La Municipalidad de Mendiolaza denunció penalmente a un empleado de la Dirección de Tránsito, acusado de liderar una millonaria estafa en la emisión de licencias de conducir. La maniobra, que se habría gestado desde 2015, consistía en falsear el domicilio de los solicitantes para que pudieran obtener el registro de manera exprés.
Según la intendenta Adela Arning, la irregularidad se detectó a partir de una serie de controles internos y verificaciones administrativas. La investigación interna arrojó que en lo que va de 2025, más de 50 personas no residentes en la localidad habrían declarado vivir en un mismo domicilio, que corresponde al empleado municipal Cristian Pablo Heredia, conocido como “Pino”.
La dirección en cuestión es calle seis esquina 16. A su vez, se detectaron al menos otros diez domicilios que se utilizaban con el mismo propósito. El funcionario, delegado de ATE, ya fue denunciado penalmente y se solicitó la exclusión de su tutela sindical para iniciar un sumario administrativo, independientemente de lo que resuelva la Justicia.
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Arning, en un comunicado de prensa, remarcó que el fraude no solo afecta a la entrega de licencias, sino también a la “certeza del padrón electoral”, ya que las personas que cambiaban su domicilio de manera fraudulenta pasaban a ser consideradas ciudadanos de Mendiolaza. En ese sentido, destacó: “Esta maniobra no sólo afecta a la entrega de licencias, sino también a la certeza del padrón electoral. Es un daño directo a la integridad institucional”.
Asimismo, la jefa comunal señaló que “gracias a controles internos y verificaciones administrativas que pudimos detectar esta maniobra. No fue un hallazgo casual, sino el resultado del orden interno que propusimos desde el comienzo de la gestión”.
En esa misma línea, afirmó que “no descartamos que este proceder haya tenido otros fines, y por eso pedimos que la Justicia investigue a fondo”. La información proporcionada detalla que la situación era “sumamente inusual”, con exámenes de conducir que “daban siempre un porcentaje de aprobación del 90%”.
Se entregaban carnets para manejo particular y profesional de vehículos pesados, lo que abre un abanico de sospechas sobre la seguridad vial. La Municipalidad ratificó su “política de tolerancia cero frente a la corrupción” y aseguró que actuará “con firmeza” para esclarecer el hecho.
