La disputa entre el vocal de la Cámara del Crimen de Villa Dolores, Carlos Rolando Escudero y los abogados defensores de una pareja acusada de abandonar a su hijo derivó en una escalada de presentaciones judiciales que terminó con la admisión del magistrado de la recusación en su contra. No intervendrá más en el proceso.
Cabe la pregunta: ¿Puede un juez apartar de oficio, en un decisión unilateral, la intervención de abogados defensores sin pedido de sus patrocinados?
El conflicto comenzó cuando el magistrado revocó de oficio la designación de los letrados Germán Romero Marcón y Emiliano Binante, que había sido aceptada por el Tribunal Superior de Justicia. La decisión fue cuestionada por los imputados y sus abogados por vulnerar el derecho de defensa.
El caso tiene como acusados a una pareja, imputados por el presunto delito de abandono de persona agravado en perjuicio del hijo de ambos. La investigación se originó por el estado de desnutrición, anemia y retraso madurativo que presentaba el niño cuando tenía un año y medio, en 2021. Actualmente, el niño se encuentra vacunado, recuperado de aquella situación de salud y vive con sus padres, según señalaron a este medio los defensores.
Decisión unilateral del juez
La controversia tuvo su primer capítulo el 1 de octubre pasado, cuando Escudero, vocal unipersonal de la Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa Dolores, declaró la nulidad de oficio de la intervención de los dos abogados como defensores de la pareja.
Fundamentó su decisión en la existencia de un supuesto conflicto de intereses que, según su interpretación, podría comprometer la independencia y la eficacia de la defensa técnica.
Entre otros argumentos, señaló que Romero Marcón y Binante integran el mismo estudio jurídico y que ambos patrocinan en otro expediente a María Antonella Ricci -víctima de violencia de género por la que fue condenado su padrastro Roberto Clavero, hombre fuerte del peronismo en Traslasierras-. Ricci es una testigo central de la causa contra la pareja acusada en este juicio, porque fue quien habría advertido sobre el estado crítico del niño, dando origen a la denuncia penal en 2021.
Perfil CÓRDOBA consultó a abogados de matrícula sobre la decisión del magistrado. Las fuentes consideraron una extralimitación inaceptable que un juez aparte de oficio a defensores sin un pedido ni anuencia de los imputados.
Escudero se sentó sobre una supuesta "nulidad preventiva" de los poderes que tienen Romero Marcón y Binante. Pero fue más allá. Remitió antecedentes al Tribunal de Disciplina de Abogados y a la Fiscalía de Instrucción de turno para que se investigara una posible tentativa de prevaricato.
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La defensa recusó al juez
La respuesta de los abogados y de los imputados fue un planteo de nulidad absoluta y un recurso de reposición contra la decisión citada. También solicitaron la recusación con causa de Escudero y de la secretaria letrada Claudia Nancy Funes.
Los defensores sostuvieron que el juez había revocado sus designaciones sin audiencia previa, sin dar intervención a las partes y sin permitir que los acusados explicaran su posición. Ambos conocían el vínculo entre los abogados, la existencia del estudio compartido y la relación de Binante con la testigo, pero habían ratificado igualmente su elección. Incluso la aceptación de la designación fue resuelta por el Tribunal Superior de Justicia.
La defensa también afirmó que no existían intereses contrapuestos entre los miembros de la pareja acusada.
En el pedido de recusación, además, atribuyeron a Escudero animosidad personal y un posible prejuzgamiento. Denunciaron la presunta filtración de la resolución a medios de comunicación y cuestionaron la difusión de información médica sensible del niño de tan solo cinco años.
El 13 de octubre pasado, Escudero resolvió admitir la recusación presentada en su contra y solicitar formalmente su apartamiento de la causa. Lo hizo en un escrito dirigido al vocal Eduardo Camogli, el juez que recientemente condenó a una pena de ejecución condicional al exlegislador Oscar González por el siniestro vial de las Altas Cumbres.
Escudero reconoció que la remisión de antecedentes de los abogados al Tribunal de Disciplina y a la Fiscalía de Instrucción podía justificar un temor fundado de parcialidad por parte de los letrados y los imputados. En consecuencia, pidió que se designe un nuevo tribunal para continuar con el proceso.
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Denuncia ante el Jury
El mismo día, Romero Marcón y Binante presentaron una denuncia ante la Presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba. Solicitaron la apertura de un procedimiento de remoción y la suspensión preventiva de Escudero.
Apuntaron, entre otros aspectos, a que el magistrado continuaría figurando en internet como integrante de un estudio jurídico privado, pese a desempeñarse como camarista penal. Los denunciantes invocaron la incompatibilidad prevista en el artículo 156 de la Constitución provincial para los magistrados en actividad.
