Vecinos autoconvocados de Villa Allende anunciaron que apelarán el fallo de la Cámara Contencioso Administrativa que avaló el cierre nocturno de calles secundarias mediante la instalación de portones, una medida impulsada por la Municipalidad dentro de su política de seguridad. La resolución judicial, dictada a fines de diciembre, priorizó la seguridad pública por sobre el derecho a la libre circulación, una interpretación que los vecinos consideran arbitraria, desproporcionada y carente de respaldo empírico.
Según expresaron en un comunicado difundido en Cba24N, los vecinos cuestionaron que el tribunal haya respaldado el argumento del Ejecutivo municipal al considerar que el cerramiento de calles contribuirá a reducir el delito. Señalaron que la medida no cuenta con estudios previos ni evaluaciones independientes que permitan medir su impacto y recordaron experiencias desfavorables en otras ciudades.
Un fallo cuestionado, participación ciudadana bajo la lupa y costos que recaen sobre los vecinos
El documento apunta contra el enfoque urbanístico que subyace a la medida. Según expresan, “los especialistas en seguridad urbana los desaconsejan, al igual que los urbanistas que impulsan en las ciudades lugares de encuentro y no de segregación de los vecinos”. En esa línea, cuestionan que la Justicia haya validado una política que, lejos de fortalecer el tejido social, podría profundizar divisiones dentro de los barrios.
Por otro lado, los riesgos operativos que implicaría el cierre de calles es otro de los ejes centrales. En el comunicado, los autoconvocados alertan sobre “la inseguridad que los portones crearán frente a inundaciones, el desplazamiento de vehículos de emergencias médicas, autobombas e incluso la propia policía”. A esto suman un argumento que consideran contundente: “los innumerables robos en barrios cerrados y countries de la villa dan cuenta de que el cierre de calles no solucionará nada”.
De esta forma, los vecinos califican de “escandalosa” la falta de valoración de un petitorio con casi tres mil firmas presentadas ante la Intendencia y denuncian que el Registro de Oposición “lesionaba derechos de los vecinos”. En ese sentido, explican que quienes querían oponerse a los portones debían rechazar todo el proyecto de seguridad, resignando otras mejoras posibles. “Como suele decirse en lenguaje popular, para tirar el agua sucia había que tirar también al chico”, afirmaron.
En rechazo a la sentencia y para informar los detalles de la apelación judicial, los vecinos convocaron a una asamblea abierta este viernes 9 de enero a las 19.30 en la Plaza del Vagón, en Lomas Sur, uno de los barrios alcanzados por la colocación de portones. También anticiparon nuevas asambleas en otros sectores y la realización, hacia fines de enero, de una charla abierta con un especialista en seguridad ciudadana en el marco de la presentación formal de la apelación ante la Justicia.
