La provincia de Córdoba se está consolidando como una economía de crecimiento sostenido que, sin embargo, no logra permear este resultado al conjunto de la sociedad. Así lo refleja el Índice de Desarrollo Sostenible Provincial (IDSP), que acaba de presentar el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Argentina.
Sobre un total de 24 jurisdicciones, Córdoba aparece rankeada en la posición 14, con un valor de IDSP de 0,541 que la ubica a la mitad de la tabla, liderando el pelotón de jurisdicciones de las regiones NOA y NEA (que tradicionalmente fueron menos desarrolladas), pero alejándose de las provincias del Centro más pujantes, como Mendoza (posición 3), San Luis (4), Entre Ríos (7), Buenos Aires (9) y Santa Fe (10).
El IDSP es una herramienta de gran valor en momentos en los que las estadísticas oficiales que relevan la pobreza en la provincia están sometidas a fuertes cuestionamientos, según sea la autoridad que las evalúe.
Esta herramienta del PNUD tiene una metodología más holística, dado que evalúa tres dimensiones: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental. A su vez, cada dimensión se desagrega en un conjunto acotado pero representativo de subdimensiones y variables.
“El IDSP es una primera aproximación a la situación del desarrollo sostenible a nivel subnacional”, señala el doctor Rubén Mercado, senior economist y director del Informe Nacional sobre Desarrollo Humano, del PNUD.
Lo relevante de “leer a Córdoba” a través de la óptica del IDSP es que empieza a enlazar la realidad provincial con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es la nueva ruta que se consensuó en el seno de la ONU. Según esta perspectiva, no se puede hablar de desarrollo si no se articula de modo virtuoso el crecimiento con la inclusión y el cuidado del ambiente.
El subíndice de crecimiento económico se compone de dos variables principales: el ingreso per cápita, que en el caso de Córdoba está entre los más elevados del país, y el capital humano. Este último se mide por el porcentaje de la fuerza de trabajo con altos niveles de calificación, el cual también pone a Córdoba entre los más elevados.
“Pero, como es bien sabido, no siempre el crecimiento impacta correlativamente en la inclusión social, particularmente en el corto plazo, algo que se relaciona con el tipo de empleo que se genera, que a su vez depende del tipo de estructura productiva que se está desarrollando. Esta es una hipótesis general, que habría que profundizar en el caso de Córdoba”, advierte el doctor Mercado.
En efecto, a pesar de este buen desempeño económico, en materia de inclusión social la provincia se ubica entre las 10 jurisdicciones con más bajo subíndice: Córdoba tiene un valor de 0,443; siendo las tres más comprometidas en esta materia Corrientes (0,273), Chaco (0,294) y Formosa (0,297). En el otro extremo de la tabla de inclusión social, aparecen provincias mejor posicionadas como Entre Ríos (0,592), Mendoza (0,521), San Luis (0,493) o Santa Fe (0,460).
¿Qué mide exactamente este indicador? Lo explica Mercado: “El subíndice de inclusión social se compone de cuatro variables principales referidas a la pobreza relativa (medida como el porcentaje de población cuyo ingreso está por debajo del 50% de la mediana de la distribución), el empleo, la salud (medida por la mortalidad infantil de los menores de 5 años) y la educación (medida por el porcentaje de población escolarizada entre los 14 y 18 años)”. Según enfatiza el especialista del PNUD, “es este último subindicador el que tiene un desempeño menos favorable en Córdoba”.
Acceso a la educación en los segmentos adolescentes, un factor crucial a la hora de incluir, sobre el cual también enciende señales de alarma la Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba (ADEC).
"En el Gran Córdoba el 42% de la población mayor a 18 años no cuenta con estudios secundarios completos, a la vez que el 15% de la población entre 14 y 24 años no estudia ni tiene acceso al mercado laboral. Esta situación representa un problema para el empleo en el futuro, en el marco de una economía basada en el conocimiento y el uso intensivo de tecnología, que exige de manera creciente de ciudadanos con elevados niveles de calificación", afirma el vicepresidente primero de ADEC, Sebastián Parra.
Esta realidad que empieza a develar el IDSP es un faro que permitiría reorientar las decisiones de gobierno. “Todas las políticas que apunten a reducir la pobreza, especialmente ampliando las oportunidades de empleo formal, y a mejorar la retención educativa de los adolescentes, contribuirían a mejorar la inclusión social en la provincia”, señala el economista del PNUD.
