Un relevamiento nacional realizado por Ruido y Connectas arroja el dato, hasta ahora desconocido, de las relaciones directas que tuvieron los jueces de las Cortes Supremas con los gobiernos que los designaron.
La Rioja, San Juan y San Luis encabezan el ranking nacional de nexos políticos: son las tres provincias en donde todas las bancas de sus Cortes Supremas están ocupadas por personas que tenían vínculos cercanos al poder.
La consecuencia son fallos que generan graves sospechas de parcialidad y falta de independencia, elemento esencial en el sistema republicano que rige en nuestro país.
Los nombramientos no son ilegales porque no incumplen las normas vigentes en las provincias, lo que genera la discusión respecto a si hay que modificar esos mecanismos. Todos son propuestos por el Ejecutivo y deben contar con el respaldo de las Legislaturas.
Qué dice el informe de Ruido y Connectas
Designaciones y fallos escandalosos
En diciembre de 2021, en La Rioja estallaron las críticas de la oposición cuando el gobernador Ricardo Quintela propuso y designó, en un trámite exprés en el Legislativo, a su sobrina Ana Karina Becerra como jueza del Tribunal Superior de Justicia. A los cuatro meses de asumir sus pares la eligieron presidenta del máximo tribunal. El marido de la magistrada es, además, funcionario del gobierno provincial.
En Entre Ríos, cinco de los nueve integrantes del Superior Tribunal de Justicia fue funcionario del gobierno. Fue el máximo órgano judicial que salvó al gobernador Sergio Uribarri de cumplir los ocho años de la condena por corrupción en prisión. Fue detenido el 19 de noviembre de 2024, pero solo estuvo 50 días preso por decisión de los supremos. Hay que agregar que blindaron la decisión al no permitir un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Además, en diciembre de 2021, estos mismos magistrados del STJ jugaron un papel central en la habilitación del Jury a la exprocuradora adjunta Cecilia Goyeneche, quien terminó apartada de su cargo después de conducir las investigaciones por corrupción más importantes del último tiempo en Entre Ríos. La CSJN le dio la razón a Goyeneche, anuló el proceso y ordenó al STJ de Entre Ríos tomar una nueva decisión.
Ambos casos son botón de muestra de las consecuencias que pueden producirse cuando la mayoría de los jueces que dirigen los poderes judiciales tienen vínculos preexistentes con los gobiernos.
Delia Ferreira Rubio, extitular de Transparencia Internacional, señala que en América Latina, según datos del Latinobarómetro, solo el 28% de la población en promedio confía en la Justicia. “En Argentina esa cifra baja al 22%. La politización de la Justicia es responsable -en parte- de esta situación. A pesar de algunas reformas, los mecanismos de nombramiento y remoción de los jueces no han logrado disipar las dudas sobre los compromisos políticos y vinculaciones de magistrados y el poder político de turno”, analiza la jurista.
Por su parte, el constitucionalista Rodrigo López Tais señala: “La pregunta no es solo de fondo institucional, sino de lógica política: ¿puede ese juez resistir la tentación –o la presión– de favorecer al mismo partido que lo designó? ¿O su designación ya es el resultado de un pacto que condiciona sus futuros fallos?”.
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¿Qué pasa en Córdoba?
De los siete vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), cuatro fueron funcionarios de gobiernos del mismo signo político del que los designó. Ellos son: Luis Angulo (exministro de Justicia), María Marta Cáceres de Bollati (exdirectora de Inspección de Sociedades Jurídicas), Sebastián López Peña (exdirector de Asuntos Judiciales de la Procuración del Tesoro) y Jésica Valentini (estuvo a cargo de la Oficialía Mayor de la Municipalidad de Córdoba durante la intendencia de Martín Llaryora). Todos fueron funcionarios de gobiernos peronistas.
Luis Rubio fue apoderado del Partido Justicialista, pero su nombramiento como vocal del Alto Cuerpo ocurrió en un gobierno radical.
Lo positivo de esta provincia es que los antecedentes de todos los vocales del TSJ son públicos y de fácil acceso. Fueron los únicos que respondieron al Pedido de Acceso a la Información (PDI) enviado por Ruido y Connectas.
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Falta de transparencia
El relevamiento se realizó, inicialmente, sobre la base de datos publicados por los diferentes organismos judiciales de las 24 cortes supremas. Luego se solicitó a cada una de ellas que confirmaran, rectificara y ampliaran la información.
Del total de 24 distritos, se recibieron solamente nueve respuestas, pero solo la de TSJ de Córdoba incluyó todos los datos solicitados.
Mendoza, Entre Ríos, Salta, La Pampa, Neuquén, Chaco, Catamarca y Tierra del Fuego aportaron información parcial.
Entre Ríos, por ejemplo, contestó que las funciones que cumplieron los jueces antes de su designación corresponden a la órbita privada.
Uno de los principales hallazgos de la investigación fue la falta de información sobre los antecedentes de los jueces, ya que son muy pocos los sitios web de los poderes judiciales provinciales en donde se consigna el curriculum vitae de cada integrante de la Corte.
Por el contrario, la mayoría no solo no dispone de esos datos, sino que a veces ni siquiera existe una biografía pública accesible online, lo que impide saber con precisión quiénes son los magistrados que tienen la última palabra para dirimir una causa judicial en la provincia
