Los empresarios de Córdoba reconocen, casi de forma unánime, la vocación de diálogo que logró construir la administración nacional. Recuerdan lo complicado que era acceder a funcionarios del anterior gobierno kirchnerista y también tienen presente lo mal que lo pasaban cuando alguno de esos despachos se abría o cuando recibían la visita del otrora súper poderoso secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Hoy los reciben, es cierto, pero la buena predisposición que encuentran se golpea de frente con la realidad del día a día. “Vamos a las reuniones, pero después no pasa nada. No importa a quien veamos, la situación empeora y ellos no hacen nada. Están atados de manos. Incluso (Dante, ministro de Producción y Trabajo de la Nación) Sica”, expresó un ejecutivo industrial días atrás. Ese malestar, sumado al incuestionable crujido de las finanzas de las empresas, caldeó los ánimos y sumó fracturas en el seno de las entidades empresarias, como graficó este medio hace 15 días.
Parte de ese fastidio no solo se explica por la contracción del mercado y la caída de la actividad productiva que se constató esta semana cuando el Indec confirmó que el 2018 cerró con un signo negativo del 2,6%. Para los empresarios, el Gobierno sigue sin atacar de frente las reformas estructurales que, según ellos, harían más viable la competitividad del sector privado. En concreto, las promocionadas reformas tributaria y laboral.
Aporte local. Para dinamizar la discusión por sus intereses, cada vez son más las cámaras y agrupaciones que generan sus propias estadísticas, como mostró la edición pasada de PERFIL CORDOBA. También hay otro plano, el de las entidades que buscan un mayor protagonismo en la concreción de políticas públicas. Uno de esos espacios es el C20, que reúne a una veintena de cámaras empresariales compuestas casi en su totalidad por firmas pyme. El año pasado mantuvieron en agenda dos grandes frentes: el ‘Costo Córdoba’ desde el que denunciaban las erogaciones extras que deben enfrentar las empresas locales solo por estar radicadas en la provincia; y la inviable realidad de una Epec que castiga con las tarifas energéticas más altas del país por contraprestación de un servicio muchas veces deficitario. Esa entidad bosqueja un proyecto propio de reforma laboral e impositiva para elevar a la Nación. Así, recibe asesoramiento de economistas y consultoras privadas sobre los ejes centrales a considerar.
A través de un comunicado la organización precisó: “El C20 estará abocado a la elaboración de una propuesta de reforma laboral, con asesoramiento jurídico y contable, que incentive la creación de puestos de trabajo, beneficiando a los trabajadores a través de un modelo que garantice la continuidad de las empresas, el trabajo genuino a largo plazo y un eficaz sistema de retiro que dé, además, acceso a créditos y a la vivienda para la masa trabajadora. A nivel impositivo se pretende eliminar los impuestos distorsivos, eliminar el impuesto al cheque, etc. De esta manera se ampliaría la base recaudatoria, con la consecuente disminución y/o eliminación del trabajo irregular”.
Puntos centrales. En materia de reforma laboral, algunos de los ejes que suman los empresarios incluyen un sistema de indemnizaciones inspirado en la Uocra, en el que se realizan aportes mensuales para un fondo de desempleo que luego retira el trabajador en caso de ser despedido; una homologación en la cantidad de días destinada a las vacaciones para equiparar los costos entre las distintas empresas y la incorporación de un régimen de flexibilización de la carga horaria, entre otros. En diálogo con PERFIL CORDOBA, uno de los referentes del C20 explicó: “Estamos trabajando en un proyecto, comenzando a discutir y sumando asesoramiento. En principio pasa por implementar un sistema similar al que mantiene la Uocra con sus afiliados. Ellos tienen un aporte mensual que va a formar un fondo de desempleo. De esa manera, cuando el empleado se desvincula de la empresa lo único que tiene que pagarse son los días trabajados. Cobran eso que tienen ahorrado. Hay que hacerle mejoras porque tiene que evitarse que el empleado cobre los valores históricos depositados. No puede ser que si tiene tres años de antigüedad y en su momento aportó $100 luego se le den $100. Tiene que haber una actualización a través de la cotización de la UVA y esos fondos tienen que ser administrados por fondos fiduciarios. Hoy esa plata va a un banco y no se trabaja, está ahí parada y se la come la inflación”, precisa la fuente.
