Arquitectos, ingenieros, agrimensores, agrónomos y otros profesionales vinculados con la construcción de Córdoba se manifiestan este jueves frente a la sede de la Caja de Previsión Ley 8470, en avenida Figueroa Alcorta 261, en la ciudad de Córdoba.
Los matriculados denuncian una crisis económica, institucional y de representatividad en la entidad previsional. El reclamo se produce en medio de la intervención judicial de la Caja y después de una serie de detenciones ordenadas en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en su administración. Además de autoridades de la Caja, fueron detenidos los presidentes de los Colegios de Arquitecto y de Ingenieros Especialistas.
Los profesionales cuestionan, además, las recientes resoluciones que modificaron las condiciones para regularizar deudas previsionales y eliminaron el mecanismo que permitía compensar excedentes de aportes con obligaciones de otros períodos.
Los reclamos contra la Caja de Previsión Ley 8470
Uno de los principales puntos de conflicto es la Resolución 16.980, que entró en vigencia el 15 de octubre y dejó sin efecto el sistema de compensación de excedentes de aportes. Ese mecanismo permitía utilizar saldos a favor para cubrir otras obligaciones previsionales.
Desde distintos colegios profesionales reclamaron revisar la decisión, al considerar que modifica las condiciones bajo las cuales muchos afiliados organizaron históricamente el pago de sus obligaciones.
Los matriculados también cuestionan otras decisiones sobre planes de regularización de deudas. Según el comunicado de los convocantes, los nuevos esquemas contemplan tasas nominales anuales de hasta el 45%, anticipos de entre el 10% y el 50%, aranceles administrativos y seguros de vida sobre el saldo deudor.
A criterio de los impulsores de la protesta, estas condiciones pueden agravar las dificultades económicas de los profesionales y volver más difícil el cumplimiento de sus obligaciones previsionales.
Cuestionamientos a la auditoría
Otro de los cuestionamientos está dirigido al procedimiento de auditoría impulsado por el interventor judicial, el contador Pablo Andrés Artino.
Los profesionales denuncian que el sistema de autogestión de la Caja restringe las operaciones a quienes no completen una declaración jurada con información sobre su facturación profesional declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), desde mayo de 2024.
Según el petitorio, la exigencia condiciona la posibilidad de realizar trámites y visar documentación profesional a la presentación de información tributaria. Los matriculados reclaman que se elimine esa condición y que se restablezca el acceso normal a la plataforma.
La intervención judicial, dispuesta por el Juzgado de Control y Faltas N° 7 de Córdoba está a cargo de Artino por un período de seis meses, bajo la modalidad de coadministración con las autoridades de la entidad. Entre sus funciones se encuentran el control de legalidad de los actos administrativos y la auditoría de la situación económica y financiera de la institución.
La Justicia intervino la Caja Previsional de ingenieros, arquitectos, agrimensores y agrónomos
Detenciones y crisis de representación
La convocatoria también está atravesada por las detenciones de autoridades de la Caja y colegios profesionales que ordenó el fiscal de Casos Complejos Enrique Gavier en la investigación por presunta defraudación y administración fraudulenta vinculada con la Caja.
Entre los detenidos se encuentran Nicolás Paulín, presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, e Inti Manuel Smith, titular del Colegio de Ingenieros Especialistas, además de otras tres personas. Las medidas fueron dispuestas en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de entorpecimiento de la investigación.
Las maniobras investigadas están relacionadas con posibles irregularidades en la administración de aportes previsionales y en la declaración de obras de construcción públicas y privadas.
El derecho a votar y el pedido de asambleas
El petitorio incluye también cuestionamientos a las condiciones de participación de los afiliados en las decisiones de la Caja.
Los profesionales denuncian que quienes mantienen deudas previsionales pierden la posibilidad de votar en las asambleas y cuestionan las restricciones para convocar reuniones extraordinarias u ordinarias por iniciativa de los matriculados.
Frente a ese escenario, reclaman garantizar el derecho a voto de los afiliados y habilitar instancias de debate sobre el funcionamiento y el futuro de la entidad.
