El transporte de pasajeros en Córdoba atraviesa un momento complejo. Mientras la atención pública se concentra en los colectivos —tras la rescisión del contrato a la empresa FAM y el plan de contingencia activado por la Municipalidad— otro conflicto sigue creciendo en las calles: la convivencia entre taxis, remises y autos particulares que trabajan con aplicaciones de movilidad.
Eduardo Ramírez, subsecretario de Movilidad y Tránsito de la Municipalidad, aseguró días atrás que son más de mil los conductores y vehículos que se inscribieron en el registro creado por la ordenanza Nº 13.549, que regula el funcionamiento de las aplicaciones de transporte en la ciudad de Córdoba, a más de cuatro meses de su habilitación. ¿Muchos o pocos? Eso depende. Los taxistas estiman que, en este marzo, hasta 25.000 autos podrían estar circulando en Córdoba a través de plataformas sin cumplir con las exigencias establecidas por la ordenanza.
Más allá de las cifras que maneja cada sector, la distancia entre los conductores registrados y las estimaciones sobre el tamaño real del mercado expone un problema evidente. Si el universo de trabajadores que hoy manejan para plataformas se acerca a los números que denuncian los taxistas, formalizar la actividad será una tarea muy compleja.
“Recuerdo que advertimos que iban a ser muy pocos los que se inscribieran, porque la mayoría de los vehículos que estaban en el servicio de las aplicaciones tenían mucho más de 10 años de antigüedad y no iban a poder sumarse a este régimen. El tiempo nos dio la razón”, le dijo a Perfil Córdoba la concejal Graciela Villata del Frente Cívico.
En efecto, la normativa establece que los autos deberán tener una antigüedad no superior a 10 años, entre otras condiciones. Pero el parque automotor de las plataformas muestra una realidad muy diferente. De allí surge una de las principales dificultades para enfrentar el registro por parte de conductores que encontraron en las apps una posibilidad rápida de recuperar ingresos en este contexto de creciente recesión y desocupación.
Lo cierto es que las plataformas de transporte —entre ellas Uber, Cabify y DiDi— se expandieron de manera acelerada en los últimos años y con mayor intensidad en los últimos meses. Lo que empezó como una alternativa marginal hoy forma parte del paisaje cotidiano del tránsito urbano.
Objetivos
Cuando el Concejo Deliberante de Córdoba aprobó la ordenanza, el objetivo fue poner orden en una actividad que durante años funcionó en una zona gris entre la informalidad y la tolerancia estatal. La normativa estableció la creación de un registro municipal obligatorio, exigencias de licencia profesional, seguros específicos y condiciones técnicas para los vehículos que prestan servicio mediante plataformas digitales.
Durante su tratamiento, uno de los puntos más discutidos fue la posibilidad de establecer un cupo máximo de vehículos habilitados para trabajar con plataformas digitales.
Algunos proyectos planteaban un sistema similar al que rige para taxis y remises, con una proporción de licencias por cantidad de habitantes. Para Córdoba, ese esquema habría implicado un universo cercano a los 4.000 autos habilitados.
La propuesta generó fuertes debates. Mientras el sector taxista consideraba que un límite era necesario para evitar una expansión excesiva del sistema, las empresas tecnológicas y algunos concejales advertían que un cupo podía expulsar del mercado a miles de conductores que ya estaban trabajando con aplicaciones.
Finalmente, esa alternativa fue descartada durante la discusión legislativa y la ordenanza aprobada no fijó límites en la cantidad de vehículos que pueden operar con plataformas, concentrándose en establecer requisitos de registro y condiciones de funcionamiento para conductores y empresas.
Sin embargo, la tensión entre regulación y realidad volvió a quedar expuesta hace algunos días, cuando taxistas se movilizaron frente al Palacio 6 de Julio para reclamar mayores controles sobre los vehículos que trabajan con aplicaciones.
“Nosotros, en su momento, peticionamos que también se discutiera un nuevo marco que regule a taxis y remises, para que las condiciones fueran similares y no se perjudicara un sistema que puede parecer obsoleto, pero que todavía sigue existiendo. De esa manera, evitábamos esta lucha de trabajadores contra trabajadores. Nos dijeron que próximamente iban a mandar algo al respecto (para debatir en el recinto del Concejo Deliberante), pero mirá el tiempo que transcurrió y no mandaron absolutamente nada. No se puede vivir haciendo parches. Se tenía que tratar todo en conjunto porque son transportes similares”, apuntó Villata.
Desde el municipio defendieron la política de controles. Ramírez señaló que los operativos de fiscalización se intensificaron y advirtió que los vehículos que operen mediante aplicaciones sin estar registrados pueden ser retirados de circulación.
La dura realidad
La magnitud del fenómeno no sólo se explica por la expansión tecnológica de las aplicaciones, sino también por el contexto económico en el que se consolidaron. El crecimiento de las plataformas coincide con un mercado laboral cada vez más fragmentado. Según los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la tasa de desocupación en el aglomerado Gran Córdoba fue del 7,4% en el tercer trimestre de 2025 (último dato oficial disponible).
Pero el dato que mejor refleja la fragilidad del empleo es otro: el 29,3% de los trabajadores ocupados busca otro trabajo
En otras palabras, casi tres de cada 10 cordobeses que ya tienen empleo necesitan generar ingresos adicionales o mejorar sus condiciones laborales. Si a ese grupo se suman los desocupados y los subocupados —personas que trabajan menos horas de las que desean— el resultado es aún más significativo: el 45,1% de la población económicamente activa del Gran Córdoba enfrenta algún tipo de dificultad de inserción laboral.
Ese dato revela un cambio silencioso en la estructura del trabajo urbano. Las aplicaciones ya no funcionan sólo como refugio para quienes quedaron fuera del mercado laboral formal. Cada vez más trabajadores las utilizan como un segundo empleo. El propio municipio reconoce esa dinámica. Según explicó Ramírez, existen conductores que utilizan las plataformas apenas dos o tres horas por día para obtener un ingreso extra.
La regulación municipal intenta establecer reglas claras para una actividad que ya forma parte del sistema de movilidad urbana. Sin embargo, la implementación de esas reglas enfrenta un dilema evidente: endurecer los controles o limitar el número de conductores puede contribuir a ordenar el sistema y responder a los reclamos del transporte tradicional; pero, al mismo tiempo, implica restringir una fuente de ingresos que hoy utilizan miles de trabajadores para sostener su economía cotidiana.
