Si mañana el ciudadano cordobés ‘Juan Pérez’ decide buscar por Internet cuál es el estado de la licitación de los tramos de gasoductos que faltan construir, chequear la declaración jurada de los funcionarios participantes, conocer si en el historial profesional de esos funcionarios hay cruces con las empresas oferentes o informarse sobre quiénes serán los agentes financiadores… y, posiblemente, Pérez sufra alguna frustración. Nada de esa información hoy está disponible en un portal oficial de la Provincia de Córdoba.
Así como no se informa sobre políticas proyectadas, tampoco hay información relevante sobre lo ya actuado: por ejemplo, sobre cuál fue el destino del financiamiento chino fallido que debía llegar para la misma obra.
Si todo esto es tarea de gobierno, muchos se preguntarán ¿por qué debería colgarse en Internet? Por dos razones fundamentales: los paradigmas de gobernanza han cambiado radicalmente en todo el mundo; adicionalmente, las políticas públicas son cada vez más un tema de la ciudadanía y no sólo de los funcionarios y los políticos.
Desde el 2012, Argentina está adherida a la movida mundial –nacida en el seno de la ONU a iniciativa de EE.UU. y Brasil– llamada "Alianza para el Gobierno Abierto" (AGA). El AGA, que ya tiene 75 países miembros, busca mejorar el desempeño y la calidad de los gobiernos.
Este año, la Dirección de Gobierno Abierto de la Provincia de Córdoba se comprometió a sumar una meta provincial al Plan de Acción Nacional de Argentina ante AGA, durante los años 2017 a 2019. Vale decir: Córdoba ya está formalmente en la jugada. El tema es indagar cuánta decisión efectiva hay de empezar a mover el balón.
De qué hablamos. La transparencia es el primer paso, pero no lo es todo. “El Gobierno Abierto va más allá del mero acceso a la información de la publicación de los datos. Se trata de abrir las puertas del Estado y lograr una relación interactiva con el ciudadano, esperando recibir feedback e inclusive lograr la participación ciudadana en la toma decisiones de política pública que nos afectan directamente”, explica Agustina Palencia, coordinadora del Área de Fortalecimiento Democrático y Calidad Institucional, de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps).
“Nuestra experiencia respecto del gobierno provincial tiene dos frentes –describe Palencia–, por un lado, hemos hecho innumerables pedidos de acceso a información que nunca tuvieron respuesta; por otro, iniciamos este año un contacto con la Dirección que tiene a su cargo Gobierno Abierto”.
En efecto, en el mes de abril, el Gobierno convocó a organizaciones de la sociedad civil para participar en dos mesas de diálogo. Allí se planteó la posibilidad de crear un portal de Gobierno Abierto que iniciará con la información de la Secretaría General de la Gobernación y cuyos primeros avances se conocerían en los próximos días.
“El gobierno advirtió que no podía comprometerse a más porque es necesario un proceso previo de sensibilización en todos los ministerios sobre lo que implica abrir datos”, explicó Palencia. La dinámica viene lenta considerando que la provincia tiene Ley de Acceso a la Información desde 1999 y en 2015 se planteó un proyecto de reforma y actualización.
De un grupo de 10 provincias con sólida presencia digital, Córdoba es una de las tres (las otras son Catamarca y Entre Ríos) que tiene Portal de Transparencia (transparencia.cba.gov.ar) pero no un Portal de Datos Abiertos. Y eso marca toda la diferencia, porque la cultura de Gobierno Abierto no se refiere a dar la posibilidad de “mirar datos”, sino de permitir “participar en la construcción de políticas públicas”. Va más allá del e-government o de los sitios públicos para gestión de trámites.
“El Gobierno Abierto es una respuesta a una coyuntura en la que hay un descontento ciudadano, porque promueve que el Estado deje de ser visto como una caja negra en la que no se sabe qué pasa, y que el ciudadano pueda ser parte de los procesos, del monitoreo y de la toma de decisiones sobre cuestiones que los afectan. Si esta cultura avanza va a cambiar la forma de ver y hacer política”, arriesga Palencia.
Según un estudio elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), para que efectivamente haya Gobierno Abierto, la información generada debe estar disponible como un todo (no fragmentada) y libre de copyright; no debe haber discriminación en términos de esfuerzo, personas o grupos para utilizar, reutilizar y redistribuir la información; los datos deben estar en formatos que permitan su integración a otros datos para facilitar su uso interactivo y, además, deben estar permanentemente actualizados.
A estos criterios básicos de ‘open data’ se agregan otros dos fundamentales: la obligación de los administradores estatales de rendir cuentas sobre las decisiones que toman, y la responsabilidad ciudadana de participar en las decisiones públicas que terminan impactando en su vida.
Qué se hizo bien. Aun cuando Córdoba no ha madurado su modelo de Gobierno Abierto, desarrolló experiencias de transparencia que se deben destacar como pasos previos relevantes. Ellas son:
* Ciudadano Digital (cidi.cba.gov.ar): plataforma que simplifica la relación entre la administración y los ciudadanos. Permite solicitar turnos para trámites, detalla requisitos para realizarlos y pone a disposición del ciudadano la información que el Estado tiene sobre él.
* Transparencia.cba.gov.ar: site que ofrece información sobre ejecución presupuestaria y sueldos de la administración pública.
* Compraspublicas.cba.gov.ar: tiene información referente a subastas electrónicas, el historial de las mismas, montos que fueron asignados y pliegos de contrataciones, entre otros elementos. No ofrece información de rendición de cuentas y lo usa sólo el 45% de las dependencias.
