El discurso del gobernador Juan Schiaretti ante la Legislatura provincial tuvo definiciones sustanciales en materia económica, no por referencias explícitas sino por la connotación de sus palabras. En un escenario donde rara vez enfrentó contratiempos políticos, en razón de la mayoría garantizada, se permitió cuestionar al Gobierno nacional y a potenciales rivales electorales. El panorama sobre la crisis económica trazado por el mandatario provincial estuvo marcado por un razonamiento sustancial. La responsabilidad por los resultados económicos y sociales es del Gobierno nacional. La crisis ha generado una deuda social que debe ser saldada. Y frente a esto – afirma Schiaretti– el Estado cordobés asume un rol presente, activo. Hay tres líneas de acción que menciona el gobernador como ejemplos de la reacción provincial ante la crisis. La primera es el desarrollo de infraestructura para favorecer la actividad económica privada, la radicación de nuevas empresas y la generación de empleo (subsidiado a través del PPP, por ejemplo).
La segunda consiste en duplicar el gasto social, configurando una red social de contención para los sectores más vulnerables. Y, finalmente, el anuncio de un ambicioso plan para la construcción de 25.000 viviendas en los próximos cuatro años. Estas dos últimas baterías de medidas son indicativas del alcance que el gobierno aspira para su política social. Se sabe que las transferencias directas de recursos pueden ser efectivas en el corto plazo para atenuar el impacto de la pobreza, pero no revierten las condiciones materiales de exclusión. Por ello, un programa que afronte la problemática habitacional tiene un impacto potencial de relevancia en este sentido. La red social mencionada en el discurso alude al conjunto de políticas que despliega el gobierno para atender a los sectores más vulnerables afectados por la crisis económica. La imagen utilizada no es casual y refiere a una estructura de sostén para los afectados por el desempleo originado en los yerros de la política económica nacional. Ese conjunto de políticas van desde las Salas Cuna para la asistencia sanitaria y material a las madres y sus hijos recién nacidos, hasta la Tarjeta Social para la compra de alimentos.
El volumen de recursos que el gobierno destinará en 2019 a todo el conjunto de políticas sociales supera los 19.000 millones de pesos. Sin embargo, en un contexto de inflación, creciente desempleo y deterioro del poder adquisitivo como el que atravesamos, la capacidad de adquirir un conjunto de bienes básicos con el ingreso disponible se restringe fuertemente. El crecimiento de la pobreza de ingresos en los últimos 10 años en Córdoba contrasta con las políticas que el gobernador enumera en su discurso, plantea el interrogante sobre la eficacia de las mismas y pone de manifiesto la necesidad de acciones gubernamentales que mejoren las condiciones estructurales de las personas. La inversión pública en infraestructura social y de acceso a servicios esenciales como el agua, las cloacas o el gas es mucho más efectiva en el largo plazo cuando se trata de mejorar la calidad de vida. De ahí que cobre especial relevancia el anuncio en materia de vivienda y demande un abordaje que trascienda el asistencialismo. En un tramo de su alocución, el gobernador afirmó que si el derrame no llega, la justicia social la debe hacer el Estado.
Es un compromiso tan tajante que cabe preguntarse si sólo responde a la exaltación preelectoral o si encierra una concepción del estado de bienestar schiarettista más sustancial. Dejó una definición contundente respecto de dónde reside la responsabilidad política sobre la situación económica, cómo piensa situarse su gobierno frente a esta crisis, y a través de qué acciones gubernamentales se hará frente a sus consecuencias sociales. Más allá de la retórica, el alcance de su compromiso deberá medirse en términos de desarrollo humano, dentro de un año o en cinco.
