Como cada año, el próximo primero de marzo asistiremos a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, la única instancia donde el Presidente se dirige al pleno de la asamblea legislativa integrada por todos sus diputados/as y senadores/as.
Hace dos años, en esa oportunidad, escuchamos las palabras del presidente Mauricio Macri invitando al Congreso a tener “un debate maduro y responsable” para abordar la problemática del aborto en Argentina.
El expresidente se animó a pronunciar una de las palabras prohibidas en el recinto hasta entonces: “aborto”. Habilitó, de ese modo, una conversación que los movimientos feministas y en especial la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto venían exigiendo en solitario desde hace años sin respuesta institucional.
Lo que siguió es algo que ya forma parte de un hito en la historia del Congreso; un debate de más de dos meses, con 700 especialistas, transmitido por streaming y seguido por miles de personas en cada pueblo y ciudad de Argentina.
Como pocas veces en la historia, se produjo una discusión que permeó todas las esferas sociales, todos los rincones del país. Se dio un verdadero proceso de cultura cívica y democrática: a favor o en contra todos/ as asumimos nuestro rol de ciudadanos comprometidos con la política y lo político / la cosa pública. Un proceso de mucha riqueza y de profundo cambio cultural.
Siempre dije que después de esa instancia Argentina no fue la misma. Sacar un tema tabú de abajo de la alfombra, trae por supuesto muchas complicaciones… Pero también es cierto que una vez que eso ocurre no podemos volver atrás.
Ya no podemos mirar hacia otro lado como si nada pasara. Tomar conciencia de que cada año cerca de 50 mil mujeres -según los registros del propio sistema de salud-, terminan hospitalizadas como consecuencia de abortos clandestinos obliga al Estado a intentar una mejor respuesta que la que hasta ahora viene dando.
El camino no es la cárcel ni la amenaza de la sanción penal, que no solo no disuaden a una mujer de avanzar con su decisión, sino que además agravan el problema.
La penalización produce la clandestinidad, una red enorme de inmorales que se aprovechan de la hipocresía que reina y cobran fortunas por aquello que el Estado niega y que golpea de manera desigual a las mujeres según los recursos que tengan para realizarlo.
Junto a ello convive la valentía de la red de profesionales por el derecho a decidir que, amparándose en los marcos normativos actuales, pelean dentro del sistema de salud para garantizar el acceso a la salud.
Esa película es la que no se detuvo después del rechazo en el Senado de la Nación. Nadie salvó ninguna vida, solo siguió el drama del aborto clandestino y la ruleta rusa en la sien de las mujeres.
A pocos días del inicio de un nuevo debate y con un Presidente que anticipa su posición favorable a la legalización y despenalización, asistimos con expectativa a la apertura del año parlamentario.
En la antesala y augurando lo que viene, este miércoles pasado, miles de personas se movilizaron en un grito masivo por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito recordando aquel enorme pañuelazo del 19 de febrero de 2018 que dio inicio al debate parlamentario.
Una bandera que trasciende partidos, provincias, sectores, que trasciende incluso a las propias familias. Es tiempo que el Congreso de un paso más en el reconocimiento de derechos. Como lo ha hecho a lo largo de su historia, a veces siendo pionero y en otras yendo detrás del mundo. Fuimos los primeros en tener una ley de cupo femenino, y casi los últimos en tener una ley de divorcio vincular. Lo cierto es que tarde o temprano Argentina siempre avanzó en la dirección correcta: la ampliación de las libertades, el reconocimiento de derechos.
La fuerza del proyecto está en las calles, en la enorme legitimidad y transversalidad de la campaña y en una historia de lucha que nos trasciende.
Es tiempo de abrir camino a una política pública integral que responda ante la realidad del aborto con el acompañamiento del Estado, con el respeto a la autonomía de las mujeres, con el fortalecimiento de la educación sexual integral y la garantía en la provisión de métodos anticonceptivos.
Debemos dar vuelta la página y dejar atrás casi un siglo de mirada punitiva que solo ha agravado el problema. Es tiempo de diálogo, de escucha, de construcción, pero también de reconocer el camino que nos trajo hasta acá. Es tiempo de que sea ley.
Brenda Austin es diputada nacional por Córdoba
