El jueves pasado el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) dispuso el cierre definitivo del Centro Psico Asistencial (CPA) ubicado en barrio Güemes. En ese momento, había cinco detenidos internados por diferentes patologías de salud mental que fueron trasladados al complejo penitenciario de Bouwer, con órdenes judiciales para cada caso.
Con ese operativo entró en pleno funcionamiento el hospital provincial, bajo la órbita del Ministerio de Salud, que funciona dentro del complejo penitenciario Padre Lucchese. Es el primero de su tipo en la provincia. La atención está a cargo de personal médico y enfermeros civiles, no penitenciarios. Solamente la custodia interna y externa queda en poder del SPC.
“Es un cambio de paradigma”, sostuvo el ministro de Justicia, Julián López, en diálogo con Perfil CÓRDOBA.
El hospital tiene 40 camas, de las cuales la mitad son para pacientes con diagnósticos de salud mental. Atenderá tanto a mujeres como a hombres privados de su libertad. El resto de camas está destinado a la internación de primer grado para otras dolencias.
El centro asistencial, que se erige sobre el hospital modular instalado durante la pandemia del Covid-19, fue refuncionalizado y tiene un staff de profesionales con dos médicos clínicos por guardia, servicio de enfermería permanente, laboratorio y especialistas en Psiquiatría, Psicología, Medicina Generalista, Ginecología, Cardiología, entre otras, que asistirán alternadamente durante la semana.
Para la atención de mayor complejidad y terapia intensiva, los pacientes/internos serán derivados a otros hospitales provinciales de la ciudad de Córdoba.
Este cambio fue posible por un convenio firmado el mes pasado entre el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Angulo; el ministro de Justicia, Julián López –del cual depende el SPC–, y el titular de la cartera de Salud, Ricardo Pieckenstainer.
El replanteo del abordaje sanitario a los detenidos es un reclamo de años. Un último episodio por presuntas torturas aplicadas a Matías Mariño, un joven que quedó en estado vegetativo tras su paso por el CPA, motivó la imputación de médicos. La causa está a cargo del fiscal Raúl Garzón. Es un botón de muestra de varios casos de malos tratos en el centro destinado a salud mental.
