Miguel “Minino” Negro construyó una carrera política que parecía inmune al paso del tiempo. Desde el retorno de la democracia en 1983 gobernó prácticamente de manera ininterrumpida el municipio de Santa Catalina-Holmberg, en el sur de Córdoba, acumulando una marca difícil de igualar en la política argentina. Sin embargo, ese extenso recorrido acaba de ingresar en una nueva etapa: la Justicia lo llevará a juicio oral acusado de haber participado en la organización de una toma de tierras dentro de su propia localidad.
La decisión judicial vuelve a colocar bajo la lupa a uno de los dirigentes más conocidos del interior provincial. Negro se caracterizó durante años por construir una imagen de cercanía con los vecinos y por exhibir como una señal de austeridad el hecho de no percibir salario como intendente. Esa identidad política le permitió atravesar distintas etapas del peronismo cordobés y sostener un liderazgo territorial pocas veces visto.
La causa que ahora lo llevará al banquillo tiene como eje una presunta ocupación de terrenos pertenecientes al ferrocarril. Según la acusación, el exintendente y otros dirigentes habrían tenido participación en la organización de esa toma, una hipótesis que deberá ser analizada durante el juicio oral. Junto a Negro también deberán responder otros exfuncionarios y referentes políticos vinculados a la gestión municipal.
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Del poder territorial a los tribunales
La situación genera un fuerte impacto político en la región porque Negro fue durante años una figura central de la vida institucional de Holmberg. Su nombre quedó asociado al desarrollo del municipio y a una construcción de poder que sobrevivió a cambios de gobierno provinciales y nacionales.
Esa permanencia lo convirtió en uno de los intendentes más votados y reelectos del país, un fenómeno político que pocas veces se observa en la Argentina democrática. Durante décadas logró conservar el respaldo electoral de una porción importante de la comunidad, aun en contextos económicos y políticos adversos. Sin embargo, el avance de la investigación judicial modificó ese escenario. La elevación a juicio implica que la causa superó la etapa de instrucción y que los magistrados consideraron reunidos los elementos necesarios para debatir públicamente las responsabilidades de los acusados.
Un caso con repercusiones políticas
Más allá de las responsabilidades penales que deberán determinarse en el proceso, el expediente vuelve a abrir el debate sobre la relación entre los liderazgos territoriales de larga duración y los mecanismos de control institucional.
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En el sur cordobés, la figura de Negro excede largamente la de un exintendente. Su trayectoria está vinculada a buena parte de la historia política reciente de la localidad. Por eso, el juicio no sólo tendrá consecuencias judiciales sino también un inevitable impacto político y simbólico sobre una de las experiencias de poder municipal más extensas de la provincia.
El caso también reabre una discusión recurrente dentro de la política cordobesa: hasta qué punto los dirigentes que permanecen durante décadas en posiciones de poder terminan construyendo estructuras difíciles de controlar. La investigación judicial buscará determinar responsabilidades concretas, pero el proceso ya instaló interrogantes sobre los límites entre la gestión pública, la influencia territorial y las decisiones políticas. Mientras tanto, en Holmberg y en buena parte del sur provincial, el futuro juicio es seguido con atención. No se trata únicamente de una causa penal. También es el capítulo más complejo en la historia de uno de los dirigentes que mejor supo interpretar la lógica del poder local durante los últimos cuarenta años.
