El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura emitió días pasados un informe sobre 16 inspecciones que realizó entre 2018 y 2019 en comisarías y penitenciarías de Córdoba. Precisamente, a partir de sus conclusiones, el Poder Judicial profundizó el estudio de estadísticas propias sobre causas contra efectivos policiales y penitenciarios investigados por delitos de tortura y malos tratos, tal como se publica en esta misma edición.
El organismo también relevó la situación en Santa Fe y Buenos Aires.
Las conclusiones sobre Córdoba están contenidas en un documento de 52 páginas que relata circunstancias observadas y testimonios de personas privadas de la libertad.
La comitiva encabezada por Enrique Font visitó la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), el complejo de Bouwer y el Complejo Esperanza. Estuvo en las cárceles de Cruz del Eje (con su hospital psiquiátrico), de Villa María y Río Cuarto. Recorrió las comisarías 1, 2, 5, 6, 7, 10 y 14 de nuestra ciudad y la correspondiente al distrito Cruz del Eje. Y entrevistó a autoridades provinciales, judiciales, referentes universitarios y de asociaciones civiles.
La observación sigue evidenciando prácticas que lindan con un trato inhumano, por debajo de cualquier estándar de respeto a la dignidad de las personas, aun en situación de encierro por haber cometido algún delito. Algunas de las situaciones que describe el informe son las siguientes.
-Actos de tortura al ser detenidos. Varios relataron que, al ser apresados, sufrieron “golpes con la mano abierta, patadas en zonas como la cabeza, costillas y manos, ocasionando en algunos casos fracturas de huesos”. En dependencias policiales señalaron “el uso de picanas y cajas de cartón mojadas puestas sobre el cuerpo, para que los golpes no dejaran marcas”.
-Denuncias truchas. Hay testimonios sobre causas fraguadas por p resuntas coimas y resistencia a la autoridad. “En Cruz del Eje, el ayudante fiscal reconoció que a partir de la aplicación del nuevo Código de Convivencia se habían reducido las detenciones por esas normas”, citó el informe. En la UCA, más del 20% está detenido por desobediencia o resistencia a la autoridad.
-Castigos. En la cárcel de mujeres se identificó como práctica sistemática la utilización de sanciones informales que consisten en trasladarlas a la enfermería, para luego sujetarlas con cadenas o bandas de tela a los extremos de la camilla. Pueden llegar a estar hasta dos días sin agua, comida ni acceso a un baño. En Cruz del Eje, detenidos relataron que “les colocan bolsas en la cabeza, los orinan y golpean”. En el Complejo Esperanza, en tanto, usan la técnica del “barquito”. Consiste en “sujetar a los menores con las manos y los pies en la espalda, mientras se encuentran de cara al piso. Cuando los adolescentes no se calman con esta técnica es frecuente que les inyecten tranquilizantes y los obliguen a pasar la noche en la sala donde se realiza la requisa a las visitas, la cual no posee cama ni baño. La mayoría alegó que, al momento de la requisa, son desnudados y forzados a estar más de una hora contra la pared con las manos en alto. Si bajan los brazos o se mueven, los golpean”.
-Sin asistencia médica y psicológica. En la cárcel de Río Cuarto, un detenido relató que reclamó durante dos días asistencia médica sin obtener respuesta. “Cuando por fin lo trasladaron a un hospital, lo que en principio era una apendicitis se convirtió en peritonitis”