Para el empresario, uno de los objetivos sería poder emplear parte de esos fondos re tenidos en el financiamiento de la construcción de viviendas. Un aspecto central es, entonces, determinar la alícuota que se debe aportar mensualmente para ese fondo de desempleo, algo que ya están estudiando.
“Otro punto es plantear una mayor flexibilización horaria. Acá no quieren cambios y se dice que en Brasil quieren esclavizar a la gente, no es así. Les queremos dar tanto al empleado como al empleador la posibilidad de que elijan mejores horarios y que les sirva a las dos partes. Una persona tiene que trabajar 44 horas semanales, pero a lo mejor la empresa necesita que una parte entre a la mañana y otra a la tarde o el empleado irse antes. Hacerlas convenientes y no tan rígidas, que sean flexibles para las dos partes. Eso es algo que va a ayudar muchísimo a la empleabilidad”, apunta el empresario. Con respecto a las vacaciones, la modificación se sustenta en la supuesta discriminación que deben enfrentar las empresas y organizaciones con personal con antigüedad, frente a las empresas nuevas o que incorporan personal. “No puede ser que una empresa nueva tenga costos laborales menores a otra que tiene 30 años. En una los empleados tienen un mes de vacaciones, en la otra 14 días. Deberíamos unificar, que todos tengan 30 días de vacaciones, sería un costo parejo para todos”, destacó el ejecutivo.
Universidad y sindicatos. El viernes, los empresarios que trabajan en el armado de esta propuesta tuvieron un encuentro que se prolongó durante varias horas. Pero la mesa de trabajo fue más amplia y no se restringió a las sillas de los industriales y comerciantes pyme de Córdoba. También se acercaron consultores privados, miembros de la Universidad Católica de Córdoba e incluso de representantes locales de varios sindicatos. Este es uno de los puntos clave para los empresarios, poder sumar los aportes y apoyos de distintos espacios e incluso del gremialismo, para trabajar en un proyecto de reconversión laboral e impositiva que salga con el mayor grado de consenso posible. “Se hizo un acercamiento con los sindicatos. Y es un paso muy importante. El foco del trabajo son los cambios en el mercado laboral y la reforma impositiva, pero siempre pensando en una mayor generación de empleo”, destacó otro empresario industrial que trabaja en la iniciativa.
Costo Financiero. Este será otro de los ejes de análisis en los que se enfocarán para llevar iniciativas a la administración nacional. Apuntarán a que se logre bajar el costo de las comisiones bancarias y las tasas de interés, dos variables que hoy cierran la puerta a la mayoría de las empresas que buscan tomar deuda para iniciar proyectos o incorporar capital de trabajo.
Siguen en agenda. Este año, el C20 insistirá en dos reclamos que elevará al Gobierno provincial y que viene planteando desde el año pasado: ◆ Costo Córdoba: será el principal tema a tratar en este 2019. Siendo profundamente enérgicos en el reclamo y solicitando cuentas claras al Gobierno provincial, gasto en publicidad de Gobierno, crecimiento de la planta estatal, reclamo de la baja de Ingresos Brutos, etc. ◆ Epec: frente a la imposibilidad de acceder a una auditoría privada durante el 2018, el C20 insistirá en acceder a mayor información sobre el funcionamiento de la empresa. El grupo empresarial considera que el desempeño de Epec es pésimo y esto deriva en altísimos costos para las empresas, en algunos casos prácticamente imposible de afrontar, impidiendo un mejor funcionamiento, y poniendo en riesgo la permanencia y las fuentes de trabajo de un sector fundamental para la economía.
