En medio de un contexto de crisis de la Caja de Jubilaciones y el fogoneo de la declaración de emergencia, sumado al rechazo de los estatales por la suba –de hasta un 4%- en los aportes personales, el arco opositor salió con los tapones de punta al denunciar "una nueva casta judicial" que se creará el PJ con la estructura de la Procuración Penitenciaria. En el oficialismo echa por tierra la acusación y defiende la iniciativa de Nadia Fernández que tiene la venia del poder llaryorista.
En el debate en el plenario de comisiones, que por momentos produjo algunos chispazos, el más potente entre Walter Nostrala y Matías Chamorro, y pese a la cerrada negativa del arco opositor, el oficialismo emitió despacho de mayoría del proyecto de ley por el cual se crea la Procuración Penitenciaria de la provincia en el ámbito del Poder Judicial. Dicho organismo tendrá por objeto la tutela, promoción y protección de los derechos y garantías de toda persona detenida o privada de libertad en jurisdicción provincial. La iniciativa oficialista será el eje central de la batalla discursiva con la oposición en la sesión de este jueves. El PJ tiene los votos para avanzar en su aprobación.
En el marco de sus funciones, la Procuración estará facultada para llevar adelante inspecciones y monitoreo en establecimientos penitenciarios, complejos carcelarios, alcaidías, centros socioeducativos para adolescentes en conflicto con la ley penal y/o cualquier otro dispositivo de detención o privación de la libertad.
La Caja de Jubilaciones de Córdoba “esta quebrada” pero paga haberes de 14.000.000 de pesos
Además, podrá formular recomendaciones, requerimientos o propuestas de alcance particular o general a organismos o reparticiones del estado, para la tutela, prevención y protección derechos individuales o de incidencia colectiva de personas privadas de la libertad.
Según Fernández, este proyecto "viene a fortalecer la arquitectura en materia de seguridad y gestión penitenciaria en la provincia". En la oposición sostienen lo contrario. La artillería pesada cambiemista se concentra en los nuevos cargos vitalicios, con sueldos equiparables al de la cúpula judicial y con jubilaciones de privilegio, que se crean con esta nueva estructura. "Una nueva casta" o "Más casta", coincidieron en sus críticas radicales, juecistas y el vecinalista Rodrigo Agrelo.
En la previa, en comisión, afloró el fuego cruzado entre los halcones opositores y las espadas oficialistas al chocar posiciones por la ley que se apresta a aprobar el peronismo y sus aliados. No sólo hubo intercambio de argumentos sino también duras críticas y chicanas que calentaron el ambiente. La oposición adelantó su rechazo categórico.
La Caja de Jubilaciones de Córdoba “esta quebrada” pero paga haberes de 14.000.000 de pesos
Halcones al ataque
"¿No estamos en emergencia?", lanzó Nostrala al cargar duro contra el gobierno provincial por los siete cargos de cúpula -eran cinco en el proyecto original- que demandará este organismo con autonomía funcional que estará bajo la órbita del Poder Judicial. "Les piden un esfuerzo a los jubilados e inventan estos cargos para pagarles fortuna a cuatro o cinco", cuestionó.
Al expresar el rechazo del Frente Cívico, el halcón juecista calificó como "una vergüenza" la estructura que piensan montar con esta ley. “Achiquen”, insistió en su reclamo al corazón del poder llaryorista para que aplique motosierra en el organigrama de la gestión peronista. "Hace 27 años que el gobierno no puede resolver el problema de la Caja. Cada vez lo profundizan más. Y, ahora, resulta ser que nos caen acá con esto y esto es innegociable. Esto es una vergüenza", fustigó.
Desde la UCR, Brenda Austin también apuntó los cañones contra el PJ. La iniciativa "no busca resolver las violaciones de derechos humanos en las cárceles de Córdoba, sino crear una estructura paralela para seguir acumulando poder en el Poder Judicial", abrió fuego.
La radical advirtió que la norma que aprobará el oficialismo establece cargos vitalicios, jubilaciones de privilegio, salarios equiparables a los de un vocal del Tribunal Superior de Justicia, y un mecanismo de designación "sin transparencia ni controles democráticos", ya que será nombrado a sola propuesta del gobernador y con mayoría simple, sin audiencia pública.
