La Cámara Civil de Villa Dolores, presidida por el juez Facundo Daniel Gil postergó por 60 días un fallo que se esperaba en forma inminente. Se trata de la demanda civil interpuesta por la familia de Delia Gerónimo Polijo, la adolescente de 14 años desaparecida en septiembre de 2018 en Traslasierra. Luego de un proceso que incluyó un fallo condenatorio contra la Provincia en primera instancia, el tribunal de Alzada dispuso el 23 de julio pasado la prórroga por la "envergadura" y "complejidad" de las cuestiones a resolver.
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Una demanda por negligencia de autoridades escolares
La cronología judicial en el Fuero Civil se remonta a septiembre de 2021, cuando los padres de Delia, Mario Gerónimo Jara y Modesta Polijo Rodríguez, demandaron al Gobierno de Córdoba. El eje del reclamo fue la responsabilidad objetiva del IPEM 137 de la localidad de La Paz: los padres sostuvieron que las autoridades escolares permitieron que la menor se retirara sola del establecimiento a las 16:00 —dos horas antes del horario habitual— sin dar aviso a su familia, dejándola desprotegida en un trayecto de seis kilómetros hasta su casa, por zona rural.

El fallo de primera instancia: victoria parcial para la familia
El 20 de mayo de 2025, la jueza Sandra Elizabeth Cuneo dictó sentencia e hizo lugar parcialmente a la demanda. La magistrada ratificó que Delia estaba bajo "guarda escolar" y que el colegio incumplió los protocolos al permitir un egreso irregular sin autorización de los padres.Condenó a la Provincia a pagar $14.3 millones y $5 millones a cada progenitor por daño moral. Sin embargo, la jueza rechazó la demanda en concepto de "daño psicológico" como rubro autónomo, considerándolo subsumido dentro del daño moral.
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Las posiciones en pugna ante la Cámara
Tanto la familia como la Procuración del Tesoro apelaron la resolución, planteando argumentos diametralmente opuestos que ahora debe dirimir la Cámara.
Por una parte, los padres -representados por el abogado Germán Romero Marcón- calificaron la indemnización de "irrisoria". Exigen que el daño psicológico sea reconocido de forma independiente al moral, citando pericias que confirman un "duelo patológico severo". Para la cuantificación, piden tomar como referencia el "caso Joaquín Sperani" , donde se otorgaron $80 millones por progenitor en un contexto de negligencia escolar similar; además de los otros rubros. Joaquín es el adolescente asesinado por un compañero en Laboulaye, también en horario escolar.
El Procurador del Tesoro, Mariano Armando Andruet, solicitó el rechazo total de la demanda. El Estado sostiene que la desaparición fue un "hecho de un tercero" imprevisible y que ocurrió fuera del ámbito de control del colegio. Además, impugnaron la tasa de interés aplicada, argumentando que genera una "sobrecompensación" que excede la inflación real.
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¿Qué se espera ahora?
Con la prórroga de 60 días dictada por el vocal de Cámara Facundo Gil, se espera que el tribunal se pronuncie sobre la adecuación de los montos resarcitorios a valores actuales y sobre la naturaleza jurídica de los daños reclamados.
Mientras el Estado busca eludir la responsabilidad bajo la figura del caso fortuito, la familia Polijo aguarda una "sentencia ejemplar" que, además de la reparación económica, actúe como un mensaje sobre el deber de cuidado que las instituciones públicas deben garantizar a los menores de edad en democracia.
En el plano penal, Delia Polijo que hoy tiene o tendría 22 años de edad permanece desaparecida. Su búsqueda sigue activa en el Sistema Federal Sifebu, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Nada se sabe de ella y su familia teme que las autoridades judiciales y policiales hayan declinado la búsqueda por el mero paso del tiempo.