Un simple recorrido por los pasillos y oficinas de los Tribunales Provinciales huelga para escuchar durísimas críticas al proyecto del oficialismo que creará la Procuración Penitenciaria, una nueva superestructura en el Poder Judicial. Las advertencias son: que la iniciativa es un “dislate” y un “desatino”.
Hay varias razones que explican ambos términos: la superestructura que se creará no nada tiene que ver con las recomendaciones del Comité Nacional de la Tortura, cuyo último informe sobre la situación de encierro en cárceles y centros para jóvenes en conflicto con la ley penal, se publicó en 2022. Y otras se vinculan al contexto actual, la crisis de la Caja de Jubilaciones de Córdoba donde la solución parece echar mano de los sueldos de los estatales aumentando los aportes.
Si bien las suculentas jubilaciones de magistrados -a la que accederán el nuevo procurador General y sus cuatro Adjuntos- no son la causa eficiente del desequilibrio de la caja previsional, el desatino es que se habilite una superestructura con sueldos millonarios, mientras los trabajadores tendrán que pagar más aportes de sus bolsillos.
Los cinco nuevos funcionarios tendrán un salario mensual de bolsillo de $12 millones cada uno, equivalente a lo que hoy percibe un vocal del Tribunal Superior de Justicia.
Tratamiento exprés
Pero se suman otros cuestionamientos. Mientras a la iniciativa se le imprime un tratamiento en tiempo récord, siguen en lista de espera desde hace más de dos meses los pliegos de los fiscales de flagrancias.
Esa omisión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura demora sin explicación una de las reformas más profundas del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial en los últimos años, que tendrá efecto -se presume beneficioso- sobre el sistema carcelario. Al protocolizarse el tratamiento de detenidos en flagrancias se abrirá un menú de alternativas para reparar el daño causado y evitar el encierro, cuando la gravedad del hecho lo permita. Aliviará la superpoblación en los penales.
La comisión encabezada por Bernardo Knispcheer llamó en los últimos días a tres postulantes para fiscalías, pero son de territorio, no de flagrancias. Los pliegos que siguen esperando desde el 2 de octubre son los de Federico Rivas, Alberto Falcón, Mónica Barbero, Helio Olmos, Esilda Archilla y Esteban Grand Grundy.
A tal punto llegó la tensión, que hay un pedido de audiencia del Tribunal Superior de Justicia al presidente de la comisión.
Por su parte la Asociación de Magistrados también emitió un pronunciamiento expresando "preocupación" porque la iniciativa legislativa merecería mayor discusión sobre su oportunidad y pertinencia.
Nada que ver con la recomendación del Comité contra la Tortura 2022
El “disparate” señalado por altos funcionarios del Poder Judicial radica, además, en el diseño que se le da a la Procuración Penitenciaria. No cumple con la recomendación que realizó en su última inspección a la Provincia de Córdoba el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura en el año 2022.
En esa oportunidad sugirió, como lo indica la ley nacional, “crear Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura”. Renglón seguido, el informe estableció los requisitos mínimos: “independencia funcional y autarquía financiera; publicidad y participación efectiva de la sociedad civil en el proceso de creación o designación; diseño institucional que asegure la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el funcionamiento del/los mecanismos locales y el respeto de los principios de equidad de género, no discriminación y la multidisciplinariedad en su composición”.
En la iniciativa cordobesa no hay participación de la sociedad civil ni multidisciplinariedad en su composición. Y los procuradores serán todos abogados porque es el requisito exigido, además de formación en Derechos Humanos.
¿Cargos con nombre propio?
El fin de semana pasado, apenas el proyecto de ley tomó vuelo en la Legislatura, comenzaron a circular nombres para los posibles futuros procuradores generales.
Este medio recogió versiones sobre dos nombres y sus razones.
La postulación del juez de Control Rubén Carlos Lezcano como sucesor de Juan Manuel Delgado al frente de la Fiscalía General, habría dejado “enojadísimo” al Adjunto, Alejandro Pérez Moreno. Su incorporación a la cabeza del Ministerio Público Fiscal, meses atrás, se leyó como una sucesión natural de Delgado. Sin embargo, las críticas que esbozó en un ámbito académico a líneas de acción de fiscales de Instrucción, se convirtieron en un boomerang que cayó pésimo en El Panal. Por eso el postulado fue Lezcano. Para menguar el disgusto -señala esta versión- se pensó para Pérez Moreno un nuevo destino: la Procuración Penitenciaria.
Hay otro nombre en danzas: el abogado penalista Ricardo Moreno. Dicen que sería una forma del “cordobesismo” de gestionar acuerdos con sectores del peronismo.
No es la primera vez que aparece vinculado a la cárcel. Memoriosos recuerdan que en el motín del 2008, a dos meses de la asunción de Juan Schiaretti como gobernador se desató una crisis en la cárcel de Encausados que hizo temer episodios sangrientos como los que se habían vivido en 2005 en la Penitenciaría de barrio San Martín. El motín, con guardiacárceles como rehenes y el despertar de la iniciativa para constituir un gremio que los aglutine, vio una salida a través de un plan para “humanizar” las cárceles, con participación de quienes eran rectores de las principales universidades en Córdoba
Fue en aquella oportunidad donde -según recuerdan protagonistas de ese momento- Ricardo Moreno se postuló como nuevo secretario de Gestión Penitenciaria. La iniciativa no prosperó. Hoy su nombre resurge vinculado al organismo que está a punto de crearse.
El tiempo dirá si se alguno de esos rumores se concretan.
Qué dice el dictamen de mayoría
Ayer miércoles las comisiones de Seguridad, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General suscribieron el despacho de mayoría. Los principales puntos son los siguientes:
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Crea la Procuración Penitenciaria de la Provincia de Córdoba dentro del Poder Judicial, con autonomía funcional.
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Su objetivo es la tutela, promoción y protección de los derechos de todas las personas privadas de libertad bajo jurisdicción provincial, en cualquier tipo de establecimiento. Cárceles y centros de alojamiento de menores en conflicto con la ley penal.
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Está integrada por: un Procurador Penitenciario General, cuatro Adjuntos y dos secretarios técnicos, designados por el Ejecutivo con acuerdos e la Unicameral.
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Son cargos inamovibles y vitalicios.Las remuneraciones se equiparan a cargos judiciales (Vocal TSJ, Defensor General, Juez de Primera Instancia).
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Su función puede sintetizarse en emitir recomendaciones, solicita informes, entrevistas a personas detenidas; requerir medidas urgentes; promover acciones judiciales, actuar como amicus curiae y elaborar el Informe Técnico Anual.
