El perito oficial Gasparrini, cesanteado: la Cámara Federal pidió que se lo investigue
Realizó pericias médicas en jubilaciones por invalidez. Se abre un interrogante: qué estudios jurídicos intervinieron en ellos y por qué el médico habría concedido porcentajes de incapacidad desproporcionados con los dictámenes de las comisiones médicas.
ESCÁNDALO. La cesantía dispuesta por la Cámara Federal de Córdoba del médico Eduardo Gasparrini del cuerpo de peritos forenses, evidencia gravísimas irregularidades que deberán ser investigadas penalmente. |
Cedoc Perfil
En durísimos términos, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resolvió la cesantía del médico Eduardo Enrique Gasparrini, quien trabajaba como perito oficial de la Justicia Federal con el cargo de prosecretario administrativo. Bajo la lupa quedaron dictámenes periciales que firmó declarando incapacidades superiores al 66% de trabajadores, que así accedieron a la jubilación por invalidez. Se abre ahora el capítulo penal porque un fiscal tendrá que investigar su conducta y la de los estudios jurídicos que patrocinaron a los beneficiarios.
Por su parte, Anses ya planteó una gran cantidad de nulidades.
Los vocales Graciela Montesi, Abel Sánchez Torres, Eduardo Ávalos y Liliana Navarro, en forma unánime, consideraron que Gasparrini había incurrido en faltas “extremadamente graves” que merecieron aplicar la máxima sanción, por encima aún de lo que dictaminó el instructor del sumario, el juez federal de Villa María Roque Rebak, quien había sugerido su suspensión por 30 días.
El médico, cuyo padre también fue perito oficial federal, ingresó a la Justicia Federal hace aproximadamente una década. A partir de la jubilación de su colega Jorge Eduardo Mosquera, la Cámara designó como asesor del Cuerpo Médico Forense a Julio César Guerini.
Los movimientos que se produjeron en esa área visibilizaron conductas irregulares por parte de Gasparrini. Por ese motivo, en junio del año pasado el tribunal del cual dependen los peritos ordenó la apertura de un sumario que quedó a cargo del juez Rebak. Al cabo de ese proceso, el tribunal analizó cada hecho que se pudo determinar en la instancia administrativa para llegar a la decisión de la cesantía. La decisión de apartarlo definitivamente quedó firme.
PERFIL CÓRDOBA consultó a su abogado, Alfonso Barraco Mármol Ruy, quien confirmó que fue decisión de su asistido no apelar la resolución. Un episodio que llamó la atención –y es citado en el acuerdo fechado el 29 de noviembre del 2023– fue la enorme y desproporcionada variación en la declaración de incapacidad en relación a una persona. La Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) había determinado un 12,97%. El mismo porcentaje fue convalidado por la instancia siguiente, la Comisión MédicaCentral. No obstante, Gasparrini le otorgó el 68,99%.
Ese dictamen fue realizado en febrero del año pasado. Como éste, hay más ejemplos. Anses ya planteó nulidades a la presidenta de la Cámara Federal de Seguridad Social, Victoria Pérez Tognola. De no ser ciertas las enfermedades acreditadas y la correspondiente determinación de incapacidad, se habría producido un perjuicio para la caja previsional.
ANSES. El organismo previsional nacional es el principal perjudicado porque la Justicia convalidó jubilaciones por invalidez en base a pericias hoy objetadas. Por eso pidió nulidades a la Cámara Federal de Seguridad Social.
A la par de la sanción laboral, los camaristas resolvieron remitir los antecedentes analizados a la Fiscalía de turno para que analice las conductas de Gasparrini y también del perito jubilado Jorge Mosquera. En caso de que exista condena, la cesantía se convertirá en exoneración.
Diversos informes pero idénticas lesiones
“Escudado en una impunidad tal, se dedicaba a repetir en forma idéntica los diagnósticos, todo lo cual resulta repugnante al sentido común”.
La frase está en el Acuerdo de la Cámara Federal de Córdoba en relación a la conducta de Eduardo Gasparrini. Los jueces no escatimaron adjetivos al describirla.
En 2022, se realizaron 418 informes periciales. De ellos, en el 96% casos se declaró incapacidad mayor al 66%. Al analizar el contenido, apareció un catálogo de dolencias prácticamente idénticas: artrosis de columna cervical con pinzamiento, artrosis de columna lumbrosacra y artrosis de rodilla con pinzamiento interno bilateral, cada una con características específicas que se repetían en sus pericias.
Lo notorio es que esas conclusiones diferían del contenido de los informes médicos con que llegaban los pacientes.
También se lo acusó de permitir la participación de peritos de parte en las juntas médicas sin autorización judicial, entregarles copias de los informes permitiéndoles conocerlos antes de ser exhibidos y convocar al perito jubilado, Jorge Eduardo Mosquera, cuando ya no cumplía funciones en los tribunales federales.
En su defensa, Gasparrini alegó que las dolencias se repetían porque surgen del tipo de trabajo que se desarrolla y en relación al resto de los señalamientos los rechazó indicando que quien controvierte sus conclusiones es quien debe dar razones de esa posición. Respecto a Mosquera señaló que él creyó que estaba autorizado a intervenir y que, a pesar de que su rúbrica apareció en algunos informes, “ningún juez lo objetó”.
Desplazado del cargo, espera a ambos una investigación penal para comprobar si hubo responsabilidad criminal en la confección de las pericias. En ese caso: ¿Por qué habría otorgado mayor porcentaje de incapacidad? ¿Qué estudios jurídicos intervinieron en los expedientes presuntamente irregulares? ¿A cambio de qué lo hizo? Preguntas que tendrá que responder la pesquisa de un fiscal.
RECORRIDO. Los trabajadores iniciaban el trámite de solicitud de jubilación por invalidez en Anses. Si las juntas médicas del organismo y la Central no certificaban una incapacidad superior al 66%, el caso se judicializaba. Hasta mediados del 2021, todos esos recursos iban a la Cámara Federal de la Seguridad Social, con asiento en Buenos Aires.
A partir del caso Giménez Rosa Elisabet c/ Comisión Médica Central y/o Anses s/ recurso directo Ley 24.241, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que los litigios se desarrollaran en las sedes judiciales más cercanas a quienes reclamaban. Por esa razón, la mayoría de los dictámenes de Gasparrini fueron oficiados por la Cámara con sede en la ciudad de Buenos Aires, presidida por la jueza Victoria Pérez Tognola.
Recién el año pasado los nuevos expedientes ingresados quedaron bajo la órbita de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que detectó las irregularidades y ordenó la cesantía del perito.
ARMADO. Gasparrini lució una personalidad controvertida, a decir de quienes lo trataron en tribunales. Solía concurrir armado a su trabajo. Si bien tenía autorización para portar armas de fuego, el año pasado la presidenta de la Cámara, Graciela Montesi, le ordenó no llevarla consigo cuando se dirigía al consultorio ubicado en el palacio del Parque Sarmiento.
