El Ministerio de Salud de la Provincia puso en marcha el programa de implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Córdoba. Esteban Ruffin, quien encabeza el programa, confirmó que hace un mes comenzaron las capacitaciones en todos los efectores sanitarios y recientemente se reunieron con prestadores privados y con responsables de las áreas pertinentes de los municipios más grandes de la Provincia.
“La ley nos afecta a todos por igual –sostuvo en declaraciones a Radio Nacional–, las instituciones tienen que generar la asistencia de la paciente, la contención, el asesoramiento, mantener la confidencialidad, el trato digno, la privacidad y ellos (los objetores) generar la derivación correspondiente a un lugar donde se realice la práctica”. Ratificó que los centros de salud privados donde la totalidad de los profesionales se declaren objetores, “tienen que hacerse cargo de las costas” de las derivaciones de las pacientes.
Ruffin reconoció que hay hospitales públicos, como el Regional Vicente Agüero de Jesús María, donde todos los médicos son objetores de conciencia. Sin embargo, aclaró que “el sistema público provincial está preparado para el cumplimiento de la derivación” y se está trabajando en una red de efectores por corredor sanitario para garantizar el acceso oportuno a la práctica. De 42 hospitales públicos en todo el territorio provincial, en 35 ya está garantizada la prestación en caso de ser requerida. En algunos se han aglutinado y distribuido turnos según la cantidad de médicos que sí están dispuestos a garantizar la atención de las mujeres. Es el caso del Hospital Misericordia de nuestra ciudad que atenderá estos casos los días martes, miércoles y jueves.
El funcionario también informó que la Provincia ha decidido que haya un stock de misoprostol disponible en todas las unidades hospitalarias y Centros de Atención Primaria de la Salud dependientes de la Provincia. “Se irá reponiendo a medida que se vaya usando”, aseguró.
Sector privado. En Córdoba hay instituciones privadas que informaron que derivarán a las pacientes que requieran una práctica abortiva. El primero en dar a conocer su postura fue el Hospital Privado, uno de los centros más importantes del interior del país. Se sumó la Clínica Reina Fabiola, que depende de la Universidad Católica de Córdoba. Y, en el interior, el Instituto Médico Río Cuarto también comunicó la misma decisión. Como la ley de IVE no contempla la objeción de conciencia institucional, aquellas clínicas o sanatorios que no tengan personal médico disponible para realizar abortos deben aceitar mecanismos de asesoramiento y derivación inmediata, en el plazo de los 10 días que fija la ley.
