Pasaron tres décadas desde la sanción de la Carta Orgánica Municipal (COM) de Córdoba. Redactada por 64 convencionales constituyentes elegidos por el voto popular, fue sancionada el 6 de noviembre de 1995 y publicada dos días después, durante la intendencia de Rubén Martí. Esta capital se convirtió así en la segunda ciudad de Sudamérica con más de un millón de habitantes en dotarse de una norma fundamental propia, solo precedida por la Lei Orgânica do Município de Curitiba, aprobada en 1990.
El texto representó una apuesta valiente: propuso una nueva institucionalidad basada en autonomía, descentralización, transparencia, derechos locales y participación ciudadana. Sin embargo, a 30 años de aquel hito, la enorme mayoría de los vecinos desconoce la existencia de la COM y varias de las instituciones que creaba jamás se implementaron. Tampoco hubo una adecuación de su contenido a los cambios demográficos, tecnológicos, sociales y económicos que transformaron a la ciudad en este tiempo.
No es difícil inferir, entonces, que aquella Carta Orgánica aún no logró convertirse en la herramienta viva de construcción colectiva que prometió ser, ni cumplió en toda su potencialidad el objetivo de promover una gestión más autónoma. Por todo eso, el debate sobre su eventual reforma ya está en marcha.
El debe y el haber
La COM permitió a la ciudad dictar sus propias normas de planeamiento urbano. Por ella, el municipio pudo definir el uso del suelo y planificar su crecimiento dentro del ejido, sin depender directamente de la legislación provincial. También reconoció la potestad tributaria y financiera, lo que derivó en la actualización del Código Tributario Municipal y en la administración local de tasas e impuestos. Además, dispuso la creación del Tribunal de Cuentas Municipal, órgano de control externo que se consolidó como instancia de fiscalización y auditoría sobre el uso de los fondos públicos.
En materia de participación, aunque no creó los CPC (la ordenanza 8816 data de 1992 y los primeros fueron inaugurados en 1994), la Carta Orgánica los incorporó oficialmente al esquema de gobierno municipal, reconociéndolos como unidades de gestión y transformándolos en una pieza institucional clave para la descentralización, aunque su potencial dista de haberse desplegado plenamente.
Lo mismo ocurre con el presupuesto participativo: la COM habilitó la posibilidad de que los vecinos intervinieran en la definición de prioridades de inversión pública, pero la participación real sigue siendo baja y limitada a espacios consultivos, con escasa incidencia efectiva en las decisiones municipales. Así lo señala el informe Monitoreo Ciudadano de Políticas Públicas de Córdoba (Asociación Civil Nuestra Córdoba, 2023).
Otro estudio de ese mismo año —Índice de Transparencia Activa en Municipios Argentinos, de la Fundación Poder Ciudadano— reveló que varios capítulos, como la publicación del origen y destino de fondos partidarios, la existencia de terminales de acceso público o la obligación de rendir cuentas mediante audiencias públicas, figuraban como “no cumplidos” o “parcialmente cumplidos”.
En los dos años transcurridos desde esos informes, la estructura institucional no se modificó sustancialmente. Hubo algunos avances en transparencia y gobierno abierto —como la digitalización de trámites o la publicación de datos presupuestarios—, pero el escenario general mantiene los mismos desafíos estructurales que hace tres décadas.
Autonomía pendiente
La autonomía municipal plena tampoco se ha alcanzado. En materia de regulación de servicios públicos esenciales, la COM habilitaba la creación de entes municipales de control, pero eso nunca se concretó y los servicios continúan bajo la órbita del Ersep, de jurisdicción provincial.
Antonio María Hernández, presidente de la Convención Municipal Constituyente de 1995 y especialista en Derecho Constitucional, recordó que “tampoco se reglamentó la institución del Tribunal Administrativo Municipal Fiscal”. En efecto, la COM preveía la creación de una instancia local y autónoma que permitiera a los ciudadanos impugnar decisiones tributarias desde una jurisdicción especializada, pero ese organismo jamás fue implementado.
