El bloque Encuentro Vecinal Córdoba (EVC) en la Unicameral, cuya banca está representada por Gerardo Grosso, impulsa un proyecto para modificar el Código Electoral provincial con un objetivo central: fijar por ley una fecha única para las elecciones y unificarlas con los comicios nacionales.
A través de esta iniciativa, el partido vecinalista, referenciado en Aurelio García Elorrio, propone que la elección de gobernador, legisladores y Tribunal de Cuentas se realice el cuarto domingo de octubre, el mismo día en que se celebra la elección presidencial en el país.
Detrás de la propuesta hay un planteo político de fondo: quitarle al gobierno del PJ en su casi tres décadas de gestión, en este caso en manos de Martín Llaryora, la facultad de definir cuándo se vota, una herramienta que históricamente los oficialismos han utilizado para administrar el calendario electoral según la coyuntura política.
Actualmente, el titular del Ejecutivo provincial puede convocar a elecciones dentro de un margen temporal amplio, lo que habilita el desdoblamiento de los comicios provinciales respecto de los nacionales. Ese mecanismo fue utilizado en distintas oportunidades en Córdoba para provincializar la campaña y evitar que la dinámica política nacional condicione la disputa local.
El proyecto vecinalista busca cambiar esa lógica. Según los fundamentos de la iniciativa, establecer una fecha fija otorga previsibilidad a las reglas del juego electoral y evita que el oficialismo de turno pueda definir el momento de los comicios en función de la conveniencia política.
Esta propuesta de EVC viene a reforzar un planteo que la oposición viene haciendo desde hace por lo menos 15 años. El cambio implicaría un giro estructural en el sistema electoral cordobés: la simultaneidad de elecciones provinciales y nacionales, un esquema que ataría la disputa por la gobernación al clima político nacional.
El costo electoral
El proyecto opositor incorpora además un argumento económico que busca reforzar el debate institucional. Un informe técnico elaborado por el economista Andrés Frete, asesor del bloque vecinalista, advierte que la realización de elecciones provinciales separadas generó un sobrecosto del 62% respecto del componente nacional proporcional para Córdoba.
Según el análisis, el proceso electoral provincial de 2023 tuvo un costo de $22.690 millones, lo que implicó además un aumento real del 53% respecto de los comicios de 2019.
El informe atribuye esa diferencia principalmente a la duplicación de estructuras logísticas cuando las elecciones se realizan en fechas distintas: apertura de escuelas, transporte de urnas, despliegue de fuerzas de seguridad, sistemas de escrutinio y organización del operativo electoral.
“La unificación de calendarios no solo dota de certeza al sistema, sino que permite capturar economías de escala”, sostiene el estudio.
Desde esa perspectiva, el documento plantea que si la coordinación electoral permitiera un ahorro de apenas el 10% del gasto electoral, el Estado provincial podría reducir el costo en unos $2.269 millones, una cifra cercana al presupuesto anual de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Para los impulsores del proyecto, el debate sobre el calendario electoral no solo involucra cuestiones políticas sino también la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
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Debates obligatorios y límites a la campaña
La reforma también incorpora cambios vinculados al funcionamiento del sistema electoral. Uno de los puntos es la obligatoriedad de debates públicos entre los candidatos a gobernador, que deberían realizarse dos semanas antes de los comicios. La medida apunta a institucionalizar una práctica que actualmente depende de acuerdos entre fuerzas políticas o de iniciativas impulsadas por medios de comunicación.
El proyecto también propone endurecer las reglas de campaña electoral. Entre las modificaciones se establece que la publicidad electoral en medios y redes sociales solo podrá difundirse dentro del período formal de campaña y se prohíbe la promoción de candidaturas antes de los 45 días previos a la elección.
La iniciativa contempla además sanciones para quienes incumplan esos plazos. Los partidos que realicen actos de campaña fuera del período establecido podrían perder el acceso al financiamiento público durante una o dos elecciones, mientras que las personas físicas que promuevan candidaturas de manera anticipada enfrentarían multas económicas.
Una discusión de cara al 2027
Más allá de los aspectos técnicos, la propuesta abre un debate político de fondo sobre el sistema electoral cordobés con miras al 2027. El desdoblamiento ha sido históricamente una herramienta utilizada por los gobiernos provinciales para despegar la elección local del escenario nacional y preservar el peso de la agenda provincial en la campaña.
La eventual unificación modificaría esa dinámica y podría alterar la forma en que se estructuran las estrategias políticas de cara al próximo recambio de poder.
En ese sentido, el proyecto impulsado por el partido de García Elorrio instala una discusión que combina diseño institucional, costo fiscal y estrategia política, y que empieza a proyectarse sobre el tablero electoral de 2027.
