Tras la feria judicial veraniega, en febrero, se reanudará la investigación para despejar sospechas sobre si existieron filtraciones del contenido del examen de un concurso judicial para designar secretarios y prosecretarios de Fiscalías de Cibercrimen, Penal Económico, Delitos Complejos y Subrogante.
El concurso bajo observación es el número 359 del Ministerio Público Fiscal (MPF). El examen se rindió a mediados de agosto de 2024 y el tribunal examinador estuvo integrado por un juez de Control y cuatro fiscales de fueros especiales, entre los cuales se encontraban Daniela Maluf, y un juez de Control.
El 19 de diciembre pasado, la Cámara de Acusación resolvió un incidente relacionado con el Juzgado de Control que debe intervenir en la causa. Previamente había apartado al fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, a pedido de los abogados Gabriel y Gerard Gramática, quienes asesoran a una de las empleadas sospechadas de haber recibido las respuestas de la prueba, Lorena Alejandra López.
Este escándalo, cuya investigación permanece sin imputaciones, se inició por la denuncia de un exempleado de la fiscalía de Maluf quien se presentó ante Gavier y contó haber recibido el ofrecimiento de las respuestas del examen.
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La defensa de López tendió dudas sobre la objetividad de Gavier por el conocimiento previo con el denunciante. Los argumentos fueron contemplados por la Cámara de Acusación, quien resolvió apartarlo. Ante esa situación, la causa quedó a cargo del fiscal Ernesto de Aragón. La prueba que quedó pendiente de análisis era nada menos que la apertura de los teléfonos celulares secuestrados a fines de abril del año pasado. En ese sentido, no se podían analizar porque no estaba claro qué fiscal y juez intervendrían. Al ser denunciada una fiscal que tiene protección legal, la investigación no debe hacerla un par sino un juez de Control.
Allí se presentó la segunda discusión de competencia: De Aragón pidió autorización a la jueza de Control N° 4 Anahí Hampartzounian, pero ésta planteó su incompetencia porque ya venía actuando su colega del Juzgado de Control N° 7, José Milton Peralta.
La Cámara de Acusación resolvió finalmente que debía permanecer en la causa el juez Peralta porque ya había practicado actos probatorios relevantes y su desplazamiento no estaba justificado bajo los principios de celeridad y economía procesal.