Para Hernández, otra grave falta es la no implementación del Consejo Económico y Social de la Ciudad, previsto en el artículo 149 de la COM.
El bolsillo también vota y puede ser determinante
“Los lineamientos que establecieron un proyecto político de la ciudad para el siglo 21 —en cuanto a principios de gobierno y políticas especiales: protección del medio ambiente, derechos humanos, pluralismo, identidad cultural y trabajo digno— no se cumplieron adecuadamente”, agregó quien también fuera convencional constituyente a nivel federal y provincial, en diálogo con Perfil Córdoba.
Pero el cumplimiento parcial de las metas de la COM no se explica solo por voluntad política –o la falta de ella–, sino también por el desconocimiento de la ciudadanía. Según la Encuesta de Cultura Constitucional en Córdoba (Poliarquía Consultores, 2023), el 86% de los habitantes ignora la existencia o el contenido de la Carta Orgánica. Y una norma que la mayoría desconoce difícilmente pueda convertirse en una herramienta viva de control y participación.
Reformar o cumplir
La participación digital, la gestión territorial de los nuevos barrios, el control ambiental integrado, la gobernanza metropolitana y la justicia urbana fueron retos que, en 1995, se anticiparon de manera conceptual, pero que requerían actualización constante. Eso no sucedió, y hoy cobra fuerza la postura de una reforma.
Hace un año, la Municipalidad de Córdoba presentó el estudio “Resetear la participación para recuperar la legitimidad”, con la finalidad de reabrir la discusión sobre una posible actualización de la COM. “Nosotros juramos por esa Carta Orgánica, pero también está la oportunidad de dar la discusión de su adecuación”, dijo en aquella oportunidad el intendente Daniel Passerini, quien pretende que el nuevo texto tenga una fuerte impronta ambiental, incorporando principios de la encíclica Laudato Si’, del Papa Francisco.
Para Jorge Gentile, otro de los convencionales del ’95, la reforma es urgente y una de las necesidades más acuciantes es “dividir la ciudad en comunas”, al estilo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba). Lo justifica con datos: “Córdoba Capital tiene una superficie de 576 kilómetros cuadrados, 554 barrios, 365 centros vecinales y aquí viven 1.500.000 habitantes. Caba, que está dividida en 15 comunas, tiene solo 200 kilómetros cuadrados y tres millones de personas”.
Hernández, en cambio, considera que antes de reformar la COM hay que “hacer que se cumpla”. Además, advierte que “primero habría que modificar el artículo 183 de la Constitución Provincial”, que regula los requisitos para las cartas orgánicas municipales, especialmente el inciso que otorga al partido más votado la mitad más uno de los concejales.
Lo cierto es que, treinta años después, la pregunta que vuelve no es solo si Córdoba necesita otro marco normativo, sino si está dispuesta a cumplir, de una vez por todas, el pacto cívico que aquella Carta de 1995 todavía encarna.
Convocatoria a reflexionar y repensar la ciudad
En el marco del 30º aniversario de la sanción de la Carta Orgánica Municipal, la Fundación Mayéutica Argentina, presidida por su fundador Roberto Carlos Espinosa, convoca a un encuentro que busca reflexionar sobre los desafíos actuales y futuros que enfrenta Córdoba y su Área Metropolitana.
Se abordarán temas como: crecimiento urbano, sostenibilidad ambiental, innovación tecnológica, equidad, movilidad, seguridad y desarrollo social.
La cita, con entrada libre y gratuita, es mañana lunes a las 18 en el Hotel César Carman, ubicado en Av. Sabattini 459.
La Fundación Mayéutica propone construir una agenda colaborativa con amplia participación ciudadana, integrando voces de los sectores público, privado, académico y organizaciones de la sociedad civil.