Para el ejercicio 2017, el gasto social presupuestado por la Provincia para servicios de promoción y asistencia social, salud, educación, trabajo y vivienda ascendió a unos $59.000 millones, poco menos de la mitad del total de las erogaciones del año. Para el mismo periodo, Santa Fe destinó al gasto social $47.657 millones. Mientras Córdoba obtuvo un valor en el subíndice de inclusión de 0,443, Santa Fe consiguió un 0,460.
“Si hay un gasto significativo pero los resultados no son satisfactorios, el problema podría estar en la orientación y en la eficiencia en la asignación del mismo”, apunta el doctor Mercado.
¿Podrá Córdoba incorporarse a un proceso de desarrollo sostenible? "Tal como lo entendemos desde Naciones Unidas, las perspectivas mejorarán en tanto y en cuanto se trabaje simultáneamente y explotando las sinergias posibles entre el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental, una tarea que requiere de mucha información y de un diseño creativo de políticas de modo de explotar las complementariedades que existen entre dichas dimensiones, a la vez que mitigando los trade-offs o conflictos que no pocas veces surgen entre ellas", afirma Mercado.
Foco en el gasto social. Uno de los objetivos que llevó al PNUD a construir el Índice de Desarrollo Sostenible Provincial (IDSP) es “estimular la recolección de información pertinente y de buena calidad a niveles provinciales, algo en lo que Córdoba podría avanzar significativamente”, señala el responsable del IDSP, Rubén Mercado. Por ello es que resulta determinante saber qué sucede con la ejecución del gasto social de la Provincia.
Según un análisis realizado por la legisladora Liliana Montero (Córdoba Podemos), sobre la Cuenta de Ejecución Presupuestaria del primer semestre de este año, “al menos 34 programas sociales y de inclusión fueron subejecutados con menos del 40% del presupuesto comprometido”.
Al mismo tiempo, “se registró un sobrejecución de las partidas previstas para las Agencias del Estado, las cuales manejan dinero sin control democrático”. De acuerdo al destalle de su investigación, los programas subejecutados son los que están destinados a atender las problemáticas más graves y a las personas más vulnerables de la provincia: niñez, violencia familiar, adicciones, nutrición y medioambiente. “Cuando, a la par, ya se gastó el 90% de los $600 millones presupuestados para publicidad y propaganda”, advierte Montero.
Según la legisladora, en la gestión de los recursos del Estado se ha afianzado un modus operandi que entraña cuatro grandes problemas: “El presupuesto dejó de ser ‘la ley de leyes’, hoy nada nos dice acerca de cuáles son las políticas públicas que está llevando adelante el gobierno”, afirma. Y agrega: “En algunos casos hay subejecución de partidas y en otros, desvíos a fondos específicos.
Adicionalmente, está claro que la plata se está quedando en la cadena de la burocracia estatal, de la contratación de servicios o en la distribución de esos fondos, porque no está llegando donde debe llegar”. Para Montero, “lo grave es que el monto asignado a muchos de estos programas, al no ser ejecutados, pasan a engrosar el FUCOR (Fondo Unificado Córdoba) y a atender cuestiones que nada tienen que ver con lo que manda la ley”.
Los magros resultados de Córdoba en el IDSP en materia de inclusión se vuelven consistentes cuando se advierte que programas como Salas Cuna fue ejecutado en 34%, Mejoramiento De La Educación Rural, 11%; Finalización de Estudios para Jóvenes y Adultos (Fines), 0,7%; Asistencia y Reinserción Social del Liberado, 0%; Contención y Protección de Víctimas del Narcotráfico, 7%.
“No hay políticas de evaluación de impacto y ahora se creó un Observatorio de Políticas Sociales, que está conducido y controlado por miembros del propio Poder Ejecutivo”, señala Montero. Y apunta dos temas más acuciantes aún: “En tanto y en cuanto no diseñamos programas donde la utilización partidaria, ‘punteril’ y política desparezca vamos a seguir teniendo mucho presupuesto, pero lo que llegará a la gente no será lo que debe llegar”. Además, “hay una nueva realidad –sostiene– el puntero político, que no deja que el dinero del gasto social llegue a sus pares si no pasa por él, está generando una simbiosis con la figura del líder narco”.
