El oficialismo avanzó este miércoles en la Unicameral cordobesa con la sanción de la ley crea el Fondo Provincial de Capital Emprendedor, una herramienta que buscará financiar emprendimientos innovadores, empresas basadas en el conocimiento y proyectos tecnológicos mediante un esquema que combinará recursos públicos, participación privada y mecanismos financieros de largo plazo.
Se aprobó con los votos del oficialismo, la UCR, el PRO y otros bloques opositores que hicieron aportes. Por el rechazo se pronunciaron el bloque juecista encabezado por Walter Nostrala, y las bancadas unipersonales de Gregorio Hernández Maqueda y Agustín Spaccesi. Noelia Agüero (FIT Unidad) se abstuvo de votar.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, prevé una asignación de hasta el 0,5% de la recaudación anual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y fija para el ejercicio 2026 un monto de hasta 10 mil millones de pesos. Se trata de uno de los aspectos centrales de la propuesta, ya que establece una fuente específica de financiamiento para sostener la política de promoción de la innovación más allá de las partidas presupuestarias ordinarias.
Desde el oficialismo defendieron la medida como un paso para consolidar el ecosistema provincial de innovación y fortalecer el desarrollo de empresas vinculadas a la economía del conocimiento. La iniciativa apunta a promover actividades científicas y tecnológicas, impulsar la creación de valor agregado, fomentar la investigación aplicada y fortalecer la retención de talento en Córdoba.
Sin embargo, el alcance de la iniciativa excede la lógica tradicional de los programas de asistencia estatal. La norma habilita a la Provincia a realizar inversiones y aportes en emprendimientos e instituciones de capital emprendedor, incorporando herramientas propias de los fondos de inversión de riesgo, un esquema poco habitual en la administración pública provincial.
Asimismo, el texto promueve mecanismos de coinversión con el sector privado y establece como criterio prioritario el acompañamiento de iniciativas que acrediten participación de capitales privados. Con este argumento, el gobierno busca posicionar al Estado como un actor capaz de movilizar inversiones hacia proyectos innovadores considerados estratégicos para la transformación de la matriz productiva.
Fideicomisos y administración de largo plazo
Uno de los puntos más relevantes del despacho aparece en la facultad otorgada al Ejecutivo para constituir fideicomisos de administración y financieros por un plazo de hasta treinta años.
La herramienta permitirá transferir los recursos del fondo a estructuras fiduciarias destinadas a realizar inversiones en sociedades, aportes a instituciones de capital emprendedor y otros mecanismos financieros vinculados al desarrollo de proyectos innovadores.
En términos políticos, la decisión supone dotar al programa de una estructura que trascienda los ciclos de gestión y otorgue mayor flexibilidad para administrar recursos, captar financiamiento y ejecutar inversiones. Pero, al mismo tiempo, abre interrogantes sobre los mecanismos de supervisión y control, según advierten los halcones opositores, que acompañarán ese proceso.
El Gobierno de Córdoba ordenó a ministros no viajar al Mundial: “Estarían en Narnia”
La discusión sobre el control
El proyecto establece que la autoridad de aplicación será designada por el Poder Ejecutivo y tendrá “amplias facultades”, según la oposición dura, para reglamentar el funcionamiento del fondo, definir los procedimientos de inversión y establecer los criterios de selección de los beneficiarios.
Para la evaluación de los proyectos se prevé la creación de un Comité de Inversión, que funcionará de manera ad hoc para cada convocatoria, y de un Consejo Asesor integrado por expertos, académicos y referentes empresariales. No obstante, las recomendaciones de este último organismo no tendrán carácter vinculante.
De todos modos, el esquema concentra buena parte de las decisiones operativas en la autoridad de aplicación, por lo que uno de los aspectos que generó criticas de la oposición dura fueron los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
No obstante, la norma contempla que el Ejecutivo remita anualmente a la Legislatura un informe de gestión con indicadores de desempeño del fondo. Sin embargo, no prevé participación parlamentaria directa, un planteo radical que no tuvo eco, en la definición de inversiones o en la selección de proyectos.
La vacancia comercial viene en baja y mejora la ocupación en el Centro y Nueva Córdoba
Apuesta estratégica
Más allá de las discusiones sobre su implementación, el proyecto constituye una señal política sobre la estrategia de desarrollo que busca consolidar la administración de Martín Llaryora.
Frente a un escenario nacional marcado por la retracción de distintos programas de financiamiento para la ciencia, la tecnología y la innovación, Córdoba apuesta a institucionalizar por ley una herramienta propia para canalizar recursos hacia sectores vinculados al conocimiento, el emprendedurismo y la innovación productiva.
La creación del Fondo Provincial de Capital Emprendedor aparece así como una de las apuestas más ambiciosas del oficialismo para convertir a la innovación en una política de Estado, con financiamiento específico, participación privada y capacidad de proyectarse más allá de una gestión de gobierno. Sin embargo, la oposición halcón tiene una mirada crítica.
