Un 16,52% de las deudas que 11 empresas de energía del interior tienen con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) se los debe la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec).
Son $2.509 millones que la mayorista computó hasta el 15 de mayo y, ahora, estaría dispuesta a reclamar por la vía judicial.
La historia detrás del endeudamiento de Epec con Cammesa refleja una serie de interrogantes que se hicieron públicos el año pasado, pero estallan ahora que el mercado mayorista busca poner en orden sus cuentas.
Para esclarecer la secuencia de hechos y decisiones que se tomaron, es necesario recordar que Epec había dejado de pagar en 2012 la energía que le compra a Cammesa, en el marco del enfrentamiento político que mantuvo el exgobernador De la Sota con la gestión de Cristina Kirchner por la coparticipación de impuestos.
Como resultado, Epec había acumulado un endeudamiento por $6.153 millones, que con la llegada del gobierno de Macri se redujo ostensiblemente, dado que la Nación le condonó $5.429 millones (el monto figura en el Presupuesto nacional 2017).
Así las cosas, Epec habría arrancado la nueva relación con Cammesa una deuda de $724 millones. Estos compromisos, lejos de solventarse a lo largo de 2017, tomaron nuevamente carrera alcista, a punto tal que en julio del año pasado la empresa decidió endeudarse por US$100 millones.
"Los ingresos serán destinados a repagar la deuda existente con el administrador de mercado Mayorista, Cammesa, y a financiar las necesidades de capital de trabajo”, explicó en ese momento Moody´s, al dar una calificación de B3/Baa2.ar al bono respectivo. En el Balance cerrado a iciembre de 2017, Epec registró esta operación bajo el ítem “Financiamiento Bono Cammesa” por la suma de $2.104,23 millones.
Aunque el dinero, en teoría, estaba disponible para resolver los pendientes con el Mercado Mayorista, la deuda se volvió a convertir en una mochila de $2.509 millones hasta mediados de mayo de 2018. De acuerdo a algunas fuentes consultadas “serían el equivalente a unos tres meses impagos”.
El viernes último, y con el fin de evitar que este tema derive en un nuevo frente de crisis, Epec echó mano a $200 millones que le cedió el Tesoro provincial en concepto de “pago de tarifa social” y se los mandó a Cammesa. Esto habría dejado el rojo en $2.309 millones, un volumen que excede todavía la deuda que se tomó el año pasado y por la que la empresa deberá pagar una tasa del 7% por los próximos cuatro años.
Como lo dijo Moody´s y lo explicitó la propia Epec cuando se lanzó aquel bono en dólares, una parte debía destinarse a “capital de trabajo”. Lo cierto es que este viernes, el presidente de la empresa, Luis Giovine, reconoció en diálogo con Cadena 3 que los “sistemas informáticos están totalmente desactualizados” y ello les dificultará, nada más ni nada menos, que recibir la información de los 20 mil medidores automatizados que pretenden instalar hasta fin de año y de los cuales dependen las futuras facturaciones. Solo esos medidores testigo (2,2% del total que habría que instalar) significan una inversión de US$2,6 millones.
A la par de estas inversiones en infraestructura, que ahora se vuelven imprescindibles para sostener los ingresos, Epec comenzó el desmantelamiento de la mitad de los centros de atención al cliente, que habían demandado $200 millones de inversión. Esta estrategia incluía cinco años de desarrollo pero se descartó al segundo de su instrumentación.
En medio de estas marchas y contramarchas, le empresa busca salvar la recaudación de mayo que viene con $800 millones de atraso al replicar los consumos de mayo del año pasado, cuando el servicio se facturaba bimestralmente. Ese es un punto que complicará los cálculos y abrirá conflictos, porque las redeterminaciones por encima del 5% son pasibles de multas. Giovine pidió “paciencia” a los usuarios, que soportarán un incremento del 8% en la tarifa hasta fin de año.
Estos desaciertos en la gestión han agudizado la crisis de la empresa, que como advierte Moody´s “ha tenido como fuentes principales de liquidez externa préstamos periódicos y contribuciones de capital del Tesoro provincial, facilidades de crédito del propio banco de la Provincia y retraso en los pagos a Cammesa”. Esto último, probablemente, llegó a su fin.
LA SOMBRA DE LA INTERVENCION
La semana que inicia sumará un punto de tensión a la situación de EPEC. Los legisladores Javier Bee Sellares (UCR) y Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico) presentarían formalmente el pedido de intervención de la empresa, amparados en el artículo 60 del Estatuto Orgánico de EPEC, que sostiene: “Cuando se comprobaran irregularidades graves en la administración de su patrimonio y recursos financieros o, cuando el servicio se encuentre seriamente afectado por razones imputables a una defectuosa gestión, la empresa podrá ser intervenida por el Poder Ejecutivo, por disposición tomada en acuerdo de Ministros, la que durará un plazo máximo de un año”.
Según el legislador Quinteros es “fundamental que la empresa acepte abrir sus números y, como cuando ocurre una enfermedad, admitir el diagnóstico, para a partir de allí empezar a tomar las mejores decisiones”. Según Quinteros, una intervención “evitaría que la aparente paralización en la que cayó la conducción de la empresa agrave su situación, y ponga en riesgo la prestación del servicio en meses que son muy críticos desde el punto de vista climatológico”.
