De los más de 10.300 detenidos en las cárceles de la provincia de Córdoba, 468 cursan actualmente carreras de grado en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). La oferta educativa que llega a los penales está compuesta por seis carreras: Abogacía (Facultad de Derecho) y las licenciaturas de Filosofía, Historia, Letras, Ciencias de la Educación y Bibliotecología (Facultad de Filosofía y Humanidades).
En el pabellón de mujeres, son 50 las estudiantes de algunas de esas carreras. La semana pasada se entregaron las libretas de alumnas universitarias a 12 internas alojadas en Bouwer, quienes aprobaron el curso de Introducción a los Estudios de la Carrera de Abogacía (Ieca) y ahora comenzarán a cursar las seis asignaturas de primer año.
Entre ellas se encuentra Brenda Micaela Barattini, juzgada actualmente por tentativa de homicidio a su amante, a quien hirió en sus genitales con una tijera de podar. Arquitecta de profesión, además cursa Historia y Letras, mientras transcurre sus días intramuros.
El acto se realizó en el Establecimiento Penitenciario N°3, dentro del complejo de Bouwer, con la presencia del ministro de Justicia, Martín Farfán; el decano de Derecho, Guillermo Barrera Buteler; la directora del programa Puede, Marcela Aspell, y docentes que concurren a dictar las materias a la cárcel. De ese modo se abrió formalmente el espacio presencial de clases en el sector de mujeres de la cárcel provincial más grande. Fue una decisión conjunta de autoridades provinciales y universitarias.
Hasta el año pasado, los profesores solo acudían al módulo de los hombres. Si una detenida decidía cursar, al ser trasladada era objeto de cuatro requisas profundas (incluyen controles íntimos) en un mismo día, lo que determinó que varias de ellas desertaran.
Los detenidos están encuadrados en el régimen de alumno libre y son 60 los docentes de Derecho que asisten a la cárcel tres veces por semana, sin percibir salarios por esa actividad académica. El Ministerio de Justicia facilita a los profesores el transporte y el material bibliográfico para los alumnos.
Aspell precisó, además, que hay internos cursando Abogacía, en los penales provinciales de Córdoba, San Francisco, Villa María, Cruz del Eje, Villa Dolores y en Montecristo, donde están aquellos detenidos próximos a recuperar su libertad.
Opciones. Es generalizada la creencia de que las y los presos se inclinan por el estudio de Derecho para analizar sus propios casos, más aún cuando se trata de personas que enfrentan procesos penales largos o con condenas importantes en el monto. Sin embargo, una de las docentes consultadas aclaró que en las clases “no se analizan los casos concretos” de las y los internos y el proceso educativo es idéntico al que se da en el aula de la facultad.
La preeminencia de carreras humanísticas tiene también otra explicación: las personas privadas de libertad no podrían, por ejemplo, encarar estudios en ciencias de la salud porque requerirían la realización de prácticas. El nivel educativo con el que llegan es muy heterogéneo. Hay estudiantes que no tenían completo ni siquiera el nivel primario, mientras que otros ya tenían título universitario. “El rasgo común entre las mujeres -reflexionó una de las profesoras- es que padecen muchas situaciones de sufrimiento pero tienen deseos de superarse”. Todos destacaron que hay “un trato muy respetuoso” por parte de los detenidos.
ETAPAS
◆ En 2001 la Facultad de Derecho firmó el primer convenio con el Servicio Penitenciario de Córdoba para la recepción de exámenes de los internos que estudiaban Abogacía.
◆ En 2012 se puso en marcha el programa Puede como una extensión áulica de la facultad en la cárcel. Inicialmente se dictaban clases y se tomaban exámenes en Bouwer y en las cárceles de San Martín, Montecristo y Cruz del Eje.
◆ Actualmente, toda la actividad docente de la Facultad de Derecho de la UNC se concentra en el Complejo Padre Luchesse de Bouwer