La situación en el PAMI de Córdoba desbordó todos los márgenes habituales de demora y deterioro. Desde diciembre de 2025 y de manera sostenida hasta hoy, los afiliados se enfrentan a cupos agotados en estudios diagnósticos y a turnos diferidos que en algunos casos superan los cuatro meses. El sistema, que atiende a más de 5,5 millones de jubilados en todo el país, muestra en la provincia mediterránea sus fisuras más profundas: clínicas al límite financiero, municipios que absorben la demanda que el organismo no cubre y trabajadores que reciben el impacto emocional de una población sin respuestas.
Susana Núñez, secretaria de Finanzas de la seccional 6 de PAMI del gremio UTI (Unión de Trabajadores del Instituto), describió el mecanismo concreto del colapso en diálogo con el programa Punto y Aparte, de Punto a Punto Radio 90.7. "Lo que ha pasado es que se han limitado los cupos de los estudios en todas las clínicas", explicó.
La cadena de eventos que sufre el jubilado es precisa: el médico de cabecera receta un estudio, el paciente saca turno en la institución correspondiente, llega el día de la consulta y se encuentra con que el cupo para esa clínica ya se agotó. "El jubilado tiene que venir al PAMI para conseguir una orden de prestación para que pueda autorizarse", detalló Núñez. En ese nuevo filtro, la prioridad la tienen los casos preoperatorios y oncológicos, mientras que el resto queda en una lista de espera indefinida.
"Cuatro meses es una barbaridad, totalmente", admitió Núñez, y precisó que el origen del problema radica en el sistema de cupos impuesto por clínica y por tipo de prestación: desde una radiografía hasta cualquier otro estudio, la cantidad de autorizaciones diarias tiene un techo que se alcanza rápidamente.
Pagos en cuotas y aranceles congelados
El desfinanciamiento del sistema tiene una raíz clara: el PAMI no paga el total de las facturas que presentan las clínicas sino una fracción, y en diferido. "No es que PAMI no esté pagando; está haciendo cuotas de un pago, no del total, pero va pagando y se va viendo el atraso. Puede pasar al mes siguiente o al subsiguiente algún pago de la prestación", explicó Núñez.
Sobre las causas políticas, fue directa: "El presupuesto PAMI está dependiendo del Ministerio de Economía. Están basándose en que hay muchas auditorías, cosa que puede ser cierto, con muchas irregularidades, y están en este control estricto, demasiado estricto".
La perspectiva de las clínicas corrobora y amplía ese diagnóstico. Ignacio Escuti, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la Provincia de Córdoba (ACLISA), señaló que el organismo dividió las facturas en dos pagos: uno alrededor del día 20 del mes y otro veinte días después, lo que generó tensión financiera en cada institución. Pero la situación de fondo es más estructural: los aranceles que paga el PAMI por las prestaciones no se actualizaron en los últimos tres años al ritmo de los salarios, los honorarios médicos ni los insumos.
PAMI: deuda de $500.000 millones, cortes de servicios y sistema de salud tensionado
Escuti advirtió que el nuevo sistema capitado limita la cantidad de atenciones, algo que calificó como contraproducente en todo sentido, y remarcó que cuando un paciente que necesita atención no va al médico, su cuadro se agrava y los costos posteriores son mucho mayores.
Las consecuencias ya son materiales e irreversibles en algunos casos. El Sanatorio Sudeste de Marcos Juárez cerró, dejando sin cobertura cercana a unos 5.000 afiliados del PAMI, que deben trasladarse unos 120 kilómetros hasta Villa María para acceder a atención. Para Escuti, ese cierre no es un caso aislado: sostuvo que la situación se seguirá produciendo si las condiciones no cambian, dado que los insumos, honorarios y sueldos continúan aumentando mientras el principal financiador del sistema no ajusta los precios a la realidad del costo de la prestación.
Empleados sin paritaria y jubilados que agreden
El deterioro del servicio tiene una cara humana que los trabajadores del organismo soportan en primera línea. Núñez describió con crudeza el clima cotidiano en las oficinas de atención: "El jubilado viene con mucha carga emocional, con mucha razón. Los chicos hacen todo lo que pueden, no se puede más, no se da abasto tampoco".
Las escenas de jubilados llorando en salas de espera se replicaron esta semana en imágenes televisadas. Y la tensión escala más allá de las lágrimas: "Allí demás puede haber habido hasta una agresión física a un compañero de trabajo", reveló la sindicalista. Ante esa situación, el gremio tomó una medida simbólica pero necesaria: pegaron carteles en las oficinas aclarando que los empleados no son responsables del colapso del sistema.
Los trabajadores tampoco reciben respuestas en el plano laboral. "Todo el año 2025 no hemos tenido ninguna paritaria", señaló Núñez. "El empleado es el que más sufre, el que atiende al público." La pérdida de poder adquisitivo se acumula sobre el desgaste de una tarea que se vuelve cada vez más conflictiva.
"Esperemos que mejore en algo, porque la clase pasiva está muy sufrida y es la más castigada. Y también un grupo de trabajadores en todo el país sufre esto porque es el que atiende al público y también ve que su salario está perdiendo mucho valor", cerró Núñez.
