El Tribunal de Ética Judicial de Córdoba emitió una resolución en la que analizó la conducta del fiscal de instrucción Guillermo González, a raíz de una denuncia presentada por el legislador Gregorio Hernández Maqueda.
El organismo resolvió realizar una "recomendación simple" para que el fiscal evite situaciones que generen una apariencia de falta de independencia de la Justicia o imparcialidad ante la sociedad.
Una conferencia de prensa bajo la lupa
La controversia se originó tras un procedimiento judicial el 27 de junio de 2025, en el cual el fiscal González ordenó la detención del entonces jefe de la Policía Caminera, Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, y de otros altos mandos policiales y civiles en el marco de una investigación por asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Ese mismo día, el fiscal brindó pormenores de la investigación en una conferencia de prensa en la Central de Policía junto al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Según la denuncia, en ese ámbito y en posteriores declaraciones radiales, González afirmó que tanto el ministro como el gobernador habían sido "engañados" y no tenían relación con los ilícitos, lo que para Hernández Maqueda constituyó un acto de "blindaje" hacia el Poder Ejecutivo antes de concluir la investigación.
Qué explicaciones dio el fiscal
En su descargo, el González defendió su actuación destacando sus 37 años de trayectoria en el Poder Judicial. Argumentó que el encarcelamiento de altos mandos policiales cercanos al poder político es, en sí mismo, una prueba de autonomía y rigor.
Asimismo, sostuvo que la presencia junto a autoridades políticas es una práctica institucional común y necesaria para coordinar políticas criminales, citando múltiples antecedentes de reuniones similares con ministros de gestiones anteriores. Aseguró que sus dichos sobre el desconocimiento de los funcionarios de los hechos imputados al exjefe de la Caminera fueron en respuesta a preguntas periodísticas y no una iniciativa de defensa técnica.
El peso de lo simbólico
Si bien el Tribunal de Ética -presidido por Armando Andruet- aclaró que no tiene competencia para juzgar decisiones procesales (como a quién citar o imputar), sí se enfocó en el aspecto comunicacional,. El fallo señaló que, aunque el trabajo conjunto entre poderes es legítimo, en este caso se trataba de una investigación que afectaba precisamente a la fuerza policial dependiente de ese Ministerio.
Para realizar la recomendación, el tribunal señaló que lo adecuado hubiera sido brindar la información en tribunales y no en la sede de la Policía.
También señaló que la conjunción del lugar y la presencia de la máxima autoridad de la fuerza cuestionada generó una "apariencia” que afectó las reglas de independencia. Por último, resaltó que los ciudadanos construyen su confianza en la justicia cuando esta se muestra suficientemente neutral y alejada de sesgos políticos. Instó a González a extremar la prudencia en su rol.
