prisión en suspenso, atenuando la sanción original de cuatro años y 6 meses de prisión efectiva.
Fernando Navarro (exsecretario de Finanzas): Recibió dos años y 6 meses de prisión en suspenso como coautor de administración fraudulenta, modificando la condena previa de 4 años y 6 meses.
Daniel Eduardo Lozano (exsubsecretario de Finanzas): Condenado como coautor de administración fraudulenta a dos años de prisión en suspenso, frente a los cuatro años fijados en la sentencia inicial.
Alexis Daniel Fidelbo y José Ramón Galván: Recibieron penas de un año y 6 meses de prisión en suspenso como partícipes necesarios de administración fraudulenta.
La absolución de Roque Daniel Tapia
Otro de los puntos salientes del fallo fue la absolución de Roque Daniel Tapia (exsecretario de Previsión Social), a quien el tribunal oral le había impuesto una condena de cuatro años de prisión efectiva.
La mayoría del tribunal concluyó que la redistribución o transferencia interna de recursos desde el Fondo Compensador y la Obra Social hacia otras dependencias del gremio (como Turismo, Deportes o Acción Social) no configuró un delito con perjuicio patrimonial computable, toda vez que el dinero permaneció dentro de la contabilidad e infraestructura sindical en beneficio de los propios afiliados. Al considerarse atípico ese tramo de la acusación, la imputación contra Tapia quedó sin contenido probatorio.
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No hubo asociación ilícita
Por unanimidad, los magistrados rechazaron los recursos de casación deducidos por el Ministerio Público Fiscal y por la parte querellante. De esta manera, confirmaron las absoluciones de los imputados respecto al delito de asociación ilícita, al entender que la actuación de los dirigentes dentro de una entidad lícita no respondió a una pluralidad de planes delictivos ni a un acuerdo criminal indeterminado.
Asimismo, Casación confirmó la desestimación de la pena de inhabilitación especial para ejercer cargos gremiales y respaldó el cese de la intervención y veeduría judicial sobre el Fondo Compensador del sindicato.
