El martes pasado entró en vigencia la ley 10.731 que estableció el sistema de control disciplinario de las fuerzas de seguridad pública y ciudadana de la Provincia de Córdoba. La norma fue aprobada el 20 de diciembre del 2020, después de los crímenes policiales de Blas Correas en Córdoba y Joaquín Paredes en Paso Viejo, como los casos más notables entre otros que pusieron en la discusión pública la formación y actuación de los efectivos de la Policía de Córdoba, las estructuras que los sancionan y las complicidades internas.
El Gobierno provincial respondió con la creación de una nueva estructura para reemplazar al viejo Tribunal de Conducta Policial (TCP), presidido por Ana Becerra.
El lunes pasado, en el Boletín Oficial, además del decreto reglamentario de la ley se publicaron las designaciones de algunos de los funcionarios que desempeñarán diferentes roles en el nuevo sistema. El abogado Maximiliano García, propuesto por la Fiscalía General, será el presidente. El nuevo TCP tendrá otros seis integrantes: el exfiscal General y federal, Gustavo Vidal Lascano, fue propuesto por el Ministerio de Seguridad; el abogado Fernando Martínez Paz, por el Ministerio de Justicia, y el legislador Orlando Arduh, por la oposición de la Unicameral. Falta saber quién irá como representante de la Universidad Nacional de Córdoba y los dos legisladores del oficialismo.
Ese cuerpo, de siete miembros, estará encargado de aplicar sanciones.
Las investigaciones se desarrollarán en la Dirección General de Control e Investigación, cargo en el que fue designada la abogada Ivana Celeste Rossi.
Nélida Beatriz Arce y Nancy Liliana Gallo ocuparán Asesorías Letradas, que asistirán en la defensa a los efectivos investigados.
La estructura replica el modelo acusatorio: un área realizará las investigaciones y promoverá la acusación en caso de encontrar sustento sobre faltas graves y gravísimas, las asesorías defenderán y el tribunal analizará el expediente y, de ser necesario, aplicará las sanciones.
PERFIL CÓRDOBA dialogó con uno de los integrantes del nuevo tribunal, Gustavo Vidal Lascano, quien subrayó algunas novedades que incorporará el nuevo cuerpo.
–¿Cómo definiría al nuevo TCP?
–Es novedosa la integración que establece la ley para despolicializar el tribunal. No habrá ninguna persona vinculada a las fuerzas de seguridad. Habrá representantes de la universidad, del Poder Legislativo y de la Fiscalía General.
–¿Cómo será el trámite de las causas?
–Todos los trámites que están actualmente pendientes quedan en el antiguo tribunal de conducta que se extinguirá cuando terminen de resolverse las causas abiertas. Este nuevo organismo de control disciplinario empieza a funcionar desde cero: no recibe ningún expediente en trámite. Hay un procedimiento administrativo. Lo más novedoso es que tiene defensores oficiales en el sistema. Hay una dirección de investigación, que es como una especie de fiscalía y el tribunal tiene la función de control.
–¿Cuál es el rol específico de la Dirección de Investigación?
–Hará la instrucción de la causa. Si insta el sobreseimiento no habrá acusación; es decir que el tribunal no podrá intervenir excepto que se decida una revisión muy exhaustiva porque haya faltado prueba de tomar, por ejemplo.
–¿Quiénes defenderán?
–Cada fuerza ha nombrado un defensor que estará a cargo de la defensa de los investigados. Ello no obsta que el efectivo que sea investigado decida poner su defensor particular.
–¿Quién fijará las sanciones?
–El tribunal tiene facultades para disponer las sanciones pertinentes. Se analizarán solo faltas graves o gravísimas en que pudieran haber incurrido los efectivos. La novedad es que se incorpora la sanción de destitución ante faltas gravísimas. Y también, para otras, una suerte de probation, con trabajo comunitario en situaciones especiales.