Su par de bancada, Alejandra Ferrero denunció que se está creando "una casta judicial paralela" y arremetió duro: "Se ve que no les alcanzan todas las castas que tienen". "Es tan vergonzoso cuando no alcanza (en alusión a la crisis de la Caja) que quieran otorgar jubilaciones de privilegio y cargos de máximo rango salarial para un organismo que va a hacer recomendaciones", vapuleó la deloredista.
Agrelo fue otro de los halcones que desplegó su dura crítica antes de protagonizar su última sesión a raíz de su pedido de licencia por un año para rotar la banca con Gerardo Grosso. "Esto se parece mucho a las fiscalías anticorrupción", afirmó el opositor. "Tienen un título alto, pero a la hora de actuar lo último que hacen es perseguir la corrupción", pegó.
Al igual que Ferrero, el vecinalista apuntó contra la gestión del PJ por tener las "prioridades invertidas". Y, en ese plano, acusó al peronismo en el poder de "ir a contramano" de lo que demanda la gente. "Hay un divorcio entre el poder y la sociedad", reprochó. Tras manifestar su negativa, fue más allá. Le enrostró al peronismo estar creando "jubilaciones de privilegio" y habló de "trenza institucional" en donde "todos están cubriendo la espalda uno con otro".
El radical Alfredo Nigro habló de gatopardismo. "Nada cambia", alegó el parlamentario y sentenció: "Están construyendo una casta a la cordobesa". Fue un tiro directo al poder que habita el Centro Cívico. "Esto es un proyecto inviable. No tiene pie ni cabeza", opinó por su parte la juecista Nancy Almada.
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Defensa oficialista
La autora de la iniciativa fue la encargada de salir al cruce de la embestida opositora. Fernández buscó echar por tierra las críticas del halconismo opositor al defender la "inamovilidad" en los cargos y el régimen laboral, salarial y previsional aplicable a los funcionarios de la Procuración Penitenciaria para garantizar "la independencia".
"La inamovilidad no me parece un privilegio. Menos para estas características” de funcionarios que, según sus funciones, deberán supervisar, controlar y "proteger los derechos de las personas privadas de la libertad" en los establecimientos carcelarios de Córdoba, dijo la espada oficialista.
En su contragolpe, Fernández advirtió que "la cuestión de fondo no es la estructura y la cantidad de cargos" como lo plantea la oposición, sino -a su criterio- resulta "imperioso" una institución de estas características y con funcionarios que cumplan los requisitos y las obligaciones que marca la ley.
En medio de la avanzada opositora, Austin lanzó el nombre de Ricardo Moreno quién sería el futuro titular de este nuevo organismo. Así, la UCR buscó pinchar el nombramiento, pero desde el oficialismo negaron tal versión. "Nada da que ver", aportó una voz peronista. Habrá que ver, llegado el momento, las designaciones que proponga el Ejecutivo. De todos modos, los cambiemistas ya advirtieron que estos cargos son "un traje a medida" y la radical Ariela Szpanin completó: "Seguramente ya tienen nombre y apellido".
En su réplica, Fernández remarcó que este nuevo organismo "no lo hacemos para crear cargos", y aseveró que esta institución "viene a cumplir con estándares internacionales". Fue en respuesta a la áspera discusión en torno a que Córdoba no cuentan con un mecanismo local de prevención de la tortura.
La oposición también embistió duro al tener a la anterior cúpula del servicio penitenciario presa por "corrupción". Agrelo y los halcones radicales hicieron foco en la situación del exjefe del Servicio Penitenciario de Córdoba, Juan María Bouvier, que incomoda al oficialismo. Al cruzarlo al vecinalista, la vicepresidenta de la cámara le recordó que "fue el Poder Ejecutivo el que hizo la denuncia".
Por último, Fernández destacó que la iniciativa busca dotar a la Procuración Penitenciaria de suficiente fuerza y autonomía de actuación para mejorar las condiciones de funcionamiento de los establecimientos penitenciarios. En este sentido, señaló que se incluyeron "facultades para, por ejemplo, formular denuncias penales o hábeas corpus sobre actos, hechos u omisiones que pudieran constituir delitos de acción pública en contextos de privación de libertad".
La UCR rechazó el proyecto oficialista y propuso un despacho alternativo que fija un mecanismo local de prevención de la tortura con independencia real, participación de los tres poderes, de la sociedad civil y de las universidades, y sin privilegios especiales. "Nosotros proponemos un comité verdadero, no un levantamano del Ejecutivo", cerró Austin.
