“Es una ley que da herramientas para identificar desigualdades de género”

La abogada feminista de Fundeps, Mayca Balaguer, cuestionó el posicionamiento de Soria respecto a la Ley Micaela y a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, expresado en un correo de lectores publicado en octubre del año pasado y una columna de opinión de este año.

“Es preocupante que un funcionario judicial se pronuncie abiertamente en contra de participar de las capacitaciones en cuestiones de género que prevé la Ley Micaela para todas las personas que trabajan en el sector público. Lejos de la idea de ‘adoctrinamiento ideológico’ con la que los sectores más conservadores asocian a esta ley, se trata de una norma que afianza la justicia, porque brinda herramientas que permiten identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias para su erradicación”, opinó Mayca Balaguer, abogada de la UNC y especialista en género y derechos humanos de las mujeres y la diversidad sexual.

La letrada admitió que capacitaciones deben complementarse con otras políticas públicas que deconstruyan los sentidos comunes en los que se sustenta esa desigualdad. Sin embargo –dijo– “se trata de una ley que contribuye con el cumplimiento de los compromisos de derechos humanos asumidos por el Estado argentino”.

Sobre la opinión del juez respecto a la ley del aborto, Balaguer indicó que “también son alarmantes sus expresiones falaces respecto de la ley de IVE y su supuesta nulidad constitucional”. “Se trata de una ley que atravesó dos largos debates parlamentarios en el 2018 y en el 2020, en los que muchos constitucionalistas expusieron frente a ambas Cámaras del Congreso respecto de la constitucionalidad y convencionalidad de la ley”, subrayó.

Indicó que la posibilidad de interrumpir el embarazo en determinados casos (ya sea por causales o hasta cierto plazo) es perfectamente compatible con la protección constitucional del derecho a la vida. De hecho, es la propia ley la que prevé una solución para esta coalición de derechos: se prioriza el derecho a vivir una vida digna y libre de violencias, a la salud, a la autonomía y a la libertad de las personas gestantes, solo hasta la semana 14 de gestación, o cuando se configura una causal.

“Y para el resto de los casos, se prioriza el derecho a la vida, porque el aborto continúa siendo punible. Decir que la ley de IVE es inconstitucional es faltar el respeto a las instituciones democráticas y es crear sentidos jurídicos erróneos, lo cual repercute negativamente en el acceso al derecho”, sentenció.