Los nombramientos en el Palacio 6 de Julio siguen ocasionando ruidos en la transición municipal. El peronismo en el Concejo Deliberante insiste con los pedidos de informe por los casos que se vienen produciendo desde principios de este año y apuntando a algunos funcionarios de peso en el ámbito del Municipio, como así también dentro de la UCR y algunos aliados.
De acuerdo con lo presentado por la oposición, los cargos ocupados en el último tiempo van desde jueces de falta, hasta el ESyOP pasando incluso por Tamse, donde se habrían producido ingresos por los que algunos en el seno del peronismo del Concejo califican la situación como “un agujero negro”. “No nos llega la información oficial por eso el pedido de informes, pero sabemos que están metiendo gente”, reconocieron a PERFIL CÓRDOBA desde la oposición en el legislativo municipal.
Confluencia, al tope. El núcleo interno del radicalismo que lidera el intendente Ramón Mestre es una de las usinas más generadoras de nombramientos en el ámbito municipal. Confluencia cuenta con diez casos de agentes nombrados el 20 de diciembre del año pasado para la Secretaría de Modernización que encabeza Marcelo Cossar.
Se trata de una decena de integrantes de Confluencia que fueron confirmados en planta permanente y entre los cuales se encuentran una madre y su hijo -Elena Molinari y Emanuel Curetti, ambos de San Vicente-; y está también Florencia Menchini, prima de Facundo Cortés Olmedo, mestrista puro que es vocal del Ersep.
Otro de los casos es el de Paulina Daroz, cercana a Vanesa Pinto, esposa de Lauro Cossar, el hermano del funcionario. Pinto viene siendo contratada desde el 2015. Aunque el último contrato por tiempo determinado tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año en la Dirección de Juventud, Empleo y Capacitación laboral.
Un nombre donde también puso la lupa la oposición en el Concejo es el de Valentín Sapp, hijo de Alfredo, actual presidente del ESyOP y excompañero de fórmula en la elección municipal de Rodrigo de Loredo. Sapp, uno de los que confrontó con el líder del Suoem, Rubén Daniele, sobre quien se dijo que “lo había jubilado”, nombró a su hijo en el Tribunal de Cuentas que él mismo supo presidir.
Otros dirigentes con peso. El mestrismo no es el único núcleo del radicalismo al que apuntan en el PJ. En uno de los últimos pedidos de informe presentados por los concejales Santiago Gómez, Pablo Ovejeros y Nadia Fernández el 11 de octubre pasado también se solicitó al Ejecutivo el detalle de dos nombramientos: los de los agentes Ignacio Sabadini y Carlos Nicolás, ambos englobando una suma cercana al 1,3 millón de pesos.
Sabadini es un militante de la seccional 14 y Nicolás es familiar de Miguel Nicolás, actual legislador y líder del núcleo Fuerza Renovadora. En el pedido de informes los ediles solicitan saber cuáles son las tareas realizan, qué horario cumplen y cuál fue la urgencia de la Justicia Administrativa de Faltas para justificar ambas contrataciones.
Sendos nombramientos de los abogados con vigencia entre marzo y diciembre de este año y llevadas adelante por Ramón Ortega desde el Tribunal de Faltas.
En tanto, el otro nombramiento que cuestionó en su momento la oposición fue el de Matías Balussi, quien había quedado quinto en orden de mérito en una nómina de designaciones encabezada por Daroz, pero que finalmente llegó a ser nombrado planta permanente en el Municipio. El dato sobresaliente es que la madre de Balussi es Yris Uyua, la subsecretaria de Recursos Humanos en el Palacio 6 de Julio que terminó nombrando a su propio hijo.
Tamse, el ESyOP y Cultura. El 7 de octubre pasado el peronismo en el Concejo presentó un pedido de informes para conocer cuál es la situación de Tamse.
Concretamente, solicitaron la nómina completa de la empresa de los trolebuses -cargos y fecha de ingreso- y el monto total de los subsidios que la Municipalidad giró a Tamse en los últimos cuatro años.
En plena transición, el foco el PJ también lo pone en la empresa de trolebuses porque entienden se estaría produciendo una situación similar a la del ESyOP, donde no se conoce que hacen alrededor de 200 personas que cobran un salario, pero de las cuales se desconoce su función.
Por último, el 27 de septiembre pasado el PJ, con la firma de los ediles Gómez y Ovejeros volvió a poner la mira en Cultura con un pedido de informes acerca de la figura de contrato de locación que existen en el área que encabeza Francisco Marchiaro. Pidieron un listado con la nómina completa de contratados bajo esa figura y los montos que perciben. Como ejemplo, antepusieron dos contratos de esas características donde cuyos montos oscilan entre los 215 mil y los 378 mil pesos.
En tanto, insistieron sobre los supuestos nombramientos de jefes en áreas de la secretaría que no tienen más de un empleado o becario.
