Los tribunos de cuenta electos Fernanda Leiva y Beltrán Corvalán (Juntos por el Cambio) presentaron este jueves una “acción de inconstitucionalidad” ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en rechazo a las reformas en el Tribunal del Cuentas aprobadas por la Unicameral.
Argumentos
Leiva afirmó que la normativa sancionada “es una ley que excluye, que cercena, que limita la facultad que tiene el Tribunal de Cuentas de la Provincia de controlar el gasto público”.
“ Antes de que se realice el gasto por parte del gobierno de la Provincia que puede ser un gasto ilimitado, excesivo, desmesurado, el Tribunal de Cuentas lo puede evitar, lo puede corregir, lo puede modificar, revisar”, sostuvo en declaraciones a Mitre Córdoba.
“ El presidente del Tribunal de Justicia, Domingo Sesín, en unas jornadas sobre el control de la administración pública dijo de manera clara e inteligente que el pueblo exige que los órganos de control actúen de manera efectiva porque si el perjuicio es millonario no hay patrimonio personal de funcionario público que lo pueda reparar. Por eso la importancia de que nosotros controlemos preventivamente”, argumentó.
Los tribunos de Cuentas @LeivaMF y @BeltranCorvalan presentaron acción de inconstitucionalidad de la Ley 10.930 que introdujo "cambios sustanciales en el funcionamiento del Tribunal de Cuentas Provincial, afectando especialmente el control preventivo". pic.twitter.com/oqyrjg10Aw
“Esta ley ha evitado ese control. Por eso presentamos esa declaración de inconstitucionalidad. No vamos a poder controlar los monotributos que realice el Estado provincial, van a poder contratar a cualquier persona y por el precio que se les ocurra, no vamos a poder controlar las contrataciones directas, la compra de pasajes aéreos al exterior, los gastos en combustible, los convenios económicos”, precisó Leiva.
“La ley excluye expresamente del control todas estas actividades administrativas del Estado”, enfatizó Leiva al tiempo que dijo que “no” podrán “controlar las agencias”.
“La Constitución provincial dice en el artículo 127 que la facultad del Tribunal de Cuentas es intervenir preventivamente en todos los actos administrativos que impliquen gastos, no en los que a ellos se les ocurran, no en los que ellos quieran”, aseguró la tribuna electa.
“Se han invertido los principios democráticos. El Estado que es el controlado, nos dice qué es lo que debemos controlar y cuándo controlar. Es de una gravedad institucional nunca vista”, concluyó Leiva.
El legislador Leonardo Limia (Hacemos por Córdoba) consideró al momento de defender los cambios en el órgano de control que el proyecto viene a “modernizar la actual ley vigente del Tribunal de Cuentas, que es una ley de 1987”.
Limia explicó a Radio Universidad en esa oportunidad que “la ley quedó desactualizada por todos los avances de la tecnología, de los procedimientos, de la digitalización”.
“El Tribunal de Cuentas al controlar a los tres poderes del Estado”, tiene que estar “en sintonía” con los tres poderes que “han avanzado en sus procedimientos”, agregó.
Además argumentó que “el Tribunal de Cuentas es uno de los pocos que tiene el control preventivo y posterior de los gastos del Estado. Acá lo que se está haciendo es mantener los controles de los gastos, no hay gastos que queden fuera de control, no va esa cuestión que se dejan de controlar los gastos”.
“Hay algunos gastos que entran por el control preventivo y otros que entran por el control posterior, pero todos los gastos del estado pasan por el Tribunal de Cuentas”, enfatizó.
