Mientras el fiscal provincial Diego Fernández y su par federal Graciela López de Filoñuk avanzan con investigaciones por las actividades que desplegó el psicólogo Marcelo Bazán en los centros terapéuticos Dolto, el Colegio de Psicólogos aún no se expidió y la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) emitió una resolución declarativa.
Ninguna de las instituciones adoptó decisiones que hayan modificado la situación del profesional.
Marcelo Eduardo Bazán es egresado de la Facultad de Psicología de la UNC y el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba lo habilitó para ejercer con la matrícula N° 2235.
PERFIL CORDOBA consultó a la unidad académica, a la entidad profesional y al Tribunal de Ética que actúa en el marco del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba si adoptaron medidas a partir de la imputación y detención de Bazán.
Según la Red LibreMentes, que contactó a numerosas víctimas, el psicólogo comenzó hace años con la fundación Doxa, junto a su expareja Cristina Gribaudo. La organización adoptó el nombre de Dolto luego de que se separaran. La red, encabezada por Pablo Salum, enumeró una serie de hechos que involucrarían a Bazán y a otros colegas como abuso de pacientes, uso de sellos apócrifos para recetar psicofármacos, prácticas que encuadrarían en el ejercicio ilegal de la profesión y en la captación de personas a través de la manipulación de sus estados emocionales y psicológicos.
Adversario en el Colegio. Gabriela Treber, presidenta del Colegio, sostuvo que han aportado a los tribunales tanto provinciales como federales “todo el material que nos consta”. Relató, también, que formalizaron “una demanda a un colaborador participante que ejercía sin matrícula” para constituirse en querellantes y advirtieron al “Ministerio de Salud sobre la apertura de centros donde funcionaba Dolto”.
Treber sostuvo que hay una “enemistad manifiesta” de Bazán hacia la Junta que encabeza y hacia su persona, evidenciada en cartas documento cuando el psicólogo detenido intentó candidatearse para la presidencia de la entidad y le inició juicio por calumnias e injurias. Según la profesional, la demanda se cayó por falta de pago de las tasas de justicia.
La presidenta del Colegio admitió que “los delitos que se investigan son muy graves, y obviamente implican faltas éticas gravísimas que merecen nuestro total repudio”. Por ese motivo dijo que han redoblado los cuidados para “garantizar la independencia del tribunal y así evitar que los fallos sean cuestionados”.
Resolución declarativa. Por su parte, la Facultad de Psicología de la UNC emitió el martes pasado una resolución declarativa en la que manifestó su “profunda preocupación” por manifestaciones vertidas por Marcelo Bazán. Despliega argumentos referidos, particularmente, a tres cuestiones.
Una está referida a las noticias difundidas en medios y redes sociales sobre las actividades de Bazán en sus centros que “afectan a los psicólogos en su quehacer laboral al brindarse una imagen errónea sobre la disciplina y sobre el modo de trabajo ético y adecuado”. Este aspecto, según la resolución, estaba basado en “expresiones agraviantes (de Bazán) respecto de los derechos relativos a las identidades sexo-genéricas no heteronormadas”.
Otra cuestión es el contenido que enseñaba en sus centros (además de terapéuticos brindaban clases de apoyo para estudiantes de psicología) que “no se corresponden con la formación universitaria actual de los profesionales”.
Y el tercer hecho analizado estuvo referido a una denuncia de un particular contra una estudiante de 4°año de la carrera que fue incorporada en Dolto para atender pacientes, con lo que habría incurrido en el “ejercicio ilegal de la profesión” lo que motivó la apertura de un sumario administrativo a la alumna.
SI ES LIBERADO PODRÍA VOLVER A EJERCER
Martha Moreno, presidenta del Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba afirmó que “hay un proceso abierto pero aún no se ha tomado una resolución”. El expediente es únicamente sobre el psicólogo Marcelo Bazán. Cuando la profesional fue consultada sobre si la investigación se inició de oficio y si hay otras u otros profesionales investigados, Moreno respondió que “hubo pocas presentaciones” y señaló que no hay otros psicólogos investigados. “Esto no quita que se analicen si hubiere elementos suficientes para apertura o acciones de oficio en relación con otros colegas”, añadió.
“El licenciado Bazán está detenido y, por esa razón, se hace difícil la investigación”, relató al tiempo que se excusó de dar datos de los aspectos que se analizan por el “secreto de sumario” de las actuaciones.
Negó que se hayan adoptado medidas preventivas porque “hay que esperar el avance de las dos causas judiciales. Hasta ahora es solo una imputación, no hay sentencia”, recalcó y dijo que las normas sobre las cuales se actúa, en este sentido, son comunes a otros colegios profesionales. “La situación es compleja”, advirtió la titular del organismo deontológico.
PERFIL CORDOBA insistió.
—Hay imputaciones en la justicia provincial y en la federal, ¿ese material no es suficiente para tomar una resolución?
—Es una imputación, no es una sentencia. No está prevista la suspensión preventiva con relación a la matrícula. De todos modos, estamos atentos a lo que va ocurriendo.
—Si Marcelo Bazán sigue imputado y recupera su libertad, si sale de la cárcel, ¿estaría en condiciones para ejercer como psicólogo?
—En el caso puntual, no puedo adelantarle una posición. Estamos analizando esta situación. Es una posibilidad.
IMPUTACIONES POR TRATA Y REDUCCION A LA SERVIDUMBRE
A mediados de la semana pasada, la fiscal federal Graciela López de Filoñuk firmó una extensa resolución con la promoción de acción penal contra el psicólogo Marcelo Bazán y colaboradores. Lo hizo en un marco de gran hermetismo.
La propia funcionaria confirmó a PERFIL CORDOBA que había suscripto el pedido pero se excusó de dar detalles para no entorpecer la investigación.
El expediente, que se abrió en el mes de agosto, con la declaración de numerosas víctimas de la organización sectaria que lideraba el profesional –quien permanece detenido en Bouwer por orden de la justicia provincial- tuvo finalmente las imputaciones en los tribunales federales.
Según afirmaron a este medio fuentes vinculadas a la causa, la fiscal encuadró las conductas en los presuntos delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre, además de otras figuras.
Ahora el juez federal N°3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, analiza el pedido de la fiscal para resolver las fechas de indagatoria. En las últimas semanas, el magistrado resolvió medidas cautelares para inmovilizar bienes registrables, involucrados en la causa.
