La crisis sanitaria por el COVID-19 y la aplicación de una cuarentena obligatoria desde hace tres semanas modificó la vida cotidiana y laboral en todo el país. El funcionamiento habitual de tribunales también se vio afectado por la situación y se tuvo que implementar un sistema de emergencia para garantizar el servicio de Justicia. A pesar de las críticas, principalmente de abogados, quienes sostienen que su actividad se ha visto disminuida y limitada, desde el Poder Judicial afirman que han hecho todos los esfuerzos para respaldar, garantizar y brindar transparencia a un servicio básico de acceso a la Justicia. En ese sentido, Sebastián López Peña, uno de los vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dialogó con PERFIL CORDOBA y sostuvo que “el servicio de Justicia está garantizado desde el día uno de la cuarentena. Todos los funcionarios y magistrados están realizando teletrabajo. Los asesores penales están en actividad, algunos presenciales y otros desde sus casas y de esta manera garantizamos que estén las 24 horas trabajando. Además, se estableció con el Servicio Penitenciario un sistema de video llamadas que funciona de lunes a lunes. En estas semanas hemos realizado indagatorias o juicios abreviados por videoconferencias, hasta en un Viernes Santo”. Si bien reconoce las limitaciones del caso, y que han tenido que adaptarse a la emergencia casi sobre la marcha, López Peña considera que están haciendo todos los esfuerzos para ir sumando actividades: “Frente a la contingencia tuvimos que empezar con muchas restricciones, pero la intención es ir ampliando las actividades. Hemos ido afectando cada vez más fiscales presenciales para colaborar en esta circunstancia. En Tribunales 2 creamos una nueva alcaldía para que todos los procedimientos pasen por ese lugar y se ha protegido a los empleados judiciales con un corredor sanitario. Además, instalamos una sala de video llamadas para que se puedan comunicar con fiscales y secretarios”. Algunos abogados cuestionan la transparencia de las videos conferencias en los juicios o en las indagatorias, aunque en este punto López Peña es contundente: “El sistema es transparente y seguro”. En este tema se detiene para explicar el procedimiento. “Se instala una aplicación llamada Cisco. En este caso la instala el juez, el secretario, el fiscal, el abogado y también está instalada en los Servicios Penitenciarios. Allí se hace un seguimiento de la audiencia y se graba todo. Luego, el juez está en condiciones de dictar una sentencia”, señala. López Peña admite que el Poder Judicial no es indiferente a la crisis: “Esto nos complicó a todos. Por ejemplo, la recaudación de la tasa de justicia cae abruptamente y con esa tasa se pagan los gastos corrientes. No somos ajenos al problema”.
“Por la tecnología seguimos funcionando”
Marcelo Hidalgo, fiscal coordinador de la Unidad Fiscal de Atención Inmediata y de la Oficina de Fiscales de Violencia Familiar, defiende el trabajo que vienen realizando durante la cuarentena. “Llevamos adelante un plan de contingencia que posibilita, a través de los medios tecnológicos disponibles, el acceso al sistema de Justicia, sin perjuicio de toda la actividad presencial que se viene desarrollando en distintas dependencias judiciales. Y todo se hace con el asesoramiento de especialistas en higiene y seguridad del trabajo”. Hidalgo sustenta sus afirmaciones en estadísticas. “En muy poco tiempo tuvimos que instalar nuevas prácticas y herramientas. La UFAI funciona las 24 horas, todos los días. Las tareas presenciales se desarrollan de lunes a lunes de 8 a 20. Durante la noche, de 20 a 8 se trabaja de modo remoto en coordinación con todas las Unidades Judiciales. Desde su puesta en funcionamiento se han receptado más de 200 casos y resuelto la situación de más de 250 personas aprehendidas. El 17 de marzo había aproximadamente 500 personas detenidas en la UCA y en la actualidad no superan las 300 personas”, señala el funcionario. Respecto a quiénes están prestando estos servicios,desde Fiscalía General afirman que los equipos de trabajo presenciales están compuestos por funcionarios que trabajan bajo un esquema de rotación sanitaria. Hidalgo asevera que este inédito sistema de trabajo “permite garantizar el derecho de las personas aprehendidas, quienes de manera inmediata tienen posibilidad de acceder al contacto con defensores, tanto sea por video conferencia como por vía telefónica, dando aviso de su situación a otras personas de su confianza. Además, se optimizan las condiciones de salubridad, tanto para el personal como para las personas detenidas”.
