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REPERCUSIONES

Caso Blas Correas: a seis años del crimen, cesantearon a siete policías por no asistir al adolescente

El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario resolvió apartar de la fuerza, en un expediente administrativo que corre en paralelo a la causa penal por presunto abuso de autoridad. Uno de los cesanteados, absuelto en el primer juicio, cuestionó la decisión, mientras la madre de la víctima insistió en que la Justicia "sigue apuntando para abajo".

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Además de los condenados por el crimen, la Policía censanteó a otros agentes. | CEDOC

La Provincia de Córdoba cesanteó a siete policías por su rol en el operativo que terminó con la muerte de Valentino Blas Correas, el adolescente de 17 años asesinado por un disparo policial el 6 de agosto de 2020 en la Capital. La medida responde a un sumario distinto de la causa penal que ya tuvo condenas.

El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario concluyó que los efectivos incurrieron en faltas gravísimas por incumplir el deber de resguardar la vida del joven cuando ya estaba herido. La resolución alcanza a la oficial principal Natalia Soledad Márquez, la oficial subinspectora Melisa Janet Escalante, los cabos Leonardo Alejandro Martínez, Diego Norberto González y Emanuel Alejandro Fachisthers, y los agentes Rodrigo Emmanuel Toloza y Ezequiel Eduardo Henot. A Márquez, además, se le atribuyó el ejercicio de violencia física innecesaria contra una de las personas que viajaban junto a Blas.

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El organismo remarcó, a través de un comunicado, que su potestad disciplinaria funciona con independencia del proceso penal y que no necesita una sentencia firme para aplicar sanciones. Según su definición, su tarea consiste en preservar la moralidad administrativa y el decoro institucional, con autonomía respecto de la Policía y del Ministerio de Seguridad.

Los siete agentes ya habían sido enviados a juicio en diciembre de 2025 por el fiscal del fuero Penal Económico 2, Franco Mondino, acusados de abuso de autoridad. La imputación apunta a que no le brindaron ninguna asistencia a Blas ni permitieron que llegara al Hospital de Urgencias, adonde sus amigos intentaban trasladarlo tras el disparo recibido en un control policial cercano al Complejo Pablo Pizzurno. El joven murió dentro del auto.

La causa distingue ese tramo del expediente principal, que ya derivó en condenas a prisión perpetua para los cabos primeros Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón, autores materiales del disparo, y en penas para otros efectivos por el encubrimiento posterior, que incluyó la alteración de la escena y el "plantado" de un arma. Martínez y Toloza habían resultado absueltos en ese juicio penal, pero ahora integran la lista de cesanteados por responsabilidad administrativa.

"No entiendo por qué se me vuelve a acusar"

Uno de los policías separados de la fuerza, identificado como Rodrigo, habló con Noticiero Doce y cuestionó la resolución. Aseguró que en el primer juicio había sido acusado de falso testimonio y encubrimiento agravado, y que resultó absuelto: "Yo quedé absuelto de culpa y cargo, se comprobó mi inocencia y retomé mis tareas habituales en 2023".

El agente relató que en 2024 volvió a ser imputado, esta vez por abuso de autoridad, en relación con lo sucedido en la esquina de Chacabuco y Corrientes, donde llegó el auto con Blas ya herido. Dijo que arribó al lugar sin comprender la situación: "En ese momento estuve siete minutos en ese lugar sin entender qué estaba pasando".

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Sostuvo también que recibió una orden de retirarse hacia la Plaza de las Américas para un rastrillaje, punto donde luego apareció el arma plantada: "Yo no tuve nada que ver con el arma plantada, nunca supe porque estábamos trabajando en otro distrito", dijo a El Doce.

Rodrigo remarcó que la pericia de su celular no arrojó comunicaciones con los condenados del primer juicio y afirmó que buscará revertir la sanción por vía judicial: "Voy a defender mi verdad como la defendí en el primer juicio en base a todas las pruebas. Voy a limpiar mi nombre por mi familia, mis hijas y mis compañeros".

El reclamo de la madre de Blas

Soledad Laciar, madre de la víctima, expresó sentimientos encontrados frente a la cesantía. Reconoció la responsabilidad de los siete agentes, pero cuestionó que la investigación no avance sobre la cadena de mando política y policial de 2020: "No me pueden decir a mí que el Gobierno desconocía que un policía en 20 minutos podía plantar un arma, traer un auto, filmar. Todo se vio durante el juicio".

La mujer mencionó al entonces gobernador Juan Schiaretti, al exministro de Seguridad Alfonso Mosquera y al excomisario Gonzalo Cumplido como responsables que, a su entender, siguen sin rendir cuentas: "Pretenden que me conforme agarrando a los de abajo, pero el que plantó el arma y el que hizo todo eso está libre".