El concurso para designar al próximo juez electoral de Córdoba ingresó en su etapa decisiva. El Consejo de la Magistratura fijó para los días 3 y 4 de agosto las entrevistas personales a los 17 postulantes que continúan en carrera y, al mismo tiempo, rechazó el pedido del senador nacional Luis Juez para que esa instancia fuera pública y transmitida por YouTube. Lo que deja abierta un nuevo frente de tensión con la oposición, que ya anticipa que la discusión volverá cuando el pliego llegue a la Legislatura cordobesa.
La resolución marca el inicio del tramo final de un proceso seguido con especial atención por el arco político, ya que quien resulte designado reemplazará a Marta Vidal y quedará al frente del Juzgado Electoral, un cargo estratégico para la organización de los comicios provinciales y municipales y la resolución de los conflictos electorales durante las próximas décadas.
Los aspirantes ya fueron notificados de las fechas de las entrevistas, que se desarrollarán bajo la conducción del Consejo de la Magistratura, presidido por Marta Cáceres de Bollati. Una vez concluidas, se conocerán los puntajes definitivos de la prueba de oposición y de las entrevistas personales, que se sumarán a la evaluación de antecedentes. Con ese resultado quedará conformado el orden de mérito que recibirá el gobernador Martín Llaryora, quien luego deberá elevar a la Unicameral el pliego del postulante ubicado en el primer lugar para solicitar el correspondiente acuerdo.
Rechazo al planteo de Juez
La otra definición de fuerte contenido político fue la desestimación del pedido formulado por Juez para que las entrevistas fueran abiertas al público a través de la transmisión por YouTube, tal como ocurre en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
El organismo optó por mantener el esquema habitual del concurso, aunque introdujo una apertura parcial: autorizó la presencia de "veedores", los suplentes de cada uno de los estamentos que integran el Consejo. Entre ellos estará el legislador radical Alfredo Nigro, representante de la oposición.
Desde la UCR también recordaron que un planteo similar al del senador había sido impulsado por la legisladora Alejandra Ferrero mediante un proyecto presentado en la Unicameral que nunca avanzó.
La resolución, adoptada por mayoría, desactiva el reclamo institucional de Juez, aunque difícilmente cierre la polémica. En el juecismo descuentan que el tema volverá a instalarse cuando el Ejecutivo envíe a la Unicameral el pliego del candidato elegido.
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La advertencia política
Semanas atrás, mediante una carta dirigida a la presidenta del Consejo de la Magistratura, Juez había elevado la presión sobre el proceso de selección al exigir que las entrevistas fueran públicas.
En esa presentación sostuvo que, si persistía el "secretismo" durante la instancia decisiva del concurso, el Frente Cívico no acompañaría con sus votos el acuerdo legislativo necesario para designar al futuro juez electoral.
Con la negativa del Consejo, en la oposición esperan que el senador redoble su ofensiva política contra un concurso que consideran especialmente sensible por la trascendencia institucional del cargo y por la cercanía del proceso electoral de 2027.
La etapa más observada
El concurso comprende tres instancias de evaluación: los antecedentes, con un máximo de 20 puntos; el examen escrito de oposición, que otorga entre 20 y 40 puntos; y la entrevista personal, que puede aportar hasta otros 40 puntos.
Precisamente esta última etapa concentró los cuestionamientos opositores, al tratarse de la instancia con mayor margen de valoración subjetiva y una incidencia decisiva en el orden de mérito definitivo.
El examen escrito ya dejó fuera de competencia a 28 aspirantes. Antes, durante la etapa de admisibilidad, otros ocho postulantes habían quedado excluidos. Ahora, las entrevistas terminarán de definir el orden de mérito definitivo, aunque todas las miradas estarán puestas en quién ocupe el primer lugar de la nómina que será elevada al Poder Ejecutivo.
Un concurso que también se lee en clave política
Mientras se acerca la definición, la política viene leyendo el escenario en clave de poder al repasar la lista de los 17 postulantes que siguen en carrera.
Entre los perfiles vinculados al peronismo aparecen Guillermo Arias, histórico secretario Legislativo de la Unicameral; Augusto Pastore, actual secretario de Gobierno de la Provincia y hombre de confianza del ministro Manuel Calvo; y Silvia Paleo, exlegisladora del PRO y actual funcionaria de la Municipalidad de Córdoba.
En el lote de los candidatos con respaldo opositor sobresale el abogado Diego Frossasco, profesor titular de la Universidad Nacional de Córdoba y exconvencional constituyente, quien cuenta con el apoyo explícito de Rodrigo de Loredo y Ramón Mestre.
A ellos se suma un nutrido grupo de funcionarios judiciales, entre quienes figuran María Emilia Mimessi, secretaria de Cámara de la Relatoría Electoral del Tribunal Superior de Justicia; María de los Ángeles Nallin, secretaria letrada de Cámara; y Carlos Ignacio Viramonte, juez civil de San Francisco.
Con ese escenario, el concurso quedó configurado sobre tres grandes perfiles: candidatos provenientes del Poder Judicial, funcionarios con trayectoria político-institucional y un postulante radical de fuerte perfil académico, con conocimiento de la dinámica político-electoral y respaldo opositor. Una competencia que trasciende lo estrictamente jurídico y que la dirigencia sigue con atención por el peso institucional que tendrá quien finalmente ocupe el despacho electoral de Córdoba.
